Están investigados por la causa de la Cooperativa, que recibió más de 2 mil millones y nunca rindió el dinero al Estado provincial. Investigarán otros cuatro meses.
Se amplía la investigación por supuesto fraude contra los dos exministros de Desarrollo Social de la provincia de Neuquén, implicados en los pagos a la Cooperativa Viento Sur, que nucleaba a las organizaciones sociales y partidos políticos que cortaban la Avenida Argentina durante la pandemia. Hay 2 mil millones de pesos en el foco de la investigación.
La Justicia resolvió extender por cuatro meses el plazo de investigación y habilitó una batería de medidas de prueba que pueden resultar determinantes, entre ellas pericias sobre teléfonos celulares y análisis contables de los pagos.
La decisión fue tomada por la jueza de garantías Natalia Pelosso, a pedido de las defensas de los exministros de Desarrollo Social Germán Chapino y Abel Di Luca, quienes argumentaron que no contaron con tiempo suficiente para preparar su estrategia tras la formulación de cargos realizada el pasado 4 de marzo.
Desde el Ministerio Publico Fiscal, la fiscal Rocío Rivero y el asistente letrado Facundo Bernat advirtieron que todavía restan medidas para sostener la acusación.
Entre ellas aparece un punto que es el análisis de información extraída de teléfonos celulares, que podría aportar datos sobre comunicaciones, órdenes internas y el circuito de decisiones dentro de la cooperativa y el área estatal.
A eso se suman informes requeridos al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social, un estudio contable sobre los pagos realizados y cruces de información financiera. La causa ya fue declarada compleja, lo que habilita este tipo de prórrogas.
El expediente investiga una presunta defraudación agravada contra la administración pública vinculada al manejo de fondos del programa creado por el decreto 1672/2022, que fue creado durante la administración del exgobernador Omar Gutiérrez, que habilitó capacitaciones y planes laborales.
El dinero nunca fue rendido por la Cooperativa Viento Sur, y la justicia quieren en banquillo a los funcionarios que autorizaron los pagos, pese a que ya dijeron que eran "decisiones políticas" por la urgencia de los bloqueos de calles.
Ese esquema preveía controles estrictos antes de cada desembolso, como la verificación institucional, la certificación de autoridades, la presentación de planes de acción y acreditación de capacitaciones. Según la acusación, esos controles no se cumplieron.
Chapino y Di Luca fueron incorporados como imputados el 4 de marzo. La Fiscalía sostiene que autorizaron pagos mensuales sin verificar los requisitos y validaron rendiciones incompletas o inexistentes.
Los desembolsos bajo sospecha comenzaron el 18 de julio de 2022, incluso antes de la firma formal del decreto, y se extendieron hasta diciembre de 2023.
La prórroga llega en un momento clave de la investigación, donde empiezan a cruzarse documentación bancaria, decisiones políticas y responsabilidades operativas dentro de la cooperativa.
Como ya reveló LM Neuquen, en el expediente aparecen transferencias directas a uno de los principales dirigentes sociales investigados, realizadas desde la cuenta de la cooperativa a dirigentes como Diego Mauro del FOL (Frente de Organizaciones de Lucha)
Esos movimientos —23 operaciones por más de $1,1 millones— fueron ejecutados desde usuarios autorizados para operar la cuenta, en este caso, por una "arrepentida" que luego declaró en contra de su propia organización.
Se trató de la ex presidenta de Viento Sur, quien inicialmente estuvo imputada y hoy podría convertirse en testigo de la Fiscalía tras recibir un criterio de oportunidad.
Su situación generó conflicto entre los defensores dentro del expediente porque según confirmaron, no fue formalmente sobreseída, pero podría declarar contra quienes integraban la misma estructura.
Las pericias sobre los celulares podrían reconstruir quién daba las órdenes, cómo se organizaban los pagos y qué nivel de conocimiento tenían los funcionarios. Y, sobre todo, si existió una estructura coordinada para desviar fondos públicos destinados a programas sociales.
El mismo Di Luca sostuvo ya que no existe tal desvío de fondos, y que las cooperativas no rindieron el dinero, pese a la insistencia de la ex Contadora General de la Provincia, Esther Ruiz, quien recomendaba "no pagar", pero que igualmente se firmaban las adendas al decreto de ese programa.
La causa Viento Sur ya no gira sólo sobre transferencias y rendiciones cuestionadas. Ahora el foco está puesto en algo más delicado que son las comunicaciones internas que pueden confirmar —o desmentir— cómo funcionaba realmente el sistema.