Denuncian maltrato de un exjuez de la dictadura hacia familiares de desaparecidos

Con el testimonio de la histórica dirigente de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén, Noemí Labrune, ante los jueces que conforman el Tribunal Oral Federal 1 se realizó este martes la primera de las dos audiencias preliminares del juicio Escuelita VIII que tiene como imputados al ex juez federal Pedro Laurentino Duarte y el ex fiscal Victor Marcelo Ortiz, acusados como cómplices de delitos de lesa humanidad cometidos en la región durante la última dictadura cívico-militar. Ambos ex funcionarios del Poder Judicial fueron procesados por el juez federal de Neuquén Gustavo Villanueva, quien dispuso la elevación a juicio de la causa. A ambos ex magistrados se los acusa de incumplimiento de deberes, omisión de justicia y prevaricato en más de 25 hechos.

Se trata de audiencias preliminares solicitadas por la fiscalía y las querellas de la APDH y del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) en razón de la edad avanzada de los testigos. Cabe señalar que el tribunal aún no determrnó la fecha de comienzo del juicio.

Duarte había sido designado juez el 8 de julio de 1976 reemplazando a Carlos Arias, cesanteado por los militares. Antes de ser designado juez federal había sido auditor del Cuerpo Profesional del Ejército con asiento en Bahía Blanca, función que venía desarrollando desde 1961. En ese momento solicitó el retiro, pero no la baja “a fin de conservar un vínculo espiritual con el Ejército”, como consta en su legajo oficial. Recién en 1982 solicitó la baja. Ortiz, por su parte, fue designado fiscal el 15 de septiembre de 1976.

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Noemí Labrune recordó que el fiscal Victor Marcelo Ortiz le respondió "el sufrimiento físico acerca a Dios", cuando la dirigente se acercó a informarle que en el Comando del Ejército y en La Escuelita estaban torturando a los detenidos.

Labrune declaró durante más de tres horas ante el tribunal conformado por los jueces María Paula Marisi, Alejandro Silva y Luis Foglia. Recordó las gestiones realizadas por la APDH y del obispo Jaime de Nevares tanto en el Comando de la Sexta Brigada del Ejército como en el fuero judicial por la búsqueda de las personas detenidas y desaparecidas.

La imputación contra los ex magistrados federales es por delitos que tienen que ver con incumplimiento de deberes de funcionario público y también con participaciones en las privaciones ilegales de la libertad en la compresión de que eran parte del plan sistemático de desaparición de personas", explicó Marcelo Medrado, abogado de la APDH Neuquén.

Señaló el trato “despreciable” que les brindaba el juez Duarte a los familiares que acudían a la Justicia en busca de información sobre el paradero de los detenidos-desaparecidos.

Por otra parte, rememoró que en agosto de 1976 el obispo De Nevares tenía información que en el Comando militar como en "La Escuelita", el centro clandestino de detención emplazado al fondo del Batallón de Ingenieros, estaban torturando a las personas secuestradas. Por ello decidió, junto a otros integrantes de la APDH, acercarse hasta el domicilio particular del fiscal, en Allen, Río Negro, para que intercediera. "La primera respuesta del fiscal fue: 'No se hagan tanto problema, a lo mejor son culpables. El sufrimiento físico acerca a Dios'", recordó Labrune que les respondió Ortiz.

También declaró Guillermo Correa, quien en ese entonces asesoró a familiares de detenidos-desaparecidos. Recordó que cuando sucedió el golpe de Estado, el gobernador de facto de ese entonces lo convocó a una reunión para ofrecerle una vacante en el Tribunal Superior de Justicia y someterse, según dijo, a los lineamientos del Proceso de Reorganización Nacional que llevaba adelante la dictadura militar. Correa rechazó el ofrecimiento al afirmar que “un juez solo se somete a la ley”.

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El abogado Guillermo Correa asesoró a familiares de detenidos-desaparecidos de la región durante la dictadura militar.

“Los testimonios dejan al descubierto las omisiones y la complicidad de Duarte y Ortiz que no dieron curso a los recursos de habeas corpus ni a ninguna otra ación solicitada por los familiares de detenidos desaparecidos”, señaló Walter Pérez, presidente de la APDH.

El abogado Marcelo Medrano, en representación de la querella de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH), precisó que a Duarte y Ortiz "se les imputan participaciones en privaciones ilegítimas de la libertad y omisiones de deberes de funcionario público, es decir delitos más vinculados a lo que no hicieron y debieran haber hecho, en tanto, funcionarios y una participación directa en personas que fueron privadas de la libertad y/o desaparecidas".

"También esto está vinculado con los recursos de hábeas corpus presentados por familiares de víctimas en un contexto que tiene que ver con el papel del Poder Judicial federal en dictadura en la provincia de Neuquén y además imputaciones concretas en relación a la forma en que tramitaban los hábeas corpus haciendo de cuenta que no había dictadura en la Argentina", explicó.

El tribunal informó que en las próximas semanas se confirmará la fecha en que prestarán declaración Inés y Oscar Ragni, por las presentaciones que el matrimonio realizó ante la Justicia desde el secuestro y la desaparición forzada de su hijo Oscar Ragni, el 23 de diciembre de 1976.

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El ex juez federal Pedro Laurentino Duarte (derecha) siguió la audiencia por videoconferencia. Fue designado juez federal el 8 de julio de 1976 en reemplazo de Carlos Arias, cesanteado por los militares. Antes de ser designado había sido auditor del Cuerpo Profesional del Ejército con asiento en Bahía Blanca, función que venía desarrollando desde 1961.

En el escrito de elevación a juicio, el juez Villanueva precisó la colaboración expresa que tanto Duarte como Ortiz prestaron en distintos casos que involucraron a desaparecidos y víctimas de la última dictadura: Orlando Cancio, María Teresa Oliva y su esposo, Enrique Esteban, José Méndez, Darío Altomaro, Susana Mujica, Josefa Lépori de Mujica, Alicia Pifarré, Miguel Ángel Pincheira, Javier Seminario Ramos, el del matrimonio de Raúl Metz y Graciela Romero (ambos desaparecidos cuando ella estaba embarazada de cinco meses), Oscar Alfredo Ragni, Arlene Seguel, César Giliberto, Mirta Tronelli y Carlos Cháves.

En Neuquén se realizaron desde el 2008 hasta el 2021 siete juicios contra ex jefes militares y de fuerzas de seguridad nacionales y provinciales por delitos de lesa humanidad cometidos en la región durante la última dictadura militar. Esta causa contra los dos magistrados es la primera en la provincia de Neuquén "que tiene que ver con la imputación al comportamiento del Poder Judicial en dictadura", resaltó Medrano.

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Para Marcelo Medrano, abogado de la querella de la APDH: "no hay modo de concebir el contexto de grave impunidad que imperó durante la dictadura militar si no se admite el papel condescendiente del Poder Judicial".

Para Medrano "no hay modo de concebir el contexto de grave impunidad que imperó durante la dictadura militar si no se admite el papel condescendiente del Poder Judicial", aseguró.

En tanto, la abogada del Ceprodh, Natalia Hormazabal, precisó que tanto Duarte como Ortiz "en su rol de funcionarios judiciales tuvieron una participación específica al no investigar ni llevar adelante los habeas corpus y rechazar las presentaciones judiciales, ambos fueron parte sustancial del plan genocida durante la dictadura militar". "Hace más de 10 años que comenzó esta instrucción, por ello exigimos que se establezca fecha de inicio a las audiencias del juicio y que se continúe avanzando".

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El ex fiscal federal Victor Ortíz.