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Un juez concedió una prórroga de 3 meses para seguir investigando por contaminación ambiental y administración fraudulenta a la empresa Comarsa.
El juez de garantías Gustavo Ravizzoli decidió darle a la fiscalía tres meses más para seguir investigando a la empresa Comarsa, acusada por los delitos de contaminación ambiental y administración fraudulenta, informaron fuentes judiciales.
La medida fue solicitada por la fiscalía para poder finalizar los informes de pericias contables y un análisis del cuerpo médico forense sobre los riesgos para la salud. Este último se basa en los resultados químicos obtenidos en el terreno, donde se hallaron sustancias contaminantes de diversa índole.
Las querellas que representan a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y a la Asociación de Abogados Ambientalistas adhirieron al pedido de la fiscalía. En tanto, las defensas solicitaron un plazo más extenso para analizar los informes, aunque el juez consideró razonable el plazo de tres meses, ya que se trata de una causa declarada compleja. Además, recordó que las defensas podrán solicitar nuevas prórrogas si lo consideran necesario.
Por otro lado, Ravizzoli también resolvió extender por seis meses los embargos preventivos sobre bienes vinculados a la causa, cuyo vencimiento estaba previsto para el próximo 15 de agosto. Además, se mantendrá la inhibición general de bienes.
En la misma resolución, el juez ordenó librar un oficio para que la empresa YPF responda a un pedido de información hecho por la defensa, que hasta ahora había sido rechazado por la compañía. La información solicitada podría ser clave en el desarrollo de la causa.
En el marco de la causa, personal de la fiscalía de Delitos Ambientales y Leyes Especiales del Ministerio Público Fiscal (MPF) realizó en junio un allanamiento en el predio de la empresa Comarsa, ubicado en el Parque Industrial de la ciudad de Neuquén. La medida fue autorizada por la jueza de garantías Natalia Peloso y forma parte de una investigación en curso por presuntos delitos de contaminación y administración fraudulenta.
El procedimiento es encabezado por el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid, con el acompañamiento de efectivos de la División de Delitos Ambientales de la Policía y los abogados querellantes de la causa. El operativo tiene como objetivo tomar nuevas muestras de suelo y secuestrar documentación en papel y digital vinculada a movimientos de suelos, traslado y disposición final de residuos, caracterizaciones y análisis realizados por la propia empresa, entre otros elementos de interés.
El pedido de allanamiento responde a la necesidad de avanzar en la recolección de pruebas dentro del predio, luego de que anteriores inspecciones se vieran limitadas. “Durante 2023 y 2024 se realizaron allanamientos a la empresa, a fin de tomar muestras de suelo en el predio; no obstante, el alcance de las mismas debió ser acotado por la enorme cantidad de residuos existentes en el predio, lo que imposibilitaba el acceso a determinados sectores”, señaló Breide Obeid en la solicitud presentada ante la justicia.
A fines de 2024, la Secretaría de Ambiente de Neuquén aprobó un plan de traslado de los residuos acopiados en la planta hacia un relleno de seguridad. En ese contexto, se retomaron los movimientos de suelos contaminados dentro del predio, lo que habilitó nuevas posibilidades de inspección y toma de muestras, y motivó el nuevo requerimiento judicial.
En cuanto a la reformulación de cargos planteados por la fiscalía, los tres acusados quedaron imputados por contaminación peligrosa en perjuicio de la salud pública y, en cuanto al delito de administración fraudulenta, uno de ellos quedó imputado como autor y los otros dos como partícipes necesarios.
Los imputados son J.M.L, presidente desde el 1 de abril de 2014; accionista mayoritario y controlante de Comarsa; H.E.B; director suplente entre abril de 2014 y mayo de 2017, pero que permaneció en posición de decisión hasta enero de 2021 y que tuvo funciones delegadas de administración y control; y F.A.P, quien entre principios de 2013 y septiembre de 2016 fue gerente general y responsable técnico de la firma, tenía la dirección del personal a su cargo y reportaba en forma directa a los otros dos acusados.