Ya opera una Comisión Auditora creada por los ministerios de Tanya Bertoldi y Tobares, por cesiones de tierras del Ejército Argentino, contratos y empresas.
El gobierno empezó a auditar a Jorge Salas y a la Cooperativa 127 Hectáreas, para investigar cómo se otorgaron los terrenos cedidos por la ADUS-IPVU para la construcción de viviendas, muchas de ellas no entregadas y que llevaron a damnificados a realizar denuncias por "estafa" en el Ministerio Público Fiscal de Neuquén. Hay dos meses para una investigación que ya comenzó.
Es la primera vez que se conforma una comisión para investigar a una cooperativa que, en rigor, ha formado parte de la vida activa en materia de vivienda del Estado provincial históricamente. Salas también ha ocupado hasta no hace mucho tiempo un cargo como funcionario en el IPVU, como director de Hábitat. Renunció en febrero de 2025. Además, Fiscalía pidió fecha para formularle cargos, de acuerdo a una nota enviada por Pablo Vignaroli.
Se trata de una Comisión Auditora interministerial que se creó para investigar el estado de los terrenos administrados por el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) y ADUS que fueron cedidos en tenencia precaria y provisoria a la cooperativa conducida por Salas. En este caso, estará compuesta por Tanya Bertoldi, ministra de Infraestructura, y Jorge Tobares, ministro de Gobierno, y sus respectivos equipos de trabajo.
La entidad tiene sobre la espalda una causa penal por presunta estafa. Fuentes oficiales confirmaron a este medio que la comisión ya se encuentra en funcionamiento, y desde el entorno de los damnificados coinciden en que se perciben movimientos internos dentro de la cooperativa a partir de su puesta en marcha.
La comisión fue creada mediante una resolución conjunta firmada por Bertoldi y Tobares, en el marco de un pedido tramitado por el Ministerio de Infraestructura.
Su origen se remonta a un convenio suscripto en 2003 entre la Provincia y el Estado Nacional Argentino, por el cual Neuquén recibió el traspaso de la Chacra "La Sirena", de 127,52 hectáreas, a cambio de realizar obras a favor del Ejército Argentino, la misma cantidad de hectáreas que lleva el nombre de la cooperativa. Ese acuerdo fue modificado por sucesivas adendas en 2004 y 2016, que fijaron condiciones de uso del predio y avanzaron en la escrituración a favor de la provincia.
De la superficie total, el trabajo de la comisión se circunscribe a tres fracciones que quedaron bajo administración de IPVU/ADUS y que fueron cedidas en tenencia precaria a la cooperativa mediante los Decretos 790/10, 1800/12 y 963/15: un sector de 14,71 hectáreas del Lote 2, y dos sectores de 12 y 11,57 hectáreas del Lote 1, que en conjunto suman poco más de 38 hectáreas.
El objetivo de la comisión es determinar si existen ocupantes o asentamientos en esos sectores, si se introdujeron mejoras o construcciones sin la autorización correspondiente del organismo administrador y, sobre todo, individualizar a las personas o entidades jurídicas que planificaron, promovieron, financiaron o ejecutaron esas obras. Es decir, qué intervención tuvieron algunas empresas contratadas.
También deberá establecer si, al momento de incorporarse esas mejoras, se cumplían las condiciones del convenio original de 2003 y sus adendas.
El plazo fijado para presentar un informe final es de 60 días desde la notificación a los integrantes, prorrogable mediante acto fundado si la complejidad del relevamiento lo justifica.
Un punto que puede tener consecuencias mayores es si de las actuaciones surgen hechos que pudieran ser sospechosos de delitos que comprometan el interés fiscal o dominial del Estado provincial.
En ese caso, la comisión está obligada a elevar un informe circunstanciado a las autoridades superiores de los ministerios involucrados y al presidente del IPVU/ADUS, para que se evalúen las acciones judiciales o administrativas que correspondan.
Es decir, aunque la resolución aclara que la actuación de la comisión tiene carácter estrictamente técnico-administrativo y que no importa reconocimiento ni regularización de derechos a favor de ocupantes o terceros, sus hallazgos podrían terminar alimentando la causa penal que ya está en curso.
Integran la comisión el arquitecto Gonzalo Peralta en representación del Ministerio de Infraestructura, y exsecretario de Obras Públicas en la Municipalidad de Centenario. Cristian Rodolfo Correa, Federico Javier Losso, Martín Varni, Nicolás Grego y Enzo Juan Alberto López por el IPVU/ADUS; y las escribanas Laura Cecilia Miranda, escribana general de Gobierno, y Lilia María Delia Carrizo Molina, escribana adscripta superior, por la Escribanía General de Gobierno.
Jorge Salas es una figura política que supo ocupar cargos en distintos gobiernos provinciales, entre ellos la Dirección de Hábitat y Urbanismo, cargo al que renunció tras estallar la denuncia por estafa en su contra. Según la reconstrucción de su propia cooperativa, Salas comenzó como referente de la comisión vecinal del barrio La Sirena en los años previos a 2007, cuando ese grupo se constituyó formalmente como cooperativa ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).
La causa penal que lo tiene como principal apuntado está a cargo de la fiscal de Delitos Económicos Rocío Rivero, aunque en una primera instancia también intervino el fiscal Juan Manuel Narváez, quien ordenó diez allanamientos simultáneos en la sede de la cooperativa y en domicilios particulares vinculados a sus directivos.
La investigación abarca al menos 32 denuncias por estafas reiteradas, por un monto que ronda los 10,5 millones de pesos y 500 dólares en su formulación inicial, aunque referentes de los damnificados sostienen que la cifra más precisa de afectados podría superar las 1.400 personas, con aportes de entre 5.000 y 8.000 dólares cada una.
Lo que se investiga comprende terrenos y viviendas en La Sirena Unificada, en La Meseta neuquina (donde la cooperativa compró tierras a un grupo de crianceros sin garantías de que pudieran urbanizarse) y en los barrios de Centenario I y II.
En el caso específico de La Meseta, la fiscalía sostiene que no se trató de un simple incumplimiento contractual, sino de una estafa, ya que se ofreció el loteo de tierras que serían fiscales y que no podían subdividirse en los tamaños que se prometían a los interesados.
A la causa penal se sumó la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), que solicitó ser querellante particular para reclamar 44 viviendas adeudadas a un grupo de docentes afiliados.
El gremio, a través de su secretaria general Fany Mansilla, calificó el esquema como un "fraude institucionalizado" y denunció que la cooperativa utilizó un convenio marco firmado con el sindicato como una puesta en escena para generar confianza entre los trabajadores.
En paralelo a la causa judicial, un grupo de damnificados viene reclamando desde hace meses ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas la intervención de la cooperativa para apartar a Salas de la presidencia, sin haber obtenido hasta ahora una respuesta oficial.
La creación de esta Comisión Auditora aparece, en ese sentido, como el primer movimiento fuerte del Estado provincial desde que se activaron los reclamos de intervención, para investigar a una cooperativa que ha sido y es, históricamente, una aliada a la demanda del Estado neuquino.