Los dos exministros de Desarrollo Social se suman a una causa por administración fraudulenta de pagos a organizaciones sociales que sitiaban Neuquén en 2022.
La investigación judicial por el manejo de fondos destinados a organizaciones sociales en Neuquén se retomó esta mañana con la extensión de formulación de cargos contra los exministros de Desarrollo Social: son Abel Di Luca y Germán Chapino, acusados de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Las acusaciones las llevaron adelante los fiscales Pablo Vignaroli y Rocío Rivero.
La defensa de los imputados intentó que no le formularan los cargos con un argumento que se discutirá en el juicio: sostuvieron que ese decreto que crea el programa de inserción laboral, fue creado por quien estaba a cargo en ese momento del Poder Ejecutivo, el exgobernador Omar Gutiérrez y que los ministros sólo adhirieron. Distinto de la causa de los planes sociales, donde fue el mismo ministerio el creador del programa.
Pero la justicia no hizo lugar al pedido y los dos exministros se suman a una causa que investiga el Ministerio Público Fiscal, un perjuicio económico al Estado provincial alcanza los 1.208.657.600 pesos.
La audiencia fue presidida por el juez Raúl Aufranc y se realizó en el marco de una causa que ya tiene varios imputados y que investiga un presunto esquema de desvío de fondos públicos destinados a programas de capacitación laboral para organizaciones sociales. Según la teoría del caso, esas capacitaciones nunca se realizaron y ahora se suma que los ministros autorizaban los pagos.
La investigación atribuye a Abel Di Luca, ministro de Desarrollo Social entre diciembre de 2021 y octubre de 2022, haber intervenido en la creación del programa y en la firma de un convenio con la cooperativa Viento Sur para ejecutar las capacitaciones.
Según la acusación, Di Luca acordó inicialmente la entrega de $135.626.560 en cinco cuotas entre agosto y diciembre de 2022. Además, se le imputa haber autorizado un pago adicional de $10 millones sin respaldo administrativo, es decir, sin expediente ni norma que lo justificara.
En total, el exministro habría habilitado transferencias por $96.444.640 a la cooperativa mediante decretos y resoluciones firmadas entre agosto y octubre de 2022.
Para la fiscalía, los desembolsos se realizaron pese a observaciones reiteradas de la Contaduría General de la Provincia, que advertían irregularidades en las rendiciones de cuentas.
La acusación sostiene que los fondos fueron girados sin que la cooperativa presentara un plan de trabajo ni acreditara la realización de capacitaciones, lo que habría generado un perjuicio económico al Estado provincial.
La fiscalía también responsabiliza a Germán Chapino, quien asumió como ministro en noviembre de 2022 y permaneció en el cargo hasta diciembre de 2023.
Según la imputación, Chapino continuó la operatoria iniciada durante la gestión anterior y firmó nuevos convenios y adendas con la cooperativa Viento Sur que ampliaron significativamente los montos.
Cuando el defensor Gonzalo Rodríguez preguintó al fiscal Pablo Vignaroli si esos mismos pagos continuaron desarrollándose después del período investigado (fin de la gestión Gutiérrez), el fiscal respondió que se continuó con un solo mes, es decir, con el nuevo minisrto de este gobienro.
Durante la audiencia estuvieron presentes varios de los imputados que ya forman parte del expediente, entre ellos el referente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Diego Mauro, la exdiputada provincial Gabriela Suppicich, además de Ruth Valencia Navarrete, Sonia Barrios, Lilian La Rosa Velázquez y Federico Sánchez.
La causa investiga el uso de fondos públicos en el marco de un programa provincial destinado a la capacitación de integrantes de organizaciones sociales desde 2022 y 2023.
La investigación apunta al Programa de Acciones de Fortalecimiento para la Capacitación de Integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, creado mediante el decreto 1672 del año 2022.
La iniciativa buscaba financiar capacitaciones de inserción laboral para personas en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de facilitar su ingreso al mercado de trabajo o al desarrollo de emprendimientos de la economía social.
