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El Concejo Deliberante allana el camino para aprobar, a más tardar en agosto, el marco regulatorio y el contrato de concesión del EPAS. Será un paso decisivo para fijar las reglas de la prestación del servicio de agua y cloaca en la capital, pero los graves problemas de fondo que afronta la empresa en la ciudad parecen estar todavía muy lejos de ser resueltos.
La que termina fue una semana difícil para la empresa con la rotura de dos acueductos que dejó sin el servicio a miles de vecinos. Pero las averías crónicas y la saturación de la red cloacal que brotan por doquier en la ciudad agravan el problema por la contaminación que supone.
En el marco de la comisión especial abierta en el Deliberante para tratar el tema del contrato, el presidente del bloque del MPN, Atilio Sguazzini, no dejó lugar a dudas respecto del sombrío panorama: dijo que ni siquiera la empresa puede monitorear en tiempo real la calidad del servicio de saneamiento ni de agua potable. Se comparó que, mientras CALF administra 112 mil conexiones, el EPAS contabiliza apenas 40 mil clientes. Ergo, hay más de 60 mil conexiones de agua en la clandestinidad a costos prácticamente imposibles de medir.
Con una ley que data de la década de los ‘80 y una dependencia directa del Ejecutivo, el EPAS precisará del concurso de la nueva Legislatura que arrancará en diciembre para hacer los cambios drásticos de estructura, sin contar que precisará del ENHOSA de Nación para salir a buscar el millonario financiamiento que requerirá modernizarse. Como se ve, el problema supera al municipio capitalino y hasta la próxima administración provincial por no mencionar lo incierto del escenario que viene a nivel país.