{# #} {# #}
Tuvo algunas modificaciones y esta semana podría tratarse en el recinto de la Legislatura neuquina.
El proyecto de ley contra la violencia hacia los docentes podría tratarse en el recinto de la Legislatura neuquina esta semana. La iniciativa, que había sido presentada por ATEN, tuvo algunas modificaciones al pasar por la Comisión de Legislación de Trabajo y Asuntos Laborales (I) y ahora será debatida en el ámbito de Asuntos Constitucionales (A).
El objetivo, según confiaron fuentes legislativas, es que el proyecto pueda convertirse en ley. La norma consta de nueve artículos, en los cuales se establece que ante la existencia de una agresión se determinen los ámbitos en el que se debe actuar.
En este sentido, se evaluará si corresponde al administrativo, cuyo encargado será “la autoridad educativa competente, a través del procedimiento que establezca la reglamentación, garantizando el derecho de defensa de las partes intervinientes”.
O si, en cambio, esto será competencia del ámbito contravencional, por los jueces de Faltas, conforme a las actuaciones elevadas por la autoridad policial o administrativa, o al ámbito penal, por el Poder Judicial, a instancia del Ministerio Público Fiscal.
El artículo cuarto establece las “Medidas preventivas”, donde el Estado provincial, a través del Consejo Provincial de Educación y de los ministerios, debe garantizar un entorno educativo seguro mediante protocolos de actuación ante situaciones de violencia y dispositivos de seguridad física y electrónica en los establecimientos escolares.
También la formación obligatoria en resolución pacífica de conflictos, derechos laborales y convivencia escolar, jornadas institucionales entre las escuelas y la comunidad para fortalecer los lazos comunicativos y de abordaje de la convivencia escolar; junto con espacios de orientación y contención institucional con el asesoramiento de especialistas para abordar situaciones de violencia.
La norma prevé la creación de una comisión interinstitucional para la Prevención de Violencia en el Ámbito Educativo, que estará integrada por el Consejo Provincial de Educación (CPE), el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Educación y gremios docentes legalmente reconocidos.
La Comisión tiene funciones consultivas y debe proponer políticas públicas, reformas normativas, capacitaciones y estrategias de prevención.
En el artículo sexto se estipula que “será sancionada con multa de entre 1 a 100 jus, trabajo comunitario hasta de 20 jornadas o arresto hasta de 30 días toda persona que ejerza violencia contra un trabajador de la educación en ejercicio de sus funciones”.
A su vez, cuando el daño sea cometido por un agente público provincial o municipal, además de las sanciones mencionadas, podrá aplicarse la suspensión inmediata sin goce de haberes, cesantía en casos de agresión grave, con dictamen fundado e inhabilitación para ejercer cargos públicos por un plazo hasta de 5 años.
Por otra parte, cuando el daño sea cometido “por un menor de edad, sus padres o representantes legales serán responsables indirectos y tendrán la obligación de participar, junto al menor, en instancias de intervención en conjunto con los equipos interdisciplinarios de orientación o mediación institucional”.