En una sesión de casi 12 horas, la Cámara de Diputados acompañó la iniciativa impulsada por el presidente Javier Milei.
La Cámara de Diputados otorgó este miércoles media sanción al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como “Súper RIGI”, una de las apuestas económicas del oficialismo para atraer capitales de gran escala vinculados a sectores tecnológicos y de inteligencia artificial. Tras una extensa sesión marcada por fuertes cruces políticos, la iniciativa fue aprobada en general con 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones.
El proyecto recibió el respaldo de La Libertad Avanza y de un amplio grupo de aliados parlamentarios que resultaron clave para alcanzar la mayoría. Acompañaron la propuesta los diputados del interbloque Fuerza del Cambio —integrado por legisladores del PRO, la UCR, el MID y Por Santa Cruz—, además de Innovación Federal, que reúne representantes de Salta y Misiones, el bloque Independencia de Tucumán y Producción y Trabajo de San Juan.
En la votación en particular, los capítulos del proyecto, del 1 al 13, también fueron aprobados por mayoría. Ahora la iniciativa se comunicará al Senado de la Nación, buscando la aprobación total.
No hubo sorpresas en cuanto a las posturas y el voto final de cada uno de los diputados de Neuquén y Río Negro.
Por el lado de nuestra provincia, los tres representantes de La Libertad Avanza, Soldad Mondaca, Gabriela Muñoz y Gastón Riesco, acompañaron la iniciativa. Karina Maureira (La Neuquinidad) también voto a favor de la norma.
"Neuquén es hoy el mayor motor de crecimiento nacional debido a todas las inversiones en petróleo, gas, oleoductos impulsados por el gobierno de Javier Milei", indicó Gabriela Muñóz, en su intervención. Afirmó que inversores "llenaron de elogios y agradecimiento al Gobierno porque ven una oportunidad de crecimiento".
Por su parte, Pablo Todero de Unión por la Patria fue en contra. "Acá escuché hablar de las inversiones de Vaca Muerta. Me pone muy contento que hablen de los récords de Vaca Muerta", expresó el peronista. "Para llegar al superávit energético no es de un día para el otro", afirmó. El diputado de Unión por la Patria afirmó que las inversiones que hoy están produciendo son previas al RIGI y que, sin el régimen, habrían actuado exactamente como están actuando.
De parte de Río Negro, Anibal Tortoriello y Lorena Villaverde de La Libertad Avanza votaron en positivo. Sergio Capozzi de Provincias Unidas se abstuvo y los representantes de Unión por la Patria, Adriana Serquis y Marcelo Mango, votaron en contra de la iniciativa.
La nueva versión del RIGI, creada originalmente a través de la Ley Bases, apunta a captar inversiones de gran escala en sectores tecnológicos y productivos que aún no tienen un desarrollo consolidado en el país. Para ello, propone un esquema de beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios excepcionales, acompañado por garantías de estabilidad a largo plazo para las empresas que adhieran al régimen.
Entre los incentivos previstos figuran rebajas en el Impuesto a las Ganancias, mecanismos de amortización acelerada, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal, créditos fiscales para el IVA, exenciones en derechos de exportación e importación, alícuotas especiales para contribuciones patronales y la eliminación de determinados tributos locales. El oficialismo sostiene que estas herramientas son necesarias para competir con otros países en la atracción de inversiones vinculadas a la innovación y las nuevas tecnologías.
Durante el tratamiento en comisiones se incorporaron modificaciones destinadas a ampliar los consensos políticos. Entre ellas, se sumó como uno de los objetivos prioritarios del Súper RIGI el incentivo al desarrollo de nuevas capacidades técnicas, científicas y tecnológicas que contribuyan al crecimiento y consolidación de nuevas industrias en la Argentina.
La iniciativa también establece que la definición y acreditación de las actividades económicas consideradas como “nuevas industrias” quedará sujeta a los criterios objetivos y parámetros mensurables que determine la reglamentación. De esta manera, será el Poder Ejecutivo nacional el encargado de fijar las condiciones específicas para el ingreso de los proyectos al régimen.
Otro de los puntos centrales del proyecto fija un plazo de cinco años para presentar solicitudes de adhesión, contados desde la entrada en vigencia de la reglamentación. Ese período podrá extenderse por única vez hasta un año adicional mediante un decreto fundado del Poder Ejecutivo, que deberá estar acompañado por una evaluación previa sobre el desempeño del régimen y publicarse en forma simultánea con la decisión de prórroga.
A su vez, el texto contempla incentivos especiales para las inversiones en investigación y desarrollo (I+D). Los desembolsos destinados a esa área podrán computarse por el doble de su valor para alcanzar el monto mínimo de inversión exigido, aunque esa ponderación no podrá superar el 20% del total requerido para acceder a los beneficios.
Como parte de las modificaciones incorporadas en la negociación parlamentaria, se incluyó además la obligación de presentar un plan de desarrollo de proveedores locales. El proyecto exige que al menos el 20% de los bienes, servicios y obras contratados para cada inversión provengan de proveedores nacionales, siempre que exista oferta disponible en condiciones competitivas de precio y calidad.
Finalmente, la iniciativa prevé la creación de un Registro Público de Proyectos del Súper RIGI, que funcionará bajo la órbita de la autoridad de aplicación. El registro será de acceso libre y público, con el objetivo de brindar transparencia sobre los emprendimientos que ingresen al régimen y los beneficios que reciban.