Quién es la jueza que juzga en Neuquén a los ex funcionarios judiciales de la dictadura

La jueza María Paula Marisi presidió el viernes 20 de octubre el Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén en la primera audiencia del octavo juicio que se lleva a cabo en la provincia por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. De esta manera Marisi se convirtió en la primera jueza que preside en la provincia de Neuquén un tribunal en un juicio de lesa humanidad. El tribunal que completan los jueces Alejandro Silva y Sebastián Foglia juzgará la actuación de los ex funcionarios judiciales Pedro Laurentino Duarte y Víctor Marcelo Ortiz, acusados de omitir investigar delitos de lesa humanidad que les fueron denunciados y actuaron irregularmente en trámites por pedidos de hábeas corpus contra 22 personas, de las cuales 15 permanecen desaparecidas, cuando se desempeñaban como juez y fiscal, respectivamente.

Es la primera vez que una jueza preside el tribunal que llevará a cabo un proceso judicial de lesa humanidad, desde que se iniciaron en 2008 los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidos en la región durante la última dictadura cívico militar. En los siete juicios anteriores, los tribunales con diversa conformación (tres vocales y un cuarto juez) fueron integrados por hombres. Cabe señalar que hasta ahora no hubo sentencias de lesa humanidad firmada por mujeres en esta jurisdicción. Esta jueza federal, nacida en la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, ya actuó en otros juicios de lesa humanidad en Mendoza y en San Luis.

Este juicio abordará la actuación de los ex funcionarios judiciales por su participación en secuestros y torturas de 23 personas durante la última dictadura militar, de las cuales 15 están desaparecidas. Desde sus cargos de juez y fiscal, Duarte y Ortíz omitieron investigar delitos de lesa humanidad que les fueron denunciados y actuaron irregularmente en trámites de pedidos de hábeas corpus, según la acusación realizada por la Fiscalía a cargo del fiscal Miguel Palazzani. Duarte y Ortiz son los primeros operadores del Poder Judicial cómplices del terrorismo de Estado en ser juzgados en la provincia.

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La jueza María Paula Marisi junto a Alejandro Silva, otro de los jueces que integra el Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén en el octavo juicio por delitos de lesa humanidad ocurrido en la región durante la dictadura militar.

El viernes pasado, Marisi presidió el tribunal que escuchó la lectura de las acusaciones contra los ex magistrados que realizó la Fiscalía durante la instrucción de la causa. Los imputadores deberán responder por su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad que sufrieron 23 personas secuestradas y torturadas en La Escuelita y otros centros clandestinos y unidades penales que funcionaron en Neuquén durante la dictadura. Cabe agregar que la magistrada ya había estado presidiendo el tribunal durante la audiencia preliminar de este juicio desarrollada en junio pasado.

Marisi es abogada egresada con diploma de honor en la Universidad de Buenos Aires, discípula de Lino Enrique Palacio, fallecido en 2006, considerado uno de los más grandes procesalistas de la Argentina y que también fue miembro titular del Consejo de la Magistratura desde 2002. Además de Secretaria de Ejecución Penal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Mendoza y presidenta de la Comisión de Ejecución Penal de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN). Desde hace más de 15 años se desempeña en la Justicia Federal de Mendoza. En julio de 2017 juró como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de esa provincia. Al asumir expresó estar convencida "que es desde el trabajo y el compromiso que podemos darle a la sociedad la justicia que todos queremos".

En otras causas de lesa humanidad

En julio de este año, Marisi y los jueces Héctor Córtes y Alberto Carelli del Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza condenó a prisión perpetua al represor Mario Ocampo por secuestros, torturas y un homicidio cometidos durante la última dictadura cívico militar en diversos centros clandestinos localizados en la ciudad de San Rafael en perjuicio de 12 personas. Se trató de la tercera condena que el militar retirado recibió desde que fue detenido en 2019, tras permanecer varios años prófugo. El tribunal definió los delitos como crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto de un genocidio y, por lo tanto, imprescriptibles.

En diciembre de 2021 la jueza Marisi conformó el Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza, junto con los jueces Alejandro Piña y Alberto Carelli. En esa oportunidad condenaron a dos ex integrantes del Departamento de Informaciones Policiales (D2) mendocino, Armando Osvaldo Fernández Miranda, a una pena de 10 años de prisión por considerarlo coautor de la retención y ocultamiento de una persona menor de 10 años, con la alteración del estado civil de una menor de 10 años y por hacer insertar datos falsos en un documento público destinado a acreditar la identidad de las personas, y a Alberto Garay, a 8 años de prisión como partícipe necesario de retención y ocultamiento, y como coautor de los delitos de alteración del estado civil de una menor de edad y por hacer insertar datos falsos en documento público. También el mencionado tribunal condenó a una pena de 5 años de prisión a Iris Yolanda Luffi, como coautora de los mismos delitos por los que fuera condenado su esposo Fernández Miranda.

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El viernes se realizó la primera audiencia del juicio en el que se juzga la actuación de los ex funcionarios judiciales, Pedro Duarte y Víctor Ortiz, por su participación en secuestros y torturas de 23 personas, de las cuales 15 están desaparecidas.

Sebastián Fariña Petersen

En 2019 como integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis, que completaban los jueces Julián Falcucci (Córdoba) y Alberto Daniel Carelli (Mendoza), condenó a 12 años de prisión al ex juez federal de esa provincia Eduardo Allende y aplicó 7 años y seis meses, y 6 años de prisión al ex teniente del Comando de Artillería 141, Alberto Eduardo Camps y al ex médico de la Policía, Jorge Omar Caram, por tormentos, privaciones ilegítimas de la libertad y homicidios en perjuicio de 27 víctimas.

Eduardo Allende fue juez Federal durante la dictadura y se lo encontró culpable de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en doce casos, imposición de tormentos agravados por condición de detenido de perseguido político de la víctima en diecinueve casos, homicidio agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos a más personas en cinco casos.