El polémico proyecto que busca prohibir los celulares en las cárceles y que los presos paguen sus gastos

La Libertad Avanza presentó una iniciativa que propone modificar las condiciones de detención en las cárceles federales. El proyecto de ley apunta a introducir nuevas reglas para los internos, con cambios en aspectos cotidianos de la vida penitenciaria y en las condiciones para su reinserción social.

La propuesta fue impulsada por el diputado nacional mendocino Álvaro Martínez y contempla la prohibición efectiva de los teléfonos celulares dentro de los penales, la implementación de uniformes según el nivel de peligrosidad y el pago de los gastos de alojamiento por parte de las personas privadas de libertad.

El proyecto busca modificar la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad y plantea medidas para combatir delitos que pueden organizarse desde las cárceles, como estafas, secuestros virtuales, narcotráfico, lavado de activos y trata de personas. También propone cambios en el trabajo penitenciario y en los mecanismos de comunicación con familiares y abogados.

Uniformes y pago de los gastos

Uno de los puntos de la iniciativa establece que los internos deberán utilizar uniformes de acuerdo con una clasificación de peligrosidad dividida en tres niveles: leve, medio y alto. Las prendas serían de color beige o marrón claro y tendrían distintas cantidades de líneas verticales para identificar cada categoría.

Quienes sean considerados de peligrosidad leve llevarían una línea en el frente y otra en el dorso; los de nivel medio, dos líneas, y los de alta peligrosidad, tres. En tanto, las personas próximas a recuperar la libertad utilizarían uniformes lisos.

Martínez sostuvo que la medida no persigue un objetivo discriminatorio, sino que, según afirmó, “se ajusta al principio de igualdad”.

Otro de los cambios propuestos es la creación de un Arancel Único Carcelario (AUC), un pago mensual que deberían afrontar los internos para cubrir los gastos que generan durante su detención, entre ellos alimentación, servicios básicos, asistencia médica y vestimenta.

“La persona que está privada de su libertad debe pagarle al Estado los gastos que genere dentro de la cárcel. A partir de ahora tendrán que pagar la comida, la luz, el agua, la asistencia médica y el uniforme que usan dentro del penal”, afirmó el legislador.

En la misma línea, argumentó: “El ciudadano que trabaja todos los días paga los servicios y la comida de su casa. Quien esté privado de su libertad también deberá hacerse cargo de sus propios gastos. La reinserción comienza aprendiendo a cumplir obligaciones”.

Cómo cambiarían las comunicaciones dentro de las cárceles

La iniciativa también propone modificar los artículos de la Ley de Ejecución de la Pena que regulan el contacto de los presos con el exterior. El objetivo es restringir el uso de celulares particulares y establecer mecanismos de comunicación autorizados y supervisados.

La nueva redacción del artículo 158 contempla que las personas privadas de libertad puedan mantener contacto periódico, oral o escrito, con familiares, representantes legales y profesionales vinculados con su reinserción social. También incluye a representantes de organismos oficiales e instituciones privadas, bajo las condiciones previstas en la normativa.

Por su parte, el artículo 161 establecería que cada interno pueda solicitar al director del establecimiento autorización para comunicarse con una lista limitada de cinco números telefónicos. Los titulares de esas líneas deberán estar identificados y contar con autorización en la instancia judicial de ejecución de la pena.

El texto también contempla el acceso a teléfonos de línea para comunicarse con familiares y abogados, además de videollamadas con defensores para facilitar el acceso a la Justicia y evitar traslados que no resulten necesarios.

Al presentar la iniciativa, Martínez cuestionó el uso de los penales para continuar con actividades delictivas. “Hay que terminar de una vez por todas con el Call Center tumbero. Las cárceles deben servir para reinsertar personas, no para que los delincuentes sigan manejando bandas desde una celda”, sostuvo.

Entre los fundamentos, el proyecto cita la postura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de los derechos de las personas detenidas. El máximo tribunal ha sostenido que conservan aquellos derechos que no hayan sido afectados legítimamente por la condena y que la ejecución de las penas está sujeta a control judicial permanente.

El trabajo penitenciario como herramienta de reinserción

Otro de los ejes de la propuesta apunta a modificar el funcionamiento del trabajo en las cárceles. El proyecto plantea establecer objetivos progresivos de incorporación laboral, promover capacitaciones vinculadas con las necesidades de la economía y modernizar el Ente de Cooperación Técnica y Financiera (ENCOPE).

Además, contempla la participación controlada de empresas privadas, la elaboración de un catálogo nacional de bienes y servicios producidos en establecimientos penitenciarios y la generación de demanda mediante compras del sector público.

Los fundamentos incluyen cifras oficiales del Ministerio de Seguridad Nacional correspondientes al 31 de diciembre de 2024. Para esa fecha, el Servicio Penitenciario Federal alojaba a 11.728 personas privadas de libertad, de las cuales 7.545 percibían alguna suma en concepto de peculio.

Sin embargo, de ese grupo, 2.922 internos realizaban tareas productivas vinculadas con objetivos de reinserción social. Otros 4.623 cobraban por actividades generales de mantenimiento, limpieza, higiene, mayordomía y otras labores denominadas “fajina”.

De acuerdo con esos datos, el 38,72% de quienes percibían peculio desarrollaba actividades consideradas productivas.

La información oficial también señala que el ENCOPE contó durante 2024 con recursos por $25.721.747.525, de los cuales aproximadamente el 75% se destinó al pago de peculios.

En ese escenario, la iniciativa sostiene que la respuesta no debería limitarse a eliminar remuneraciones, sino que tendría que orientarse a transformar las actividades sin finalidad productiva en trabajos que contribuyan a la reinserción social.