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Inés Ragni, integrante de Madres de Plaza de Mayo de Neuquén y madre de Oscar Ragni, desaparecido en diciembre de 1976, iniciará la etapa de testimoniales.
Con la declaración de Inés Ragni, integrante de Madres de Plaza de Mayo filial Neuquén y Alto Valle y madre de Oscar Alfredo Ragni, desaparecido en diciembre de 1976, continuará este viernes el octavo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la región durante la última dictadura cívico-militar que tiene como imputados al ex juez federal Pedro Laurentino Duarte y al ex fiscal Víctor Marcelo Ortiz. Este viernes a las 9 en el Tribunal Oral Federal 1, que funciona en el Salón AMUC de Avenida Argentina 1680, comienza la etapa testimonial de este juicio que es el primero en la provincia de Neuquén en el que se juzga a funcionarios judiciales que se desempeñaron como magistrados de la Justicia Federal. Duarte y Ortíz están acusados de la omisión de promover la persecución penal de los delitos padecidos por 23 víctimas y como partícipes de sus privaciones legales de la libertad. En el caso de Duarte también se lo acusa de prevaricato. El tribunal está compuesto por la jueza federal María Paula Marisi y los jueces Alejandro Silva y Sebastián Foglia.
Duarte había sido designado juez el 8 de julio de 1976 reemplazando a Carlos Arias, cesanteado por los militares. Antes de ser juez había sido auditor del Cuerpo Profesional del Ejército, función que venía desarrollando desde 1961. En ese momento solicitó el retiro, pero no la baja “a fin de conservar un vínculo espiritual con el Ejército”, como expresó. Recién en 1982 solicitó la baja. Según el ex fiscal Adrián García Lois, el lazo de Duarte con el Ejército “era más que espiritual” porque siguió firmando calificaciones como auditor. Por su parte, Ortiz fue designado fiscal el 15 de septiembre de 1976.
En la primera audiencia que se desarrolló el 20 de octubre pasado, el fiscal general Miguel Ángel Palazzani indicó que a los imputados, "se los vincula con la violación a los derechos humanos cometidos en esta jurisdicción por miembros de las Fuerzas Armadas, en perjuicio de las víctimas que militaban, en su mayoría, en agrupaciones políticas, entre los años 1976 y 1983".
Además de Ragni declararán familiares de desaparecidos que solicitaron actuación de la justicia en 1976.
Natalia Hormazabal, abogada de la querella del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), el testimonio que brindará Inés Rigo de Ragni es de gran importancia "porque es una Madre de Plaza de Mayo que estará sentada 47 años después del hecho ocurrido a su hijo declarando no solo por su hijo sino también por los compañeros y compañeras que ya no están". En diálogo con LMNeuquén, la abogada del Ceprodh sostuvo que "mientras los genocidas y los imputados aducen problemas de salud y enfermedades para no estar sentados frente al tribunal, ella con muchísimo esfuerzo y habiendo pasado momentos de dolor sabe que tiene que estar porque lo toma como una deuda personal". La abogada del Ceprodh y patrocinante del matrimonio Ragni destacó que "estos juicios se han construido en base a los testimonios de los familiares y de los sobrevivientes. El valor está en la pelea que no ha cesado durante todos estos años contra el negacionismo, contra el olvido y contra todos aquellos que han tenido y gozado de la impunidad durante mas de 40 años".
Este juicio aborda la actuación de los ex magistrados en el trámite de los expedientes judiciales iniciados entre 1976 y 1983 por los familiares de las víctimas Orlando Cancio, Milton Gómez, Teresa Oliva, Enrique Esteban, José Delineo Méndez, Susana Mujica, Darío Altomaro, Alicia Pifarre, Josefa Leppori de Mujica, Miguel Ángel Pincheira, Javier Octavio Seminario Ramos; Raúl Eugenio Metz, Graciela Alicia Romero y el hijo de ambos nacido en cautiverio; Raúl Esteban Radonich, Oscar Alfredo Ragni, Arlene Seguel, Carlos Chaves, César Dante Giliberto, Mirta Felisa Tronelli, Cecilia Vecchi, Lucio Espíndola y Carlos Schedan.
Entre las víctimas desaparecidas se encuentran Graciela Romero, Raúl Eugenio Metz y el hijo de ambos, nacido en el centro clandestino de detención y tortura “La Escuelita” de Bahía Blanca.
En Neuquén, se realizaron hasta el momento siete juicios contra ex jefes militares y de fuerzas de seguridad nacionales y provinciales por delitos de lesa humanidad cometidos en la región.
El 3 de noviembre, en el marco del juicio Escuelita VIII, el Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén, escuchó la declaración de los ex funcionarios judiciales Pedro Laurentino Duarte y Víctor Marcelo Ortiz, acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en la región contra 22 personas durante la última dictadura cívico militar, cuando se desempeñaban como funcionarios judiciales.
Ante el tribunal presidido por la jueza María Paula Marisi, Duarte manifestó que “los hechos que se han expuesto no han ocurrido algunos, y otros han sido mutilados, alterados o cambiados”. “Formalmente tengo que negar los hechos de que se me acusa y decir que no he sido un juez dispuesto o que hubiera garantizado la impunidad para nadie. Al contrario, he realizado diversos actos durante mi gestión por los cuales me opuse a que pudiera lograrse evadir la acción de la Justicia”, dijo el ex magistrado.
Además, sostuvo: “desconocíamos los lugares de alojamiento. Se comprobó que no tuvimos conocimiento por ningún medio de que las personas damnificadas sufrieran tormentos”. “Las víctimas, cuando declararon ante la Justicia Federal de Neuquén, no se refirieron a los tormentos que hubieran padecido; no dijeron que fueron víctimas de tormentos durante sus detenciones”, agregó.
Por su parte, Víctor Ortiz declaró: “no existe deber legal incumplido, ni por mí ni por todos los funcionarios a cuyo cargo se encuentran los expedientes citados”. “Mi conducta siempre fue proactiva al pedir de manera oficiosa, y sin petición de ninguna parte, que los procesos de hábeas corpus se transformaran en una acción penal más amplia”.