Profesionales cuestionan la reforma que se debatirá en el Congreso y reclaman que se cumpla la ley vigente, con mayor presupuesto y recursos.
El proyecto de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental generó un fuerte rechazo entre los psicólogos de Neuquén, quienes advierten que los cambios propuestos implicarían un retroceso en derechos y un retorno a prácticas que el marco normativo actual buscó superar. Desde el Colegio de Psicólogos provincial sostienen que el problema no es la ley vigente, sino su falta de implementación efectiva.
La iniciativa impulsada por el Gobierno Nacional busca introducir cambios en aspectos clave como la internación involuntaria, el funcionamiento de hospitales especializados y el financiamiento de los servicios de atención y rehabilitación. El debate está previsto en el Congreso de la Nación en las próximas sesiones, lo que encendió las alertas en distintos sectores de la salud mental.
En ese contexto, la presidenta del Colegio de Psicólogos de Neuquén, Sabrina Contreras, expresó la preocupación del sector y señaló que las instituciones profesionales de todo el país ya están trabajando de manera conjunta a través de la Federación de Psicólogos. Según explicó, uno de los principales puntos en discusión tiene que ver con las internaciones de personas con padecimientos mentales.
Contreras sostuvo que la actual ley no presenta fallas estructurales que justifiquen una modificación, sino que el principal déficit radica en su aplicación. “La problemática tiene que ver con un problema de implementación de la ley vigente”, remarcó en declaraciones radiales.
En ese sentido, explicó que la normativa actual fue concebida en un marco de derechos humanos, en línea con estándares internacionales, y que buscó superar prácticas históricas como las internaciones compulsivas prolongadas y las condiciones inadecuadas en instituciones psiquiátricas.
“La ley viene a decir que todas las personas con padecimientos de salud mental tienen derecho a recibir tratamiento en condiciones dignas, con un enfoque integral y comunitario”, indicó. Además, destacó que el abordaje no se limita al campo médico, sino que incluye a psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros y operadores comunitarios.
Uno de los puntos más sensibles del debate es el régimen de internaciones. Desde el sector profesional insisten en que la ley vigente no prohíbe las internaciones, sino que las establece como un recurso excepcional.
“Las internaciones deben ser el último recurso y no pueden ser indefinidas. Tienen que tener un objetivo terapéutico claro”, explicó Contreras. En esa línea, subrayó que el modelo actual promueve la inclusión social de las personas con padecimientos mentales, evitando su aislamiento.
También remarcó que un diagnóstico no implica incapacidad para desarrollar una vida cotidiana. “Las personas pueden trabajar, estudiar y vivir en comunidad. Ese es el paradigma que sostiene la ley”, afirmó.
Otro de los ejes centrales del reclamo es el financiamiento. La normativa establece que el 10% del presupuesto de salud debe destinarse al área de salud mental, pero según denuncian los profesionales, ese porcentaje está lejos de cumplirse.
“Hoy no llega ni al 2%”, advirtió Contreras. Esta situación impacta directamente en la disponibilidad de dispositivos de atención, como casas de medio camino, equipos interdisciplinarios y espacios de acompañamiento comunitario.
La falta de recursos también se refleja en la implementación desigual de los órganos de revisión, encargados de controlar el cumplimiento de la ley. Si bien Neuquén cuenta con este organismo, no todas las provincias lo han desarrollado.
Desde el Colegio de Psicólogos también cuestionaron el proceso mediante el cual se elaboró la propuesta de reforma. Según señalaron, no hubo instancias de consulta con los profesionales del sector.
“No se está consultando a los que saben. Son modificaciones que se plantean de manera exprés y sobre bases más ideológicas que técnicas”, criticó Contreras.
En ese sentido, advirtió que la iniciativa no contempla los avances científicos actuales ni los debates internacionales en torno a la salud mental, donde cada vez se incorporan más variables sociales, culturales y económicas para el diagnóstico y tratamiento.
La dirigente fue contundente al referirse al impacto que podría tener la reforma en caso de avanzar. “La modificación que se está planteando es volver a épocas donde se empastillaba a las personas, se las aislaba o se las sometía a prácticas como el chaleco de fuerza”, afirmó.
Para el sector, el enfoque que impulsa la ley vigente representa un cambio de paradigma que costó décadas construir, centrado en la dignidad, la inclusión y los derechos de las personas.
Frente a este escenario, los psicólogos neuquinos sostienen una postura clara: no es necesaria una reforma, sino garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa vigente.
“La ley ya contempla los recursos, los dispositivos y las herramientas necesarias. Lo que falta es decisión política y presupuesto para implementarla como corresponde”, concluyó Contreras.
Mientras el debate se aproxima al recinto, el sector profesional anticipa que continuará impulsando acciones a nivel nacional para visibilizar su postura y reclamar que cualquier modificación sea discutida con quienes trabajan diariamente en el campo de la salud mental.