Allanamientos en Comarsa: buscan muestras y documentación por contaminación en Parque Industrial

Desde las primeras horas de este miércoles, personal de la fiscalía de Delitos Ambientales y Leyes Especiales del Ministerio Público Fiscal (MPF) realiza un allanamiento en el predio de la empresa Comarsa, ubicado en el Parque Industrial de la ciudad de Neuquén. La medida fue autorizada por la jueza de garantías Natalia Peloso y forma parte de una investigación en curso por presuntos delitos de contaminación y administración fraudulenta.

El procedimiento es encabezado por el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid, con el acompañamiento de efectivos de la División de Delitos Ambientales de la Policía y los abogados querellantes de la causa. El operativo tiene como objetivo tomar nuevas muestras de suelo y secuestrar documentación en papel y digital vinculada a movimientos de suelos, traslado y disposición final de residuos, caracterizaciones y análisis realizados por la propia empresa, entre otros elementos de interés.

El pedido de allanamiento responde a la necesidad de avanzar en la recolección de pruebas dentro del predio, luego de que anteriores inspecciones se vieran limitadas. “Durante 2023 y 2024 se realizaron allanamientos a la empresa, a fin de tomar muestras de suelo en el predio; no obstante, el alcance de las mismas debió ser acotado por la enorme cantidad de residuos existentes en el predio, lo que imposibilitaba el acceso a determinados sectores”, señaló Breide Obeid en la solicitud presentada ante la justicia.

A fines de 2024, la Secretaría de Ambiente de Neuquén aprobó un plan de traslado de los residuos acopiados en la planta hacia un relleno de seguridad. En ese contexto, se retomaron los movimientos de suelos contaminados dentro del predio, lo que habilitó nuevas posibilidades de inspección y toma de muestras, y motivó el nuevo requerimiento judicial.

Además, el fiscal solicitó autorización para contar con maquinaria pesada durante el procedimiento. “Se requiere el auxilio de la propia empresa o de terceros a los efectos de que, con una retroexcavadora o maquinaria similar, se realicen calicatas que permitan verificar la existencia de membranas debajo de los residuos y tomar muestras cercanas al suelo, ya que es la primera vez que se puede levantar suelo en las zonas contaminadas”, indicó.

Durante el allanamiento, se intentará también constatar los avances del plan de remediación, evaluar el estado actual de la planta y acceder a información sobre caracterizaciones realizadas por la empresa, movimientos internos de suelo y residuos, y su disposición final. La documentación que sea hallada será secuestrada en soporte físico o digital, como parte del proceso de recolección de pruebas en la causa.

Allanamiento comarsa

La investigación ya tiene imputaciones formales contra dos ejecutivos y un empleado de Comarsa, quienes enfrentan cargos por contaminación ambiental y administración fraudulenta. Las actuaciones del MPF buscan establecer responsabilidades penales por el tratamiento y disposición de residuos industriales y petroleros acumulados en la planta de tratamiento que operó durante años en el corazón del Parque Industrial.

Desde la fiscalía no se descarta que puedan surgir nuevas imputaciones o medidas cautelares a partir de los resultados que arroje este nuevo allanamiento. Además, se conoció que las tierras contaminadas, no pertenecerían a Comarsa, sino que sería una toma ilegal por parte de la empresa, sobre tierras municipales.

Los imputados

En cuanto a la reformulación de cargos planteados por la fiscalía, los tres acusados quedaron imputados por contaminación peligrosa en perjuicio de la salud pública y, en cuanto al delito de administración fraudulenta, uno de ellos quedó imputado como autor y los otros dos como partícipes necesarios.

Los imputados son J.M.L, presidente desde el 1 de abril de 2014; accionista mayoritario y controlante de Comarsa; H.E.B; director suplente entre abril de 2014 y mayo de 2017, pero que permaneció en posición de decisión hasta enero de 2021 y que tuvo funciones delegadas de administración y control; y F.A.P, quien entre principios de 2013 y septiembre de 2016 fue gerente general y responsable técnico de la firma, tenía la dirección del personal a su cargo y reportaba en forma directa a los otros dos acusados.