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Juntan firmas para que el Ejecutivo provincial haga efectiva la medida judicial y devuelva el puesto a la mujer que denunció a Ernesto Seguel.
La Colectiva Feminista La Revuelta exige al Ejecutivo provincial que cumpla con la medida judicial que le ordenó otorgar funciones efectivas a una trabajadora que en 2022 denunció que había sufrido acoso sexual en la subsecretaría de Trabajo, por parte del funcionario a cargo en ese momento, Ernesto Seguel.
Fue el juez subrogante Santiago Montórfano, a cargo de juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Zapala, quien determinó en mayo pasado que la empleada que en el 2022 denunció por acoso laboral y sexual al ex subsecretario de Trabajo, Ernesto Seguel, deberá volver a su puesto laboral, por lo que la Provincia tendrá que otorgarle funciones. La mujer no cobra su salario desde diciembre pasado.
Montórfano había ordenado al actual ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral de Neuquén, Lucas Castelli que "otorgue funciones efectivas, conforme conocimientos técnicos y saberes de Silvana Cabezas en la localidad donde reside". Pero La Revuelta confirmó que aún no se hace efectivo y la denunciante sigue sin poder volver a su puesto laboral.
En septiembre del 2022, cuando Cabezas denunció a su jefe solicitó medidas de protección al ex gobernador Omar Gutiérrez y al ministro de Desarrollo Social. "En octubre de 2022 recurrió al Poder Judicial porque no se adoptaron medidas. En ese mes, Seguel renunció con el silencio cómplice de las autoridades gubernamentales y accedió a su jubilación. Lo reemplazó Nelson Sandro Alegría quien, de manera sistemática realizó acciones para destruir la reputación de la trabajadora e impedir el ejercicio de su trabajo, como represalia", recordaron las integrantes de la agrupación feminista.
Además, describieron que desde diciembre de 2023 a la denunciante no le dieron más tareas y dejó de percibir su salario, sin notificarle su baja laboral. La Oficina de Intervención en Violencia Laboral provincial, creada para prevenir, intervenir y proteger a las personas en situaciones de Violencia Laboral, indicó reincorporarla. Esto no se cumplió pese a que las recomendaciones son de carácter obligatorio.
"El 21 de mayo de 2024, en el marco del procedimiento previsto en la Ley N° 2786, el juez interviniente ordenó al actual Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de Neuquén, a cargo de Lucas Castelli, que otorgue funciones efectivas a la denunciante. La ley establece que toda medida cautelar debe cumplirse de manera inmediata. A la fecha, la provincia incumple esa medida judicial y, de manera insólita a través de la fiscalía de estado impugnó la cautelar", informaron.
De esta forma, La Revuelta denunció que "la violencia laboral e institucional persiste contra la trabajadora por atreverse a denunciar. Esa respuesta es regresiva, pretende disciplinar y desalentar a que otras rompan el silencio". "Exigimos al gobierno de la provincia de Neuquén que cumpla la medida judicial y cese con la violencia ejercida contra la denunciante", agregaron.
Desde la agrupación informaron además que abrieron un petitorio web para que todas las personas que entienden que es necesario que esta mujer vuelva a su puesto laboral puedan firmar su apoyo. Se puede hacer a través de este link.