Los libertarios primero convocarán a una sesión para debatir la ley de Defensa de la Soberanía de Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
Luego de dos semanas con muy poca actividad debido a las elecciones en Estados Unidos y a la visita del papa León XIV, el oficialismo retomó las negociaciones con los bloques aliados y dialoguistas en la Cámara de Diputados y se encamina a llevar el proyecto el Presupuesto 2027 al recinto el miércoles 25 de noviembre.
“Lo más importante es que se ratificó el cronograma de trabajo”, explicó un diputado aliado al salir de la reunión de la que participaron, entre otros, Cristian Ritondo (PRO), Pamela Verasay (UCR), Gisela Scaglia (Provincias Unidas) y Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), representantes del oficialismo y autoridades del Poder Ejecutivo.
A pesar de haber confirmado que el plan del oficialismo es firmar el dictamen el martes 17 y que la sesión será el 25, los diputados aclararon que durante la reunión “casi no se habló del Presupuesto”. La discusión giró principalmente en torno al proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas.
El Gobierno convocará antes del Presupuesto a una sesión la semana que viene, el miércoles 18, donde, además del proyecto de Malvinas, se tratarán la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la ratificación de la Enmienda al Protocolo de Montevideo, el Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC-EFTA) y el Mercosur, y otros dos convenios suscriptos entre el Estado nacional y la ciudad de Buenos Aires destinados a profundizar la transferencia de competencias judiciales al ámbito porteño.
Tanto opositores como oficialistas reconocieron que todavía hay una discusión no resuelta en torno al Título VII del proyecto. Mientras los primeros propusieron eliminar todo el Título por completo, la funcionaria de la Secretaría de Legal y Técnica Paula Taddei se comprometió a volver a redactar algunos artículos; aunque los libertarios aclararon que no los borrarán de raíz.
Por ejemplo, el artículo 129 establece que “se entenderá por campaña de injerencia extranjera el conjunto de acciones planificadas y articuladas entre sí, desarrolladas de manera sistemática o sostenida en el tiempo, mediante formas clandestinas, engañosas, coercitivas o ilícitas, y ocultando su origen o su vínculo con el Estado, organización o agente extranjero, con la finalidad de alterar un proceso electoral, afectar sustancialmente la libre formación de la voluntad política de la población, o condicionar el proceso decisorio de las autoridades constituidas de la Nación”.
Algunos aliados advierten que artículos como este no son lo suficientemente claros y podrían afectar la libertad de expresión y el trabajo de las Organizaciones No Gubernamentales. Si no hay cambios, el Título VII podría salir rechazado en el recinto ya que necesita una mayoría especial de 129 votos positivos porque modifica el Código Penal y el régimen de Partidos Políticos.
En la previa de la reunión, desde el PRO celebraron el acuerdo para prorrogar el régimen de promoción del autopartismo, uno de los siete pedidos que el partido fundado por Mauricio Macri le hizo al Gobierno. Se trata de beneficios como la devolución más rápida del IVA, amortización acelerada en Ganancias y 0% de retenciones para exportar lo que producen hasta 2032. Tendrá impacto directo en Córdoba, Santa Fe y la localidad bonaerense de Zárate.
“Una inversión automotriz se planifica a 5 u 8 años, y ninguna empresa arranca un proyecto con un régimen que vence a la mitad. Por eso escuchamos a la industria y llevamos su pedido al Presupuesto: prorrogar las dos leyes juntas, porque funcionan juntas”, publicaron en las redes sociales del partido.
Por otro lado, según pudo saber Infobae, la Casa Rosada y el Ministerio de Economía comenzaron a negociar directamente con los gobernadores una “compensación” por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).
Los gobernadores reclaman desde el año pasado una reducción en el impuesto debido a que el Gobierno incumple con la asignación específica que debería darle a los recursos recaudados: el mantenimiento de las rutas nacionales. A esto se suma el malestar que generó la decisión de la Secretaría de Transporte de otorgar mayores subsidios para las empresas de transporte de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a partir de noviembre para que no suban el precio del boleto.
Las provincias aseguran que con una reducción en ICL podrían bajar costos fijos y contener los aumentos de boletos en el interior del país.
Además, entre los reclamos del PRO sigue pendiente la regularización de las deudas por coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. “Los están conversando Jorge Macri y Toto Caputo”, señalaron a Infobae.
En la misma línea, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, negocia mano a mano con la Casa Rosada la reducción de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 21% al 10,5% para los huevos y sus derivados.
En cambio, entre los pedidos del PRO que todavía no recibieron respuesta se encuentran los cambios a la ley de biocombustibles para proteger a las pymes de Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa, y el reclamo de mayor transparencia en las concesiones viales.
Por su parte, otros espacios como Argentina Federal quieren obtener un compromiso explícito de que el Gobierno aumentará los fondos destinados a Ciencia y Tecnología, al financiamiento universitario y que se eliminarán los artículos originales que recortaban el presupuesto del área de Discapacidad.
Además, pretenden un fuerte aumento en la partida destinada al cumplimiento de la ley de bosques, un punto que siguen con especial atención los diputados de la provincias de Misiones.