Gustavo Aguirre y Edgardo Cherbavaz cuestionaron denuncias penales que paralizaron la gestión por casi dos años y acusaron maniobras para frenar soluciones habitacionales.
La Cooperativa 127 Hectáreas renovó sus autoridades y busca reencauzar una gestión que, según sus nuevos referentes, quedó paralizada durante más de un año y medio en medio de conflictos judiciales y denuncias impulsadas por un grupo de socios. Sobre todo por la causa penal por fraude que tiene su presidente, Jorge Salas.
Así lo expresaron Gustavo Aguirre y Edgardo Cherbavaz, consejeros electos, en una entrevista con el programa Línea Abierta de LU5.
Ambos dirigentes coincidieron en que el principal objetivo es recuperar el funcionamiento institucional y destrabar las gestiones ante el Estado para avanzar en soluciones habitacionales, que quedaron paralizadas por la pandemia y el retiro a nivel nacional de la obra pública y los fondos para viviendas sociales.
Sin embargo, hicieron especial hincapié en las críticas hacia el accionar del abogado que representa a parte de los asociados en conflicto, a quien responsabilizan por haber profundizado la crisis. Sin nombrarlo, dedicaron varios minutos al aire, representante de los perjudicados que fueron al Ministerio Publico Fiscal, Mariano Mansilla.
Hay un tema político-sindical ahí también. Aguirre y Cherbavaz vienen del sindicalismo (ATEN y Judiciales respectivamente), pero la actual conducción del gremio docente está de punta con Salas y la cooperativa. De hecho Cintia Galetto, secretaria adjunta de Fany Mansilla (hermana del abogado), acompañó días atrás a los perjudicados de 44 viviendas a una reunión con la fiscal Rocío Rivero.
Aguirre explicó que la nueva comisión fue elegida en una asamblea con la participación de unos 400 socios, donde se renovaron los nueve consejeros titulares.
Según detalló, el objetivo es implementar un esquema de trabajo más horizontal y accesible para los asociados, manteniendo algunos roles de la conducción anterior para garantizar continuidad administrativa. En este caso, Jorge Salas sigue siendo el presidente de la cooperativa.
Señaló que la cooperativa está viviendo un escenario complejo y no sólo por la denuncia que realizaron unos 40 socios en la fiscalía, cuya mediación penal fracasó. Hay también otros juicios civiles para el recupero de dinero por parte de algunos socios que reclaman.
El clima es de falta de financiamiento estatal y conflictos internos que derivaron en acciones judiciales. “Una denuncia penal en este país puede estar años dando vueltas”, advirtió, al tiempo que sostuvo que ese tipo de medidas no deberían frenar la resolución de los problemas habitacionales.
El punto más duro de la entrevista estuvo centrado en las acusaciones hacia el representante legal de un grupo de socios (Mariano Mansilla) a quien Aguirre cuestionó directamente por su accionar, aunque evitó nombrarlo.
Según relató, el letrado habría instado a los socios a no participar de la asamblea donde se renovaron autoridades, enviando mensajes en los que advertía sobre supuestos riesgos de seguridad.
“Mientras el asesor letrado les pide que no vayan, después impugna y presenta denuncias con argumentos que no son reales”, afirmó.
Aguirre fue más allá y habló de “mala fe”, al sostener que se intentó instalar una situación de conflicto inexistente, como la supuesta imposibilidad de ingreso a la asamblea.
“La puerta estuvo abierta, entraron todos los socios que quisieron entrar y votaron libremente”, aseguró.
Además, denunció la presentación de documentación con firmas de personas que, según indicó, ni siquiera serían afiliadas a la cooperativa, lo que —según su visión— agrava la situación. “No se puede firmar una mentira”, enfatizó.
Para la nueva conducción, este tipo de acciones trabaron la institucionalidad de la cooperativa, y afectaron directamente a los socios que esperan una solución habitacional desde hace años.
Cherbavaz , por su parte, sostuvo que hay que restablecer vínculos con el Estado y otras organizaciones para avanzar en soluciones concretas. Señaló que la cooperativa tiene un historial importante en materia de construcción de viviendas, con cientos de unidades entregadas, pero que actualmente se encuentra frenada.
Ambos coincidieron en que uno de los factores centrales fue el retiro del financiamiento nacional y la falta de respuestas sostenidas a nivel provincial. En ese sentido, recordaron que proyectos como la construcción de 120 viviendas quedaron inconclusos tras cambios en las políticas públicas. No obstante, destacaron que hay buena voluntad del actual gobierno de Rolando Figueroa.
A esto se sumó el impacto de las medidas judiciales, que incluyeron el bloqueo de cuentas y la retención de documentación, algo que dificultó incluso la reconstrucción administrativa de la cooperativa.
Los nuevos consejeros aseguraron que ya iniciaron contactos con distintos actores, incluidos sindicatos y funcionarios provinciales, con el objetivo de avanzar en una solución integral. También plantearon la necesidad de reconocer y certificar las obras ya realizadas para poder completar los proyectos pendientes.
En paralelo, advirtieron sobre posibles intereses económicos detrás de los terrenos de la cooperativa. “Hay muchas miradas interesadas en esos lotes”, deslizó Aguirre, en una frase que dejó abierta la sospecha sobre presiones externas.
Finalmente, aclararon que la dimensión del conflicto fue sobredimensionada en algunos discursos públicos. “No son 7.000 damnificados, la cooperativa tiene unos 1.400 socios”, precisaron, y se diferenciaron quienes iniciaron acciones judiciales y el universo total de asociados.
Hay una nueva conducción ya en funciones, y la Cooperativa 127 Hectáreas intenta ahora salir del estancamiento, en medio de la crisis internas, las causas judiciales y una demanda habitacional que tiene poca respuesta.