En el día de los ñoquis, cuatro despidos de estatales neuquinos: entre ellos, un policía que robó y un portero condenado por abuso

La tolerancia cero que puso en marcha el gobernador Rolando Figueroa tiene una semana intensa. Es que a los tres despidos por ñoquis que se hicieron efectivos el lunes, se sumaron otras cuatro cesantías, el martes. Los casos se conocieron este jueves 29, justo en el llamado “día de los ñoquis”.

Todos son casos muy graves: una agente que se quedó con dinero del Estado, otra que se fue a Chile mientras tenía licencia médica, un policía que le robó a un compañero y un estatal que fue condenado por abuso sexual.

El primero de estos nuevos cuatro castigos fue más grave que el despido ordinario. Se trata de una exoneración que recayó sobre la ahora ex agente Mabel Carlina Rastellini, quien era planta permanente de la subsecretaría de Gobierno y Justicia del ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos.

Los auditores le endilgaron conductas irregulares en el ejercicio de sus funciones, tales como “adulteración de documentación pública, percepción de sumas de dinero indebidas y la omisión de documentación pertinente”. Según se indicó al respecto, tenía cargo de oficial público dependiente de la dirección provincial de Registros Civiles y, mientras avanzaba el sumario, le aplicaron una suspensión preventiva con retención de haberes.

Así se explicó textualmente en el expediente: “De las actuaciones surge acreditado que la agente, en su carácter de oficial público del Registro Civil, celebró un matrimonio fuera de la oficina registral omitiendo deliberadamente el procedimiento legalmente previsto para ese tipo de actos, dejando de generar la correspondiente boleta mediante el sistema oficial, percibiendo el dinero por una cuenta personal de Mercado Pago y omitiendo efectuar la rendición de los aranceles que correspondían ingresar al Estado provincial”.

En otro de sus párrafos la documentación oficial expresa: “Se comprobó la existencia de graves irregularidades en la documentación respaldatoria del trámite, verificándose inconsistencias en la declaración jurada previa, omisión de los recaudos exigidos para matrimonios celebrados fuera de la sede registral, alteraciones materiales en la documentación y la falta de observancia de las formalidades establecidas por la normativa vigente para este tipo de actos públicos”.

También se señala que Rastellini admitió haber percibido dinero por fuera de los canales oficiales al manifestar lo siguiente: “Sí (...) Yo a esos chicos, lo único que les cobré fue para el taxi, yo les pedí esa suma de dinero, yo no les cobre el casamiento, solamente la movilidad para poder trasladarme al lugar del casamiento y que me espere el taxi (…)”. Del mismo modo, reconoció haber entregado una libreta perteneciente al Registro Civil y admitió la existencia de irregularidades en la confección de un acta de matrimonio.

Se señaló, asimismo, que en paralelo a las actuaciones administrativas hubo una denuncia penal en la que, al parecer, reconoció su responsabilidad por los delitos de exacciones ilegales agravadas por haber convertido en propio el provecho del ilícito y falsedad ideológica agravada, aceptando la pena acordada de dos años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y multa de 450.000 pesos.

Se fue de viaje a Chile

El segundo caso es una cesantía que alcanzó a la flamante ex agente Karina Stefanie Jaña Reyes, quien era personal de planta permanente de la dirección provincial del Registro Civil y Capacidad de las Personas del ministerio de Gobierno. Básicamente, le achacaron utilización irregular de licencia.

El sumario se lo iniciaron por haberse ausentado del territorio provincial y nacional, con destino a Chile en fechas coincidentes con períodos de licencia por largo tratamiento de salud, sin la correspondiente autorización administrativa. Los auditores dieron por probado que se ausentó el 18 de noviembre de 2023, el 30 de diciembre del mismo año y el 20 de febrero de 2024.

En el expediente consta que “de los informes de la dirección de Delegaciones Neuquén, del ministerio de Migraciones Nacional, surge que la agente efectivamente transitó por los pasos fronterizos de Pino Hachado, Paso Icalma y Paso Pichachen.

Policía le robó a un compañero

El tercer caso es la cesantía del ex cabo de Policía Francisco Andrés Pertusatti, por haber incurrido en faltas previstas tanto en el Reglamento del Régimen Disciplinario Policial como en el Reglamento de Actuaciones Administrativas Policiales. En el expediente consta que el 2 de mayo de 2025 la Comisaría 16 del Barrio San Lorenzo informó sobre la denuncia judicial radicada por un oficial ayudante, quien luego de cumplir su jornada de servicio constató la sustracción de una funda cubre volante y de un logo de marca del interior de su vehículo particular, el cual se encontraba estacionado en el patio interno de dicha unidad.

En el documento se explica que “se logró determinar la responsabilidad del cabo Francisco Andrés Pertusatti, estableciéndose de manera fehaciente que los elementos sustraídos se encontraban ocultos en el interior de su rodado particular, circunstancia que motivó su inmediata demora y la notificación de la imputación correspondiente”.

A raíz de ello se iniciaron actuaciones judiciales en las que fue declarado culpable como autor penalmente responsable del delito de hurto agravado y le impusieron una pena de prisión de ejecución en suspenso.

Un caso de abuso

En el cuatro caso, el Ejecutivo provincial convalidó la resolución del 20 de agosto de 2026 del Consejo Provincial de Educación (CPE) y le dio de baja de los cuadros de la administración pública provincial a Orlando Basilio Marillán, quien se desempeñaba como auxiliar de servicio en la Escuela Primaria 356 de Neuquén capital.

Según se explicó al respecto, la baja se aplica a partir del 22 de abril de 2026, momento que adquirió firmeza la sentencia condenatoria en autos caratulados “Marillán, Orlando Basilio abuso sexual agravado por la edad de la víctima conviviente”. En el expediente se explicó que se configuró la causal objetiva de pérdida del derecho a la estabilidad, en virtud de lo establecido tanto en el convenio Colectivo de Trabajo (CCT) como en el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén (E.P.C.A.P.P.).

En el expediente se explica que la Justicia le impuso la pena de 11 años de prisión de efectivo cumplimiento. El hecho lo perpetró en el ámbito privado, pero se estableció que, obviamente, “no cuenta con las condiciones morales y de conducta que prevé la normativa vigente para desempeñarse como auxiliar de servicio”.