Acusan a magistrados de la dictadura de "ser facilitadores" de delitos de lesa humanidad

"En sus roles de juez y de fiscal federal, efectuaron aportes para la ejecución de privaciones ilegales de la libertad, aplicación de tormentos, persecución fundada en motivos políticos y desaparición forzada o exterminio de personas cometidos por las fuerzas armadas y otras fuerzas subordinadas en el contexto del plan sistemático de persecución desplegado durante la dictadura cívico militar”, expresó el fiscal general Miguel Palazzani, a cargo de la Unidad de Asistencia para las causas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, al leer los requerimientos de elevación a juicio contra el ex juez Pedro Laurentino Duarte y el ex fiscal federal Víctor Marcelo Ortiz, imputados por su actuación en el trámite de los habeas corpus y en las denuncias por secuestros e imposición de tormentos en perjuicio de 23 víctimas del terrorismo de Estado -que militaban, en su mayoría, en agrupaciones políticas, entre 1976 y 1983-, de las cuales 15 permanecen desaparecidas. Se trata del primer juicio oral contra funcionarios del Poder Judicial de Neuquén que se desempeñaron durante la última dictadura cívico militar.

Los ex funcionarios llegaron a juicio acusados en carácter de autores del delito de omisión de promover la persecución penal y de partícipes secundarios de la privación ilegal de la libertad, cometida por funcionario público, agravada por el empleo de violencia, y por ser la víctima perseguido político. Duarte también llegó como imputado del delito de prevaricato, una figura especial que reprime al juez que dictare resoluciones contrarias a la ley o fundadas en hechos falsos.

Palazzani explicó que ambos magistrados recibían los habeas corpus y denuncias que presentaban los familiares de los detenidos desaparecidos y procedían a realizar un trámite formal enviando oficios al ministerio del Interior, al Comando de la VI Brigada de Infantería de Montaña y a la Policía Federal para conocer qué había pasado con esas personas. Las respuestas eran negativas por lo tanto el caso finalizaba con un sobreseimiento que determinaba el juez. Precisó que los magistrados imputados le imponían a las familias el pago de costas, es decir los gastos del proceso, que para Palazzani retrata "la perversión" de los funcionarios judiciales.

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A pesar de desempeñarse como juez federal, la concurrencia de Pedro Duarte al Comando de la VI Brigada de Infantería de Montaña durante la dictadura era "periódica", afirmó el fiscal Palazzani durante la lectura de la acusación contra el ex magistrado.

Sebastián Fariña Petersen

Esta primera audiencia se desarrolló durante más de seis horas en el Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén, en una sala que estuvo colmada de público. Los dos imputados participaron por Zoom, en tanto sus abogadas defensoras como así también los representantes de la Fiscalía Federal y las querellas lo hicieron de manera presencial. El tribunal estuvo integrado por los jueces María Paula Marisi, Sebastián Foglia y Alejandro Silva.

Palazzani comenzó su acusación citando el capítulo tres del Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), que se refiere al Poder Judicial durante el período en que se consumó la desaparición forzada de personas. “¿Cómo se explica que los jueces no hayan ubicado a ningún secuestrado, después de varios años que tomaron estado público las versiones de quienes, con mejor suerte, fueron liberados?, ¿qué les impidió allanar oportunamente tan sólo uno de los lugares de cautiverio? Son interrogantes que duelen, pero es necesario aclararlos”, leyó el fiscal. Y concluyó leyendo el párrafo final del mencionado capítulo del informe en el que se señala: “durante el período en que se consumó la desaparición masiva de personas, la vía judicial se convirtió en un recurso casi inoperante. Es más, casi se podría afirmar que, durante el régimen militar, el derecho a la vida, a la integridad física y a la libertad individual poco tuvo que ver con lo que dijeran los Jueces; las decisiones al respecto quedaron al solo arbitrio de quienes integraron el aparato represivo del Estado”.

El fiscal precisó que Duarte se desempeñó como juez a cargo del Juzgado Federal de primera instancia de Neuquén entre el 2 de agosto de 1976 y el 30 de septiembre de 1984, mientras que Ortiz ejerció como procurador fiscal federal de la Fiscalía Federal ante aquel órgano judicial entre el 23 de septiembre de 1976 y el 1 de abril de 1985. Recordó que antes de ejercer su función como juez, Duarte fue auditor de la VI Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén y Ortiz fue secretario del juzgado federal.

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Afirmó que la concurrencia de Duarte al Comando de la VI Brigada de Infantería de Montaña era "periódica" a pesar de haber sido designado juez federal. Por otra parte, su vínculo con el comandante de la brigada, José Luis Sexton, era "estrecho". "Sexton se reunió con el ministro del Interior Albano Harguindeguy quien le propuso que designaran a Duarte como juez", acotó.

