Hernández sostuvo que entre las principales irregularidades detectadas se encuentran la falta de pago de horas extras, la ausencia de ropa y elementos de trabajo y la cantidad insuficiente de guardias en distintos establecimientos educativos.
De acuerdo con el dirigente gremial, hay escuelas que necesitan contar con tres trabajadores de seguridad, pero solamente tienen dos. Además, afirmó que, en algunos casos, la empresa facturaría por tres empleados aunque en el establecimiento presten servicios únicamente dos.
El secretario general del SIAP consideró que estas situaciones requieren una investigación para determinar si se cumplen las condiciones establecidas en los contratos y si los servicios que se pagan efectivamente se prestan de acuerdo con lo previsto. En ese sentido, cuestionó el papel del Consejo Provincial de Educación (CPE), organismo al que aseguró que ya le plantearon los problemas.
Según manifestó, la falta de respuestas los llevó a presentar el reclamo ante Contaduría General para que se investigue el funcionamiento de la empresa. “Acá el problema no es la empresa que hace las cosas mal, acá el problema es que el Estado permite”, afirmó Hernández al cuestionar la falta de controles sobre la prestación del servicio.
Advierten que hay unos 450 trabajadores afectados
El gremio estimó que las situaciones denunciadas alcanzan a alrededor de 450 trabajadores que se desempeñan en escuelas y otros establecimientos educativos de toda la provincia. Uno de los puntos centrales del reclamo está relacionado con la jornada laboral.
Hernández aseguró que hay empleados que llegan a trabajar entre 240 y 250 horas mensuales, pese a que, según indicó, el convenio establece una jornada de 196 horas. El dirigente sostuvo que parte de esas horas adicionales no se abonarían o se pagarían sin quedar debidamente registradas.
Por ese motivo, reclamó que se investigue cómo se liquidan las horas extras y si existe correspondencia entre el personal y las horas de servicio facturadas por la empresa. “Hay trabajadores que hacen 240, 250 horas mensuales cuando el convenio dice que son 196”, señaló.
A partir de estas denuncias, el sindicato también solicitó la intervención de la Subsecretaría de Trabajo, a cargo de Pablo Castillo, para que la Policía de Trabajo realice inspecciones en los establecimientos educativos y en la propia empresa. El objetivo, explicó Hernández, es verificar las condiciones laborales, controlar el cumplimiento de la normativa vigente y determinar si existen incumplimientos en el pago de los salarios y las horas adicionales.
Reclaman una nueva licitación para las escuelas
Otro de los planteos del SIAP apunta a la continuidad de la contratación de la empresa denunciada. Hernández reclamó que el Gobierno provincial convoque de manera urgente a una nueva licitación para la prestación del servicio de seguridad en las escuelas.
Según indicó, los contratos llevan más de un año bajo un esquema de prórrogas. Para el sindicato, esa situación debe revisarse y dar lugar a un nuevo proceso de contratación que permita establecer condiciones claras y garantizar los controles correspondientes.
El gremio pidió que Contaduría General analice las denuncias y determine si corresponde aplicar medidas contra la firma. Entre las posibilidades planteadas por Hernández se encuentra incluso su exclusión del registro de proveedores del Estado, si la investigación determina que existen motivos para hacerlo.
Presentaron un petitorio y esperan una reunión
Los trabajadores llegaron hasta el edificio ubicado sobre calle La Rioja, en la ciudad de Neuquén, para entregar la documentación y solicitar una reunión con las autoridades de Contaduría General. Durante la protesta, el tránsito permaneció interrumpido sobre calle Carlos H. Rodríguez, en el sector cercano al Ministerio de Economía.
El SIAP anticipó que buscará respuestas de los organismos provinciales involucrados y que espera que se realicen las inspecciones solicitadas para comprobar las condiciones de trabajo en las escuelas.
Por ahora, los planteos corresponden a denuncias formuladas por el sindicato y deberán ser verificados por las autoridades competentes. La investigación solicitada apunta a establecer si la empresa cumple con sus obligaciones laborales y contractuales, y si los organismos provinciales ejercen los controles necesarios sobre un servicio que alcanza a establecimientos educativos de toda Neuquén.
