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El caso Mendoza expuso una trama con 198 cuentas sospechosas. El BPN aún no sabe cómo se abrieron las cuentas ni cómo circularon las tarjetas. Video revelador.
En junio de 2022, Esteban Maegna Mendoza envió un correo electrónico al Banco Provincia del Neuquén (BPN) para reclamar por algo que parecía un error. Nunca había recibido su tarjeta de débito, pero su cuenta mostraba extracciones de dinero. La situación derivó en una investigación interna. Y tres años después, su reclamo fue en el punto de partida de una de las mayores estafas con planes sociales de las que se tenga registro en la provincia.
La tarjeta de Mendoza -que él nunca tuvo en sus manos- fue utilizada por terceros en cajeros automáticos, y su caso disparó las alarmas de los sistemas de prevención de fraudes del banco. A partir de ese hecho, se desplegó una investigación que terminó por identificar 198 tarjetas sospechosas, muchas de ellas operadas en simultáneo, con rostros repetidos, en distintas sucursales y cajeros de la provincia.
En el juicio por la megacausa, la defensa de los imputados también sembró dudas sobre la responsabilidad institucional del banco. Según el propio responsable de Prevención de Fraudes, Joaquín Alfieri, no se logró identificar quién fue el empleado del BPN que abrió la cuenta de Mendoza, ni quién entregó su tarjeta de débito a personas que no eran los titulares. Si bien se sobreentiende que el manejo de la tarjeta de débito tiene que ser exclusivamente del titular, eso quedó en duda desde lo legal.
El analista de sistemas, salido de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), sostuvo que del análisis de los videos de los cajeros y el pedido de los extractos bancarios, relevó que el 6 de abril, de 2022 a las 9.17 se la ve a una mujer con anteojos y barbijo sacando dinero de un cajero, con la tarjeta de Maegna Mendoza. Pero quien estaba operando la tarjeta no era el titular y, además, a la mujer se la ve sacando varias tarjetas. Hizo extracciones con cinco plásticos distintos. El sistema permitió conocer que la extracción más antigua se hizo el 27 de febrero de ese año, y de ahí comenzaron a cruzar datos.
Alfieri dijo no recordar las firmas de la apertura de cuenta de lo que se denomina "el caso cero" de los planes sociales, y reconoció que el legajo de Mendoza estaba incompleto. Esto, sumado al testimonio de que la tarjeta fue utilizada sin que el titular la tuviera, refuerza la hipótesis de una operación fraudulenta ejecutada desde dentro del sistema.
La audiencia del este miércoles también fue espesa, ya que hubo un pedido aceptado por el juez Juan Manuel Kees para que no se diera a conocer públicamente el contenido de un Power Point, de una testigo, que iba a introducir un hecho nuevo en la causa, vinculado a las cuentas del banco. A tal punto causó terror, que el juez mandó a desalojar la sala, y a los medios de prensa, para proteger a la testigo, vinculada al control del lavado de dinero de la institución.
El banco, según declaró Alfieri, inició sumarios disciplinarios internos contra grupos de empleados que procesaron las aperturas de cuentas. Sin embargo, no radicó denuncias penales ni presentó información detallada ante la Fiscalía, que tampoco solicitó ampliar las investigaciones más allá de los dos años que permite la consulta en línea a Red Link, aunque podrían haberse requerido registros anteriores.
Lo más llamativo fueron las imágenes que se mostraron en la audiencia del miércoles: las mismas caras extrayendo dinero con múltiples tarjetas en diferentes cajeros de la calle Rivadavia, Alta Barda y, después, en Centenario. Hubo una secuencia en la que muestra a dos personas dentro de un cajero automático, coincidentes con las caras de Pablo Sanz (exdirector de Fiscalizaciones de Desarrollo Social) y de Isabel Montoya, una de las empleadas acusadas de realizar extracciones.
Una de las estrategias de la investigación de Prevención de Fraudes del BPN fue buscar tarjetas que hubieran operado en el mismo lugar, en la misma hora, al menos cinco veces junto a tarjetas ya confirmadas como sospechosas. Así se construyó un mapa de coincidencias que terminó revelando una red: todos eran beneficiarios de planes sociales, aunque los rostros en los cajeros no coincidían con los titulares de las tarjetas.
Alfieri reconoció que, en algunos casos, los mismos operadores usaban su tarjeta personal entre las de los planes sociales, lo que permitió identificarlos. Muchos de ellos percibían haberes del Ministerio de Desarrollo Social y tenían domicilios coincidentes con los registrados en las tarjetas bloqueadas.
El testigo también reveló que no todos los beneficiarios de planes sociales se acercaron a realizar el reclamo por los movimientos inusuales de fondos. Indicó que más de 50 personas se acercaron a reclamar por sus tarjetas bloqueadas en el BPN, pero dijo no recordar los nombres. En total, se identificaron 198 cuentas sospechosas, abiertas en más de 15 sucursales del banco y por diferentes empleados, con documentación incompleta.
También se ventiló que en algunas tarjetas bloqueadas, los mismos titulares pedían el desbloqueo al banco, pero que horas después, las extracciones las realizaban otras personas, que coincidían con la planta política del Ministerio de Desarrollo Social.
La defensa, sobre todo la abogada Carolina Johansen (de Valeria Honorio, acusada sospechada de realizar extracciones y de Fernando Cardozo Regidor, señalado como partícipe de la maniobra en el nivel más bajo de la pirámide, siendo uno de los beneficiados con parte del dinero) deslizó en la debilidad de los controles internos.
Se cuestionó el recorte de las filmaciones, y se le preguntó al responsable de Prevención de Fraudes, si con un solo recorte fílmico de un cajero automático, era posible que se constituya fraude. "Si se arma la secuencia completa se encuadra claramente en una maniobra de fraude", dijo.
De acuerdo al testimonio de Alfieri, las imágenes en los cajeros permitieron identificar a los primeros extractores "en ráfaga". Que por la coincidencia de los rostros eran Javier Vergara, que fue identificado por la patente de su auto estacionado), Lucía Soto (en una de las extracciones e hizo una trasferencia a su cuenta personal) y Pamela Cea.
No obstante, también parte de la defensa puso en duda la rigurosidad de la investigación interna del banco: ni el área de Fraudes ni la Fiscalía pidieron investigar con mayor profundidad las aperturas de esas cuentas, ni se identificó con nombre y apellido a ningún responsable directo dentro de la institución financiera.
El juicio intenta cerrar el círculo de responsabilidades. Lo que se sabe: una estructura permitió abrir cuentas con documentos incompletos, una entrega de tarjetas a manos equivocadas, que canalizó miles de pesos en extracciones de planes sociales.
El caso Mendoza -una tarjeta que nunca existió para su titular- parece ser el símbolo de un fraude que, con el paso del tiempo, pasó del olvido del banco para transformarse en un escándalo judicial. Y el denominado "caso cero", donde se destapó la olla de los planes sociales.