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La comunidad Fvta Xayen mantiene un "resguardo" pero liberó el campo. Un fiscal pidió informes a la Policía que tiene escasos móviles para patrullar.
El conflicto con la toma mapuche en los campos de Tratayén empieza a tener una salida política y judicial. Los integrantes de la comunidad Fvta Xayen, que ingresaron el domingo pasado al campo de la familia Galván se fueron pero están “al resguardo” y con una denuncia contra los propietarios.
Según se informó a LMNeuquén, la lonco de esa comunidad que aún no está registrada ni tiene personería jurídica, Liliana Romero, labró una denuncia contra la familia, debido a que hay un interdicto civil que prohíbe tomar posesión de la tierra. Un tema complejo y sujeto a interpretaciones.
En principio, el fiscal Diego Azcátare ya está al tanto de la situación y pidió los informes policiales para analizar cómo sucedieron los hechos denunciados. Pero hay acusaciones cruzadas.
También se supo que el tema generó tensión y preocupación en el gobierno provincial, que enseguida se puso a disposición, con el ministro de Seguridad, Matías Nicolini. En la zona de Tratayén, en el Kilómetro 80 de la Ruta 7, casi no patrullan los móviles por una cuestión de recursos.
Lo cierto es que la Policía de Añelo actuó a pedido de la familia, que se siente amenazada por los integrantes de la comunidad, que aparecen cada vez que hay un movimiento de suelo”. En este caso, la familia Galván, que son dos hermanos, tiene el proyecto de la siembra de alfalfa en 80 hectáreas. "Se pusieron a disposición para solucionar todo", dijeron desde la familia.
El domingo a las 10.45 un hombre, la lonco Liliana Romero y dos niños se bajaron de una Amarok e increparon al chofer de un tractor que estaba emparejando el suelo.
Según la denuncia a la que accedió este diario, los Fvta Xayen pensaron que se trataba de una máquina de YPF que hace tareas en los alrededores, pero constataron que era una contratada por la familia Galván. Y de esa forma decidieron meterse en el campo, no por la tranquera con candado sino con un alambrado caído.
El campo de los Galván fue usurpado en 2017 y varios integrantes de esa comunidad que se autodeterminaron en ese año, quedaron con causas, de las que salieron con una salida alternativa en el Ministerio Público Fiscal. Los integrantes de la comunidad reconocieron la propiedad privada de los campos, a cambio de limpiar la causas. Pero eso duró poco.
Entre la familia Galván y los integrantes de esta comunidad hay una medida de no innovar en el fuero civil, por lo que el propietario (pese a que a que tiene la escritura de su campo) no podría realizar tareas de emparejamiento.
El campo fue adquirido en 1977 por Felix Galván a una familia de Buenos Aires. En ese momento, sólo era un desierto y la Ruta 7 era de tierra. Estuvo años para emparejar y hacer plantaciones en más de 200 hectáreas y desde hace unos años, la familia se encuentra con la dimensión de un conflicto no esperado.