La Justicia ordenó un nuevo control de acusación en la causa que investiga un desvío de fondos de Desarrollo Social a cooperativas de trabajo durante la gestión de Omar Gutiérrez. Cómo sigue el proceso.
La Justicia de Neuquén declaró nula la audiencia de control de acusación de la causa Viento Sur en la que se había decidido llevar a juicio solo al titular de la cooperativa y no a los exfuncionarios de Omar Gutiérrez. El Tribunal de Impugnación consideró que la jueza a cargo de esa instancia se excedió en los límites de su intervención, valoró evidencia que debía discutirse en un juicio y tomó decisiones que afectaron el ejercicio de la acción penal.
La declaración de nulidad llegó a partir de un pedido de la fiscal del caso Rocío Rivero y del fiscal jefe Pablo Vignaroli. Al considerar nula la resolución, la Justicia solicitó que se realice una nueva audiencia ante otro juez de garantías, por lo que se descartó la posición tomada por la jueza de garantías Natalia Pelosso el último 5 de octubre.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal habían cuestionado un conjunto de resoluciones de la magistrada que modificaron el alcance de la acusación. Entre ellas, la jueza declaró parcialmente nulo el requerimiento fiscal y sobreseyó a los exfuncionarios Orlando Abel Di Luca y Germán Chapino; modificó las calificaciones y los grados de participación atribuidos a otras personas imputadas; concedió suspensiones de juicio a prueba pese a la oposición de la fiscalía y excluyó a una testigo que el MPF consideró central para acreditar el funcionamiento interno de la cooperativa Viento Sur y el rol de quienes tomaban las decisiones.
Ante el Tribunal de Impugnación, Rivero explicó que esas decisiones de la jueza produjeron un daño imposible de reparar después, y que afectaron la autonomía de la Fiscalía y la continuidad del proceso en los términos en que había comenzado.
"Es una bolsa de gatos", había dicho la jueza Pelosso en referencia a cómo se armó la acusación por parte del Ministerio Público Fiscal. Sostuvo que ese dinero fue a parar a los bolsillos de los más humildes, y que nadie se enriqueció con la supuesta maniobra.
Además, indicó que no hubo connivencia entre la cooperativa y los funcionarios públicos, y aclaró que los exministros solo refrendaron el decreto 1672/22 que creaba el programa de capacitación, pero que la voluntad política era del gobernador. En este caso de Gutiérrez, que nunca fue imputado, y hasta la fiscalía consideró que no tenía pruebas para hacerlo.
Es decir, que la causa por el desvío de fondos de capacitación quedó reducida a su mínima expresión. Pelosso cerró la audiencia de control de acusación con una resolución que dejó fuera del proceso a los exministros, sobreseyó parcialmente a varios imputados, concedió la suspensión del juicio a prueba a otros y envió a debate únicamente a Mauro, señalado como referente de la cooperativa.
Por su parte, Vignaroli sostuvo que el Código Procesal Penal establece límites para la audiencia de control de acusación, donde solo pueden discutirse cuestiones vinculadas con la admisibilidad y legalidad de la prueba, pero no resolver aspectos que corresponden al juicio.
En ese punto, cuestionó que la jueza tomara como base las explicaciones de las defensas y elementos exhibidos durante la audiencia para concluir que la acusación no tenía sustento suficiente.
También objetó que Pelosso descartó la coautoría y la participación necesaria planteadas por el MPF y, a partir de esas modificaciones, concedió suspensiones de juicio a prueba cuando, justamente, la fiscalía había rechazado esas salidas alternativas debido a la gravedad de los hechos investigados: se trata de una maniobra de presunta corrupción que provocó un perjuicio económico para el Estado.
Otro de los agravios estuvo relacionado con la exclusión de una testigo central para la teoría del caso del MPF. Vignaroli explicó que su declaración era relevante para reconstruir cómo se administraba la cooperativa y quiénes tenían poder de decisión. Afirmó que la jueza impidió que esa información llegue al juicio y que, en esas condiciones, la fiscalía no contaría con los elementos necesarios para acreditar la participación del único imputado que habilitó.
La impugnación contó con la adhesión de la Fiscalía de Estado, representada por el querellante institucional Gustavo Kohon.
Al fundamentar el voto mayoritario, la jueza Estefanía Sauli consideró que durante el control de acusación se produjo “un exceso en las facultades” previstas para esa instancia. Sostuvo que la magistrada valoró evidencia controvertida, modificó los grados de participación de las personas imputadas y tomó decisiones que requerían un debate propio del juicio, en el que deben garantizarse la inmediación y la contradicción entre las partes
El juez Federico Sommer adhirió a ese criterio y señaló, como había indicado Vignaroli, que la actividad de la jueza durante la audiencia excedió los límites que impone el Código Procesal Penal. Consideró que la jueza de garantías anticipó valoraciones sobre el mérito de la acusación que correspondían a un tribunal de juicio.
En disidencia, el juez Richard Trincheri votó por confirmar la resolución de Pelosso. Entre otros argumentos, sostuvo que la jueza no actuó de oficio, sino a partir de planteos de las defensas, y que las cuestiones vinculadas con la autoría, la participación y la suficiencia de la acusación podían ser analizadas durante la etapa intermedia.
Así, el tribunal declaró la nulidad de la resolución dictada por Pelosso el 5 de octubre y extendió esa decisión a las audiencias que la precedieron. Además, ordenó reenviar el legajo a la Oficina Judicial para que designe a otro juez o jueza de garantías y se realice nuevamente la audiencia de control de acusación.