La Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes advirtió sobre el aumento de casos de recién nacidos con metabolitos positivos.
Luego de que se conociera el reciente nacimiento de un bebé con cocaína en sangre en el Hospital Castro Rendón, la defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Neuquén, Mónica Palomba, explicó la red de intervención estatal que se activa en estos casos. Se articulan hospitales, equipos de salud mental, organismos de niñez, la subsecretaría de Familia y la Justicia.
Si bien la defensora indicó que no puede dar datos de este bebé en particular para preservar su integridad, aclaró que ante estos casos se requiere una intervención integral para proteger tanto al recién nacido como a su grupo familiar.
La funcionaria describió el procedimiento general que se pone en marcha cuando un bebé nace con metabolitos positivos detectados durante los estudios médicos posteriores al parto.
Palomba señaló en LU5 que la intervención comienza dentro del propio sistema sanitario. Los profesionales de salud son quienes realizan las primeras evaluaciones y determinan las condiciones clínicas del recién nacido.
En general, explicó, el alta hospitalaria no es inmediata. Dependiendo del estado de salud del bebé, puede permanecer internado entre siete y diez días o incluso más tiempo mientras se realizan controles y estudios específicos.
Durante ese período se analiza no sólo la evolución médica del niño sino también quiénes estarán en condiciones de asumir su cuidado cuando abandone el hospital.
"Lo urgente es garantizar el cuidado del recién nacido", sostuvo la defensora al describir la lógica de intervención que se aplica en estos casos.
Mientras el bebé permanece internado, los equipos de salud comienzan a trabajar de manera articulada con la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para evaluar las condiciones familiares y definir qué adultos responsables pueden hacerse cargo de la crianza.
Uno de los puntos que Palomba destacó con mayor énfasis es que la legislación argentina y los tratados internacionales establecen que el principal derecho de un niño es crecer dentro de su familia.
Por ese motivo, la primera alternativa que se analiza siempre es la posibilidad de que el recién nacido permanezca con sus progenitores, aunque sea mediante apoyos o acompañamientos específicos por parte del Estado.
La evaluación no se centra únicamente en la existencia de un consumo problemático de sustancias. Los equipos interdisciplinarios analizan si los adultos responsables cuentan con las herramientas necesarias para brindar cuidados adecuados al bebé.
En ese contexto también se examina la existencia de redes familiares o afectivas capaces de colaborar en la crianza. Abuelos, tíos u otros referentes cercanos pueden convertirse en actores fundamentales para garantizar la protección del niño sin necesidad de romper el vínculo con su familia de origen.
"La prioridad siempre es preservar el entorno familiar cuando existen condiciones para hacerlo", explicó la funcionaria.
La intervención estatal no se limita al recién nacido. Paralelamente se abre una evaluación sobre la situación de los progenitores. Según explicó Palomba, en estos casos resulta imprescindible la participación de los equipos de salud mental y adicciones.
La mirada institucional apunta a comprender que detrás del consumo existen múltiples factores que requieren abordajes específicos. Situaciones de vulnerabilidad económica, problemas habitacionales, dificultades laborales, antecedentes de violencia o trastornos de salud mental suelen formar parte de escenarios complejos que demandan respuestas integrales.
Por eso, además de garantizar la protección del bebé, el Estado tiene la obligación de facilitar el acceso a tratamientos y acompañamientos para los adultos responsables.
La defensora consideró que uno de los principales desafíos es generar estrategias que promuevan efectivamente el acceso a esos tratamientos, especialmente porque muchas veces la voluntariedad resulta insuficiente frente a cuadros severos de consumo problemático.
No todos los casos terminan con una medida judicial. Sin embargo, cuando las evaluaciones determinan que ningún integrante del entorno familiar está en condiciones de garantizar el cuidado del recién nacido, la Defensoría puede solicitar una medida de protección excepcional ante un juez de Familia.
Esa decisión implica que el Estado asuma transitoriamente el resguardo del bebé. Aun en esas circunstancias, la separación de la familia no es considerada una solución definitiva sino una medida excepcional y temporal.
La legislación vigente establece que durante ese período deben realizarse todas las acciones necesarias para que los progenitores o familiares puedan revertir las causas que motivaron la intervención.
Palomba explicó que el objetivo sigue siendo lograr que el niño pueda regresar a su entorno familiar siempre que existan condiciones adecuadas para hacerlo.
Cuando un bebé no puede permanecer con sus padres ni con familiares cercanos, el primer recurso que se busca no son los hogares institucionales sino las familias solidarias.
Se trata de un programa estatal integrado por personas previamente evaluadas que aceptan brindar alojamiento y cuidados temporales a niños y niñas mientras se resuelve su situación familiar.
Estas familias no constituyen una instancia de adopción sino un espacio transitorio de protección. La permanencia en ese sistema se desarrolla mientras el Estado trabaja con la familia biológica para intentar restablecer las condiciones necesarias que permitan la restitución del niño.
La normativa establece un plazo inicial de hasta 180 días para desarrollar ese proceso de fortalecimiento familiar. Consultada sobre qué sucede cuando existen otros niños dentro del mismo grupo familiar, Palomba aclaró que la intervención no se enfoca exclusivamente en el consumo de los adultos. Lo que se analiza es cómo esos adultos ejercen efectivamente los cuidados parentales.
La existencia de una adicción no implica automáticamente una separación familiar, pero sí obliga a evaluar si los derechos de los niños están siendo garantizados.
Los equipos especializados observan aspectos vinculados con la alimentación, la escolaridad, la salud, la protección frente a situaciones de violencia y las condiciones generales de desarrollo.
Cuando aparecen indicadores de vulneración de derechos, el sistema de protección puede intervenir sobre todo el grupo familiar. La Defensoría recibe información sobre posibles situaciones de riesgo a través de múltiples canales. Los reportes pueden surgir desde hospitales, escuelas, comisarías, organismos públicos o incluso vecinos que detectan situaciones preocupantes.
Palomba destacó que el sistema de protección de derechos funciona de manera articulada entre distintas instituciones y que la detección temprana resulta fundamental para evitar que las situaciones se agraven.
En ese esquema, la información aportada por profesionales de la salud y de la educación suele resultar clave para activar intervenciones preventivas.
La defensora reconoció que existe una creciente preocupación por el aumento de casos de recién nacidos con metabolitos positivos.
Si bien no brindó estadísticas, aseguró que la demanda vinculada a estas situaciones viene incrementándose y que el fenómeno ya forma parte de las alertas permanentes del sistema de protección de derechos.
Por ese motivo insistió en la necesidad de fortalecer tanto los dispositivos de atención para los bebés como los tratamientos destinados a los adultos con consumos problemáticos.
Según planteó, el desafío consiste en actuar con rapidez porque los plazos legales son limitados y las problemáticas de adicciones suelen requerir procesos prolongados.
"Hay que hablar del tema", sostuvo Palomba al referirse a una problemática que muchas veces permanece invisibilizada.
La funcionaria consideró que el abordaje debe dejar de centrarse exclusivamente en la emergencia para avanzar hacia estrategias preventivas que permitan acompañar a las personas con consumos problemáticos antes de que las consecuencias alcancen a los recién nacidos.