Son empleados que faltaron reiteradamente a sus puestos laborales. La sorprendente respuesta que dieron en los sumarios. "Se tomaban meses sin avisar", dijeron.
La Municipalidad de Centenario aplicó el mismo día cuatro cesantías a empleados de planta permanente por abandono de servicio. Los decretos, firmados el 29 de abril por el intendente Esteban Cimolai y publicados en el Boletín Oficial municipal hace unos días.
Son agentes que cerraron sumarios administrativos que venían tramitándose desde 2024 y 2025. Son sumarios largos, como todo proceso juidicial administrativo, que tiene instancias de apelación y plazos.
Pero no serán los únicos. Mariano Brague, subsecretario de Recursos Humanos, confirmó a LM Neuquén que hay otros 70 sumarios en curso, aunque aclaró que no todos terminarán necesariamente en despidos.
Brague destacó que la Dirección de Sumarios funciona de manera completamente independiente del Ejecutivo municipal en términos de interferencias políticas.
Según explicó, el área política no interviene en ninguna etapa del proceso y ni siquiera conoce los nombres de los sumariados hasta que los expedientes se terminan, precisamente para garantizar la objetividad y el derecho de defensa de cada agente.
El caso que tiene mayor atención es el de una agente que, al momento de ejercer su defensa, alegó que sus inasistencias obedecían a situaciones de violencia de género y cuadros depresivos.
El decreto reconoce que esas circunstancias fueron analizadas con perspectiva de género, pero concluye que la empleada no acompañó certificaciones médicas ni constancias de tratamiento, y que tampoco recurrió a los mecanismos formales para justificar sus ausencias. La sanción se aplicó igual.
Los otros tres casos siguieron una lógica similar. Dos empleados invocaron problemas de salud mental, consumo problemático o dificultades psicológicas y familiares, sin respaldo documental. El tercero directamente no logró desvirtuar los hechos imputados.
Brague señaló que el denominador común de los cuatro fue el mismo: que ninguno presentó documentación respaldatoria pese a haber tenido todas las instancias para hacerlo.
Las inasistencias injustificadas se extendieron en algunos casos por más de diez meses. En cada etapa, el municipio notificó formalmente a los agentes y los convocó a las instancias probatorias, con amplia posibilidad de aportar pruebas y ejercer su defensa.
El procedimiento, explicó Brague, funciona de manera similar a un proceso judicial, con plazos y prórrogas, y queda abierta además una instancia judicial posterior.
Tres de los cuatro cesanteados registraban antecedentes disciplinarios previos, lo que el municipio tomó como agravante para descartar sanciones menores. Brague remarcó que la gestión tiene una mirada integral sobre el empleado público y que el municipio cuenta con un equipo de psicólogos para acompañar a los agentes, un recurso que, según destacó, no es habitual en otros organismos.
Los decretos advierten que se revisará si los cesanteados cobraron sueldos durante los períodos en que no concurrieron. De confirmarse pagos indebidos y agotarse la vía adminitrativa, el municipio podría iniciar acciones judiciales de recupero para resguardar el patrimonio público.
Al inicio de la gestión en 2024, Cimolai recibió pases a planta permanente de unos 125 empleados y otras 250 recategorizaciones, como herencia de la gestión anterior. Los convalidó y mucha de la masa salarial se fue a esos salarios.
Decreto 0269 — Empleado de planta permanente. Acumuló inasistencias injustificadas de manera sostenida entre el 23 de septiembre de 2024 y el 7 de julio de 2025. En su declaración indagatoria alegó problemas de salud mental y consumo problemático, pero no acompañó ninguna documentación que respaldara esas afirmaciones. El sumario concluyó con la causal de abandono de servicio.
Decreto 0270 — Empleada que se desempeñaba en funciones de maestranza y mantenimiento en el Centro de Atención Municipal Trahun Hue, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Social. Dejó de concurrir regularmente a partir de agosto de 2024 y registró inasistencias hasta junio de 2025. Alegó problemas psicológicos y familiares sin presentar pruebas. Tenía antecedentes disciplinarios previos.
Decreto 0271 — Empleado que registró inasistencias injustificadas entre el 24 de enero y el 27 de junio de 2025. Fue intimado formalmente el 2 de julio de ese año a regularizar su situación, sin que cumpliera el requerimiento. También contaba con antecedentes disciplinarios anteriores vinculados al incumplimiento de sus obligaciones funcionales.
Decreto 0272 — Empleada, es el caso más resonante del lote. Registró inasistencias en varios bloques entre abril y julio de 2025. Al ejercer su defensa alegó situaciones de violencia de género y cuadros depresivos. El decreto reconoce expresamente que el caso fue analizado con perspectiva de género, pero concluye que no presentó certificaciones médicas ni constancias de tratamiento, y que tampoco tramitó licencias por los canales formales disponibles. Tenía antecedentes disciplinarios previos. La cesantía se aplicó igual.