Sin embargo, para la fiscalía ese esquema terminó siendo utilizado para canalizar fondos públicos sin que existieran capacitaciones reales ni rendiciones suficientes que acreditaran el uso del dinero.
La acusación sostiene que entre junio de 2022 y diciembre de 2023 se produjo una defraudación al Estado provincial mediante la utilización fraudulenta de esos fondos. Según la hipótesis de los investigadores, las capacitaciones que justificaban los pagos no se habrían realizado o no existen registros que acrediten su ejecución.
El expediente judicial no puede separarse del contexto político y social en el que se implementó ese programa. Durante 2021 y 2022, la ciudad de Neuquén atravesó un período de protestas permanentes de organizaciones sociales, con cortes reiterados de calles y rutas.
Uno de los escenarios más frecuentes de esas manifestaciones fue la Avenida Argentina, el principal eje del centro neuquino. En muchas de esas protestas, cientos de beneficiarios de programas sociales cortaban la circulación y prácticamente sitiaban el centro de la ciudad, generando una situación de fuerte tensión política y social. Los reclamos estaban vinculados justamente al pago de programas sociales y financiamiento para cooperativas y organizaciones.
En medio de ese escenario incluso intervino el Ministerio Público Fiscal, que en distintas oportunidades actuó como mediador en conflictos derivados de los cortes y protestas. Ese clima de presión social aparece ahora como uno de los elementos centrales para comprender el contexto en el que se tomaban decisiones administrativas dentro del gobierno provincial.
De hecho hay registros desde finales de 2021 donde el Ministgerio Püblico Fiscal, a tgravés de la Oficina de Mediación, sella acuerdos conquienes hoy están acusados. Es decir, y según se pudo conocer de la defensa, hasta los fiscales sabían que el gobierno provincial debía pagar para levantar los conflcitos.
De acuerdo con la acusación, durante la ejecución de estos programas la Contaduría General de la provincia realizó observaciones sobre la autorización de pagos. El organismo habría advertido que no existían rendiciones suficientes por parte de algunas organizaciones, lo que debía impedir la continuidad de las transferencias.
Sin embargo, los pagos continuaron autorizándose, incluso uno de ellos hasta después de 2023, cuando el actual gobierno decidió hacer una denuncia. Ese punto forma parte de la hipótesis de la fiscalía sobre el presunto esquema de administración fraudulenta.
Durante la audiencia, los abogados defensores se opusieron a la extensión de la formulación de cargos contra los exministros. El argumento central es que ellos no fueron los creadores del programa investigado.
Según sostuvieron, el decreto que dio origen a esa política pública fue firmado por el entonces gobernador Omar Gutiérrez, mientras que los ministros de Desarrollo Social solo adhirieron a su implementación.
En ese sentido, la defensa planteó que resulta contradictorio imputar penalmente a los exministros cuando la decisión política de crear el programa fue adoptada por el Poder Ejecutivo.
Los defensores también señalaron que el origen de ese programa estuvo vinculado a la conflictividad social que atravesaba la provincia. Según se expuso en la audiencia, el esquema surgió luego de negociaciones con organizaciones de desocupados que realizaban protestas y cortes de calles en la capital neuquina.
En ese contexto se habría alcanzado un acuerdo político con quien en ese momento era el director provincial de Planes Sociales, Ricardo Soiza. A partir de esas negociaciones, el gobierno decidió implementar un programa de capacitaciones de inserción laboral para beneficiarios de planes sociales como forma de canalizar las demandas.
Sin embargo, la investigación judicial ahora busca determinar si esas capacitaciones realmente se realizaron o si el programa terminó funcionando como un mecanismo para desviar fondos públicos.
El expediente por el manejo de los programas sociales se convirtió en uno de los casos judiciales más sensibles de la política neuquina de los últimos años. La investigación no sólo analiza el destino de más de 1.200 millones de pesos de fondos públicos, sino también el contexto político en el que se tomaban las decisiones administrativas.