Este lunes se iniciará la primera jornada con 14 acusados de quedarse con dinero de los desocupados a través de tarjetas del BPN. Arde la campaña electoral.
Uno de los allanamientos con cajas de expedientes de planes sociales.
Este lunes 21 de julio, a las 8.30, comenzará en la Ciudad Judicial de Neuquén uno de los juicios más esperados y polémicos de los últimos años. El proceso por la megacausa de los planes sociales, donde se investigan 9303 fraudes cometidos entre 2020 y 2022, en el manejo de planes y tarjetas de Desarrollo Social.
La estafa supera los $1.000 millones actualizados (eran $153,3 millones a valor histórico) y tiene en el banquillo a 14 personas acusadas de integrar una asociación ilícita para apropiarse de fondos destinados al subsidio por desocupación.
La fiscalía, encabezada por Pablo Vignaroli y Juan Manuel Narváez, sostendrá que en ese período funcionó una estructura delictiva dentro del ministerio de Desarrollo Social, integrada por funcionarios, empleados públicos y particulares, organizada en cinco niveles jerárquicos, desde exministros hasta empleados rasos y beneficiarios fantasmas.
Según la acusación, los cabecillas de la organización fueron Ricardo Soiza (exdirector de Planes Sociales), Néstor Pablo Sánz (exdirector de Fiscalización), Marcos Osuna (Departamento de Gestión de Programas), Abel Di Luca (exministro de Desarrollo Social) y Tomás Siegenthaler (Coordinador de Administración). Los tres primeros ya cumplieron prisión preventiva domiciliaria.
A ellos se suman funcionarios de Finanzas y Tesorería, recaudadores, extractores de dinero y presuntos testaferros. Todos están imputados por asociación ilícita, fraude a la administración pública y defraudación especial, entre otros cargos.
Estafa con planes sociales: arrepentidos y sobreseídos
Las penas que podrían recibir los principales acusados oscilan entre 6 y 8 años de prisión efectiva. Además, la Fiscalía de Estado les inició una demanda civil para recuperar el dinero robado, con embargos y futuros remates de bienes en juego.
La causa generó mucho revuelo en la política neuquina, y ya tiene 9 condenados con pena en suspenso por aceptar su culpabilidad. Y también cuenta con 4 arrepentidos de todo el proceso delictivo. Son Cristian Vergara, Paola Zeballos, Analía Schrer y Lucía Soto. Pasaron de ser imputados a testigos protegidos, tras declarar en contra de sus exjefes.
Además, hay un imputado más, Julio Arteaga (auditor de la Contaduría General), cuyo juicio fue postergado por razones de salud.
El juicio llega en un momento político muy caliente para Neuquén y el país, en plena definición de listas de cara a las elecciones del 26 de octubre. Y todo lo que sé de a conocer pareciera tomar relevancia en un círculo rojo.
La sentencia podría conocerse antes del 26 de octubre, en plena campaña para las elecciones nacionales. Pero si bien el período investigado abarca hasta 2022, aparecen preguntas sobre por qué no se fue más atrás en el tiempo, y sobre la ausencia de figuras de alto perfil político y de responsabilidad entre los acusados y testigos.
El gobernador Rolando Figueroa ya manifestó en su momento el hecho de que quiere que los responsables de la estafa estén condenados. Incluso se preguntó públicamente por qué no hay acusados del Banco Provincia del Neuquén, ya que muchas extracciones se hicieron mediante tarjetas de débito.
Juicio maratónico con más de 200 testigos
El juicio se desarrollará hasta el 12 de septiembre, con audiencias todos los días hábiles en la sala 12 de la Ciudad Judicial, acondicionada especialmente. Declararán 211 testigos, una cifra récord para un proceso provincial.
Los jueces que integran el tribunal son Juan Guaita, Juan Kees y Luciano Hermosilla. Las defensas estarán a cargo de una docena de abogados particulares y defensores públicos, e incluso un imputado se representará a sí mismo. Es el abogado Alfredo Cury, quien también defenderá a Soiza.
El proceso que se inicia este lunes podría darle otro condimento a la campaña electoral, reabrir viejas internas políticas en este tiempo donde hay un mercado abierto de pases en la política, con actores que se pasan de un partido a otro.
Según la investigación, el esquema funcionaba con cinco niveles de responsabilidad, con un núcleo de poder que orquestaba la maniobra desde dentro del ministerio. En la cúpula de la asociación ilícita figuran Soiza, Sanz, Osuna, Di Luca y Siengentharler, quienes ocupaban cargos de alto poder en la administración de los planes sociales.
Son señalados como los principales jefes de la asociación ilícita. Debajo de ellos, la pirámide se completaba con colaboradores, recaudadores, reclutadores y beneficiarios que habrían participado en la ejecución del fraude, el cual involucra 9.303 estafas con fondos públicos.
Dado el volumen de la causa y la cantidad de imputados, se espera un debate extenso, que podría prolongarse por más de dos meses. Mientras tanto, el escándalo de los planes sociales sigue generando repercusiones en la provincia, dejando en evidencia las fallas del sistema de control sobre los fondos públicos.
"Todos aceptaron haber integrado la asociación ilícita y haber realizado tareas complementarias, como extraer dinero de los cajeros automáticos o cobrar cheques, para luego entregar la recaudación a los imputados a los que se les atribuye mayor responsabilidad dentro de la maniobra", precisaron desde el Ministerio Público Fiscal.
Quién es Ricardo Soiza
Ricardo Soiza fue director de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Territorial de la provincia y está acusado como jefe de una asociación ilícita que utilizó herramientas propias de la cobertura social para defraudar al Estado.
Permanece en prisión preventiva desde julio de 2023 y es una de las personas a quienes, como jefes o partícipes, la fiscalía les imputa el delito de asociación ilícita, en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjeta de débito, 9.303 hechos en concurso real (artículos 210, segundo párrafo; 163, inciso 15; 174, inciso 5; y 45 del Código Penal).
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