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La primera testigo del juicio era una joven beneficiaria de un plan social del Ministerio de Desarrollo Social. Cuando bloquearon su tarjeta, fue a pedir otra al banco y se enteró de la maniobra.
Durante la segunda jornada del juicio por la estafa con planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social de Neuquén, una joven beneficiaria de un plan se presentó como testigo y detalló como era la maniobra delictiva que investiga la Fiscalía. Aseguró que una referente barrial le pidió sus datos para tramitar una cuenta en el Banco Provincia de Neuquén (BPN) pero le retuvo la tarjeta de débito y sólo le entregaba 4 mil pesos mensuales en efectivo. A cambio, le exigía colaborar con campañas políticas del Movimiento Popular Neuquino (MPN).
La joven de 22 años, que vive en un barrio del oeste de Neuquén capital, solicitó reserva para su nombre y pidió que no se difundan fotografías de ella durante su declaración como testigo del juicio. El mediático proceso judicial busca determinar la responsabilidad de 14 acusados de integrar una asociación ilícita que defraudó al Estado provincial por un monto hoy actualizado a los mil millones de pesos, que debían ser destinados como ayuda económica a los desocupados.
Ante las preguntas del fiscal Juan Manuel Narváez, la joven explicó que en 2021, cuando ya había alcanzado la mayoría de edad, realizaba changas ocasionales para reunir dinero y ayudar a su mamá mientras ella seguía sus estudios para terminar la secundaria. Fue entonces cuando la suegra de su tía, a la que identificó como Giselle Tarifeño, le ofreció anotarse para recibir un plan social.
Según explicó, la mujer le contó que administraba un merendero en su casa del barrio San Lorenzo, en el oeste de Neuquén, y que por eso podía solicitar ayudas del Estado a cambio de que ella realizara algunas tareas en ese espacio de contención. "Me pidió la fotocopia de mi DNI y que firmara una planilla. Pero yo conozco su casa y nunca tuvo ahí un merendero, lo que nos pedía hacer era campaña política", aclaró.
La joven acudió al banco a realizar el trámite para obtener la tarjeta de débito. Aunque no recordaba la documentación que le solicitaron, sí aseguró haber firmado el recibo de su tarjeta. "Al principio yo no quería entregarle el plástico, porque quería saber cuánto era que pagaban, pero ella me insistía, me decía 'traeme eso, traeme eso', y como no veía nunca plata depositada, pensé que le tenía que llevar el plástico para que ella hiciera algún trámite y así empezar a cobrar", detalló.
Ante las preguntas del Fiscal y la Defensa, la joven explicó que la mujer se quedó con su tarjeta y le pidió la clave bancaria. "Me dijo que ponga una fácil y que después ella la iba a cambiar". Agregó que realizó el trámite de apertura de cuenta en 2021 y que la mujer la citaba en su casa para entregarle dinero en efectivo, por una suma de 4 mil pesos por mes, que luego ascendió a 6 mil pesos.
La joven aclaró que la referente barrial le escribía mensajes sólo para citarla en su casa, donde le daba indicaciones o le entregaba el dinero en efectivo. "Nunca me decía nada que la pudiera compromete por mensajes, sólo en persona", dijo. Ella no volvió a tener acceso a su tarjeta de débito y tampoco sabía cuál era el monto real del plan social.
Según explicó, la joven compartía un grupo de WhatsApp con otros 8 o 9 personas que también recibían el beneficio. A cambio, no debían colaborar en un merendero sino asistir a algunos eventos políticos del MPN y compartir en sus redes sociales, como publicaciones de Facebook o estados de WhatsApp, fotos o videos de campaña.
Consultada por la Defensa, la joven aclaró que no recordaba si hubo o no elecciones en 2021 o 2022, o quiénes eran los candidatos que aparecían en los videos que ella compartía. Si recordó que Tarifeño les solicitaba a todos enviarle capturas de pantalla para demostrar que estaban difundiendo las imágenes en sus redes. A su vez, señaló que no conocía a los otros integrantes del grupo, más allá de los momentos que compartían en los encuentros políticos.
Por otro lado, explicó que nunca interactuó con nadie del partido ni sabía si Tarifeño respondía o no a un cabecilla político.
La joven siguió con las actividades por un periodo aproximado de un año, entre 2021 y la primera mitad de 2022. "Yo hacían changas y había hecho muchos cursos, pero nunca había tenido la posibilidad de tener algo fijo", dijo sobre su primera actitud de gratitud hacia la ayuda que recibía.
Pero todo cambió a mitad de 2022, cuando se enteró de que habían bloqueado su tarjeta de débito. "Ella me dijo que la habían bloqueado y que era algo normal, que a veces pasaba. Yo nunca había tenido banco ni tarjeta y ni mi mamá ni ningún mayor me alertó de nada", expresó.
Ante esa situación, dijo que la mujer le sacó un turno para concurrir a una sucursal del BPN. Allí, un empleado del banco le explicó que la cuenta estaba bloqueada porque detectaron que se hacían extracciones muy altas y de distintos lugares, un comportamiento inusual para un plan social.
"Me dijo que me fije, que era una estafa. Ahí me asusté y fui a hablar con el presidente de la vecinal del barrio, que me ayudó a hacer la denuncia", dijo sobre la denuncia que realizó ante Delitos Económicos en agosto de 2022.
"Yo al principio me asusté y me enojé, me dijeron que sacaban 40 mil o 60 mil pesos por día y yo cobraba 4 mil por mes", afirmó desde el estrado. Antes, a la joven le había molestado saber que la mujer no administraba ningún merendero, pero aseguró que había aceptado de todos modos porque nunca había tenido ingresos fijos y necesitaba el dinero para colaborar con su mamá, que trabaja como placera en la Municipalidad.
Este martes se celebró la segunda jornada, y la primera con presentación de testigos, del megajuicio por la estafa con planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social. El proceso busca determinar la responsabilidad de 14 imputados, a los que se acusa de haberse quedado con el dinero de planes sociales de desocupados por un monto que, actualizado, alcanza los mil millones de pesos.
Pese a que estaban citados más testigos, una serie de debates procesales entre la Fiscalía y la Defensa derivaron en la decisión de desistir de algunos testigos convocados o de modificar el cronograma para citarlos el miércoles, ya que algunos pretendían exhibir presentaciones de diapositivas que no habían sido presentadas entre la documentación y, por lo tanto, no habían sido analizadas por todos los defensores.
Para la Fiscalía, la estafa fue perpetuada por una estructura delictiva dentro del ministerio de Desarrollo Social, integrada por funcionarios, empleados públicos y particulares, organizada en cinco niveles jerárquicos, desde exministros hasta empleados rasos y beneficiarios fantasmas.
Según la acusación, los cabecillas de la organización fueron Ricardo Soiza (exdirector de Planes Sociales), Néstor Pablo Sánz (exdirector de Fiscalización), Marcos Osuna (Departamento de Gestión de Programas), Abel Di Luca (exministro de Desarrollo Social) y Tomás Siegenthaler (Coordinador de Administración). Los tres primeros ya cumplieron prisión preventiva domiciliaria.
A ellos se suman funcionarios de Finanzas y Tesorería, recaudadores, extractores de dinero y presuntos testaferros. Todos están imputados por asociación ilícita, fraude a la administración pública y defraudación especial, entre otros cargos.