La medida se dio en el marco de la política de "tolerancia cero" impulsada por el gobernador Rolando Figueroa. Se decidió por decreto.
En las últimas horas, el gobierno provincial neuquino concretó los despidos de otros cinco trabajadores estatales, en el marco de la política de "tolerancia cero" impulsada por el gobernador Rolando Figueroa. Todos los casos fueron por faltazos reiterados e injustificados.
A través de decretos, el Ejecutivo convalidó resoluciones del Consejo Provincial de Educación (CPE) y les impuso la sanción de cesantía a dos auxiliares de servicio que se despegaron de sus obligaciones básicas y elementales.
Uno de ellos fue identificado como Kevin Tomás Parra, quien tenía cargo de portero en el Jardín de Infantes 76 de Neuquén. Los auditores lo acusaron de haber inasistido en forma injustificada durante distintas jornadas de enero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2024.
Según consta en el expediente, prestaba funciones desde marzo de 2022 y “sus reiteradas inasistencias y actitud omisiva ante las notificaciones formales, provocaron graves problemas operativos, conflictos internos y la suspensión de clases en su sector”.
Aseguraron que el equipo directivo intentó encauzar la situación mediante reuniones y comunicaciones escritas y telefónicas, pero no hubo respuestas, pese a que le ofrecieron apoyo institucional.
El mismo destino tuvo Joaquín Andrés Maidana, quien también tenía cargo de portero en esa institución educativa de Neuquén. En su caso, por haber inasistido en forma injustificada en distintas jornadas de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2024.
Las autoridades del establecimiento afirmaron que faltaba “sin aviso ni justificación”, que los certificados médicos eran cargados fuera de término y que, por ello, no eran reconocidos.
Para colmo, “las ausencias obligaron inicialmente a distribuir las tareas del agente entre los restantes auxiliares de servicio y, posteriormente, a suspender las clases por no poder garantizarse la higiene de una de las salas”.
La purga de hace apenas un par de días, también marcó el fin de la relación laboral entre el Estado provincial neuquino y tres ahora ex agentes acusados de "ñoquis". Una de esas nuevas cesantías recayó sobre Lucas Gonzalo Cumilao, quien tenía cargo de enfermero en el Hospital “Dra. Alicia Cruz” de San Patricio del Chañar.
Los auditores dieron por acreditado que faltó de manera injustificada durante los días 3, 4, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de agosto; 1, 2, 3, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 y 24 de noviembre; y 1, 3, 14 y 15 de diciembre de 2024.
En su defensa, el estatal dijo que las inasistencias de agosto obedecieron a un incendio ocurrido en su vivienda, circunstancia que lo habría dejado sin servicios de luz y agua; y que las de noviembre y diciembre tuvieron origen en dificultades económicas para afrontar el costo del transporte hasta su lugar de trabajo. Pero “las circunstancias invocadas por el agente no fueron acreditadas mediante documentación respaldatoria ni justificadas en tiempo y forma”.
Otro de los despedidos fue Diego Raúl Esteban Ibañez, quien era planta permanente del ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos.
De acuerdo a lo expuesto en el decreto, faltó en forma injustificada a su puesto laboral durante el período comprendido entre el 2 de enero y el 31 de julio de 2024. No avisó que se había ido a vivir a Cutral Co, pero lo que quedó registrado es que “no prestó funciones, dado que nunca se presentó a trabajar desde el cambio de gestión, y no agregó justificación alguna”.
La última cesantía de esta tanda es la que recayó sobre la ahora ex agente María Virginia Rivas, quien era planta permanente del ministerio de Seguridad y faltó en forma injustificada durante el período comprendido entre el 2 de enero y el 24 de junio de 2024.
Al igual que al resto, le reclamarán que devuelva lo que cobró sin haber trabajado. Si no lo hace, le iniciarán acciones judiciales.