Luego del relato de los hechos Palazzani dedicó su presentación a la atribución de responsabilidad de los imputados. "Esos aportes de ambos magistrados se materializaron a través de asignarle cobertura judicial a los crímenes impidiendo el avance de las investigaciones; en tanto ellos tenían conocimiento de los operativos que se estaban desarrollando en el marco de la denominado lucha antisubversiva dentro de la órbita de la Subzona 52 con sede en el Comando de la VI Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén", explicó. Subrayó que la designación de Duarte y Ortiz "estuvo directamente vinculada con la finalidad de garantizar la impunidad de los hechos que ya se estaban ejecutando frente a los cuales los familiares de las víctimas ya se encontraban reclamando ante las autoridades judiciales".

En otro momento de su extensa presentación, Palazzani precisó que "existen evidencias para afirmar que el imputado Duarte tenía acabado conocimiento de la implementación del plan criminal y clandestino a partir del 24 de marzo de 1976 y su rol era brindar la cobertura judicial que permitiese, por un lado, el avance de las acciones que se estaban ejecutando y además consagrando el máximo grado de impunidad para los ejecutores de los hechos que los familiares denunciaban. Cobertura que en muchos casos consistió en imprimir un trámite meramente formal de los hechos denunciados teniendo el conocimiento de la metodología represiva utilizada por las fuerzas armadas y de seguridad". "Les dieron la cobertura legal para cometer los crímenes", aseguró el fiscal general.

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El ex fiscal federal Víctor Marcelo Ortiz está imputado por su actuación en el trámite de los habeas corpus y en las denuncias por secuestros e imposición de tormentos en perjuicio de 23 víctimas del terrorismo de Estado.

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El fiscal recordó la declaración realizada por la dirigente de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) Noemí Labrune en En junio durante una audiencia preliminar de este proceso judicial. "Cuando nos enteramos de que habían designado a un abogado militar para juez federal (por Pedro Duarte), nos dimos cuenta de que no iba a haber justicia", expresó Labrune en esa declaración, tres meses antes de su fallecimiento en septiembre pasado.

"El juzgamiento de estos deportados, quizá en forma tardía e insuficiente, pero no por eso menos valiosa, colaborará con ser de alguna manera la explicación a la denegación de justicia a las víctimas y sus familiares, a la cubierta del Poder Judicial en aquella época", señaló Palazzani.

Consideró que el juicio "permitirá comenzar a sanear la responsabilidad institucional que le cabe al Poder Judicial por el nefasto rol cumplido por algunos de sus integrantes durante la última dictadura militar".

Las víctimas

El juicio abordará la actuación de los ex magistrados en el trámite de los expedientes judiciales iniciados entre 1976 y 1983 por los familiares de las víctimas Orlando Cancio, Milton Gómez, Teresa Oliva, Enrique Esteban, José Delineo Méndez, Susana Mujica, Darío Altomaro, Alicia Pifarré, Josefa Leppori de Mujica, Miguel Ángel Pincheira, Javier Octavio Seminario Ramos, Raúl Eugenio Metz, Graciela Alicia Romero y el hijo de ambos nacido en cautiverio, Raúl Esteban Radonich, Oscar Alfredo Ragni, Arlene Seguel, Carlos Chaves, César Dante Giliberto, Mirta Felisa Tronelli, Cecilia Vecchi, Lucio Espíndola y Carlos Schedan.

Quince de las víctimas se encuentran desaparecidas, entre ellas Graciela Romero, Raúl Eugenio Metz y el hijo de ambos, nacido en el centro clandestino de detención y tortura “La Escuelita” de Bahía Blanca.

Las audiencias continuarán el viernes 3 de noviembre y está previsto otras dos en diciembre. En tanto, declararán más de 35 testigos.

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El fiscal Palazzani consideró que este juicio "permitirá comenzar a sanear la responsabilidad institucional que le cabe al Poder Judicial por el nefasto rol cumplido por algunos de sus integrantes durante la última dictadura militar".

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"Diez años de chicanas judiciales"

"Llegar a este debate es un enorme logro luego de 10 años de chicanas judiciales por los dos imputados que son abogados", expresaron Natalia Hormazábal y Mariana Derni, abogadas del Centro Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh). "Sentar en el banquillo de acusados a jueces y fiscales implica demostrar lo que decimos siempre, y es que el propio plan ideó y planificó la impunidad", señalaron las abogadas que representan a Inés Rigo y Oscar Ragni, por el caso de su hijo Oscar Ragni.

"En tiempos de un nuevo intento de negacionismo sobre lo ocurrido en la dictadura genocida, esta pelea se vuelve más actual que nunca. Seguir esta pelea, para nosotras hoy surge como un tarea de honor para quienes nos proponemos cambiar la sociedad de raíz y retomar las mejores lecciones de esa clase trabajadora que se organizó por transformar la realidad", manifestaron.

Exigen la presencia de los imputados

Al finalizar la audiencia, el fiscal general Miguel Palazzani realizó la solicitud de "presencia física de ambos imputados" en el caso de que presten declaración indagatoria, ya que Duarte y Ortiz actualmente viven en Buenos Aires y este viernes participaron a través de la plataforma Zoom.

Ante el pedido, la defensa se opuso y solicitó que se mantenga la modalidad mixta (presencial y virtual) por "razones fácticas" vinculadas a la "condición etaria" y situaciones de salud de los acusados, que "van a ser puestas a disposición a través de informes médicos".