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Este jueves, dos imputados reconocieron los hechos y se acordaron las condenas. En la pirámide de responsabilidades ocupaban los niveles más bajos.
Dos de los imputados en la causa de la estafa con planes sociales reconocieron su participación en la asociación ilícita y zafaron de ir a juicio. En cambio, fueron condenados mediante un procedimiento abreviado. Así, la responsabilidad de las restantes 15 personas imputadas, entre jefes e integrantes de la organización criminal, se definirá en juicio.
El acuerdo fue anunciado por el fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Juan Narvaez este jueves, apenas iniciada la audiencia en la que las partes debían informar a la jueza Carina Álvarez los puntos en los que se habían puesto de acuerdo para reducir el listado de testigos que inicialmente iban a ser convocados al juicio. La magistrada homologó las condenas a las que se arribó mediante el acuerdo de partes y, en la misma audiencia, continuó con el control de las evidencias y testigos.
Todas las personas imputadas comparten la acusación por asociación ilícita, en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por la utilización de tarjeta de débito sin la debida autorización de su titular, todo ello en concurso real por tratarse de 9303 hechos, en calidad de coautores. En el nivel superior de la pirámide, la imputación es por la calidad de “jefes”, lo que agrava su situación.
Los imputados que zafaron del juicio son Ulises Omar Rodríguez Quezada y Aaron Escobar, quienes, en la pirámide de responsabilidades que estableció la fiscalía en relación con la estructura de la asociación ilícita, ocupaban los niveles más bajos. La dinámica de las estafas investigadas establece que los jefes de la organización estructuraron un sistema de planes sociales destinados a paliar situaciones de desempleo que finalmente no cumplieron ese objetivo, sino que se utilizaron mediante cobros con cheques y tarjetas de debido, para hacerse con fondos públicos.
Ambos limitaron su participación al cobro de cheques: Rodríguez Quesada cobró 46 cheques por un total de $2.163.000, mientras que en el caso de Escobar, los cheques fueron 61, por la suma de $2.365.600. El dinero siempre fue entregado a otras personas y no varió su situación económica.
Al momento de definir la imputación, la semana pasada, la jueza ya había retirado los cargos por defraudación especial por el uso indebido de tarjeta de débito sin la autorización del titular respecto de Rodríguez Quezada. El acuerdo amplió esa condición a Escobar, ya que no participaron de las extracciones de dinero con esa modalidad.
Respecto de Rodríguez Quezada y Escobar, Vignaroli planteó que “el rol que cumplieron aportó a la extracción, pero no es comparable a quienes tuvieron una mayor incidencia en la asociación. Eso es lo que nos permite evaluar su responsabilidad penal” y pidió a la jueza que imponga 3 años de prisión en suspenso, más los controles de la Dirección de Población Judicializada y la realización de 432 horas de trabajos no remunerados. El fiscal jefe explicó que respecto del perjuicio económico, la fiscalía de Estado inició acciones para reclamar el resarcimiento a todas las personas imputadas.
Tanto en los acuerdos presentados hoy como en los que se realizaron desde fines de 2024, el Ministerio Público Fiscal tuvo el objetivo de centralizar la acusación en los niveles superiores de responsabilidad.
Tras escuchar a las partes, la jueza hizo lugar a los acuerdos, ponderó el reconocimiento de su participación por parte de los imputados, y consideró fundada la acusación de la fiscalía, por lo que declaró la responsabilidad penal de ambos y les impuso la pena de 3 años de prisión condicional. La audiencia con el control de la prueba proseguirá la próxima semana.
Con esa estructura, la organización se apropió de $153.377.900 (monto histórico, sin actualizar), con roles y funciones predeterminados para cada uno de sus integrantes, En audiencias previas se acordaron cinco condenas a prisión condicional y hay otros dos casos que resta resolver. En la cúpula de la asociación ilícita figuran Ricardo Soiza, Néstor Sanz, Marcos Osuna, Abel Di Luca y Tomás Siengentharler, quienes ocupaban cargos clave en la administración de los planes sociales.
Uno de los niveles investigados es el de los colaboradores. Irán a juicio Luis María Gallo, quien hasta enero de 2022 fue el director de Finanzas del Ministerio de Desarrollo Social, y Laura Carolina Reznick, que fue la sucesora en el cargo y continuadora de la maniobra. También surge la figura de Julieta Oviedo, directora de Tesorería del Ministerio, que tenía un rol crucial en la operativa. Era responsable de ejecutar las acreditaciones bancarias y librar los cheques de manera irregular.
En tanto Julio Norberto Arteaga, auditor de la Contaduría General, facilitaba que el esquema continuara mes a mes al omitir observar las irregularidades en los expedientes y emitir informes de control que daban apariencia de legalidad a las operaciones.
Isabel Natalia Montoya, está sindicada por cumplir este rol, gestionaba los datos de los supuestos beneficiarios y entregaba las tarjetas de débito y las claves PIN a los responsables de la extracción del dinero.
Valeria Noemí Honorio está acusada de cobrar cheques que no les correspondían y retirando dinero con tarjetas de débito de beneficiarios ficticios. Gestionó 43 cheques por 2.043.900 pesos. También figura en este nivel Ariel Oscar Krom, quien cobraba cheques fraudulentos. Montos implicados: cobró 20 cheques que ascendían a 968.000 pesos. Por último, está Emmanuel Rodolfo Victoria Contreras como cobrador de cheques y dinero de tarjetas de débito sin autorización. Montos implicados: participaba en las extracciones de dinero fraudulentas.
Para la fiscalía, hay dos beneficiados por la maniobra que irán a juicio. Alfredo Andrés Cury, aceptó fondos del subsidio a pesar de no cumplir con los requisitos. Montos implicados: recibió parte de los fondos desviados. En segundo lugar, Fernando Cardozo Regidor, se benefició de los subsidios sin cumplir con los requisitos establecidos. Montos implicados: recibió fondos desviados.