En los últimos años se observó un incremento en la cantidad y el tenor de hechos violentos ejercidos contra docentes y directivos de instituciones educativas.
A raíz de los hechos de violencia hacia las docentes del IFD 12, ATEN presentó un plan de protección integral de los trabajadores de la educación. El objetivo es establecer medidas para evitar que sufran agresiones y garantizar un ambiente de trabajo seguro y libre de violencia.
El proyecto de ley presentado este lunes ante la Legislatura Provincial, considera agresión a cualquier acto físico, verbal, psicológico o simbólico hacía el personal educativo siempre que sea ejercido por personas ajenas al ámbito de la educación. Los hechos de violencia no solo afectan a la victima, sino que repercuten en toda la comunidad educativa, principalmente en los estudiantes.
Una de las medidas propuestas es que las instituciones cuenten con personal de seguridad y/o medidas electrónicas de protección. Por otro lado, en caso de aprobarse la ley, el Estado deberá constituir una comisión especial con el fin de discutir y proponer medidas de seguridad, prevención y protección.
En cuanto al acompañamiento de las victimas, el proyecto prevé que el Gobierno garantice asistencia médica, psicológica y legal de manera gratuita. Además el hecho tendrá que ser denunciado por el empleador ante la ART, la cual deberá hacerse cargo de los gastos médicos en caso de que los hubiera.
Las sanciones propuestas por ATEN, en el Artículo 7, incluyen multas de entre diez a cien JUS, o arresto de hasta 30 días para quienes ejecuten cualquier tipo de agresión contemplada.
Otra propuesta de ley en Neuquén
En 2024, tras la agresión de un padre a un directivo en una escuela de Plottier, Agustín Sánchez, asesor pedagógico de la EPET 27 y licenciado en Psicopedagogía y Gestión Educativa, ideó un proyecto de ley para crear un régimen contra la violencia hacia docentes y directivos.
Ante los hechos recientes de violencia en el IFD 12, se volvió a instalar la necesidad de protección. "Este proyecto lo que hace es replicar leyes que ya existen en Buenos Aires o Mendoza", comentó Sánchez.
Esta ley está dirigida sobre todo a faltas contravencionales. Al apuntar contra los insultos o agresiones menores, se busca evitar que la violencia escale hasta tomar mayor dimensión. "Hay padres que ingresan, insultan, hacen escándalos y eso repercute directamente en la autoridad pedagógica del docente o el directivo", argumentó.
Si bien muchos establecimientos educativos cuentan con guardias de seguridad y cámaras de vigilancia, en muchas ocasiones los padres ingresan por cuestiones menores y en medio de la reunión se genera la situación violenta.
El proyecto presentado por Agustín Sánchez, fue recibido en mesa de entrada y espera que pronto ingrese a comisiones para ser tratado por diputados.
El plan estipula que una vez demostrada la agresión, un juez de faltas o de paz determinará que sanción corresponde. En cuanto a la multa esperada, expresó que sería muy educativo que los alumnos vieran al agresor haciendo tareas comunitarias como limpieza, preparación de las meriendas o trabajos de pintura.
"Es como toda ley que desestima comportamientos. Así como necesitamos las cámaras y las multas para que la gente deje de pasar en rojo por los semáforos", comparó.
Agresión a docentes del IFD 12
Hace más de una semana, una madre ingresó acompañada al IFD 12 donde se produjo una violenta escena. En este hecho, la directora y vicedirectora de la institución fueron golpeadas. El origen de la pelea fue que una maestra había llamado la atención de su hija, alumna de sexto grado.
La madre tenia la entrada prohibida al recinto debido a que ya había amenazado al personal. Sin embargo, ingresó de manera pacífica y cuando llegó a dirección se desencadenó la agresión.
Además de los golpes, continuó las amenazas diciendo que iba a averiguar dónde vivía la maestra que llamó la atención a su hija, para encontrarla y pegarle.
En este contexto, Sánchez opinó que los educadores tienen autoridad para proponer este tipo de correcciones o señalamientos en el aula. Agregó que el accionar violento de padres hacia docentes repercute en la potestad que tengan sobre los alumnos, ya que no pueden manejar la clase y esto termina perjudicando también a los estudiantes en su formación académica.
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