En otra oportunidad se sacó los borcegos y caminó descalzo por instalaciones peligrosas. El Gobierno decidió echarlo.
La lista de estatales despedidos por ñoquis, incumplidores y condenados por delitos es extensa en Neuquén. Y en los últimos días sigue creciendo, incluso con sorpresas, como el inédito caso que acaba de conocerse.
Este miércoles, el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) echó a un empleado que transgredió de manera consciente y deliberada las normas de higiene y seguridad en el trabajo. Le endilgaron "haber destilado desprecio hacia ellas", con lo que no sólo puso en riesgo su propia seguridad, sino también la de sus compañeros de trabajo.
La sanción de cesantía recayó sobre el ahora ex agente Federico Alejandro Vidal Lagos, quien se desempeñaba en el sector del depósito regional sur. Primero le iniciaron sumario administrativo para establecer si había incurrido en inconductas graves y constaron que había sido así.
El primero de los hechos por los que fue objeto de sumarios ocurrió el 17 de enero de 2024, cuando fue hallado dormido sobre carreteles de cables a unos aproximadamente tres metros de altura, y sin los elementos de protección personal que reglamentariamente se exigen. En el expediente consta que el propio ex agente reconoció haber cometido esa falta.
El otro hecho fue apenas un par de meses más tarde, el 25 de marzo del mismo año, y también fue reconocido por el propio ex agente. En su declaración indagatoria admitió haberse sacado los borcegos de seguridad, pero aseguró que en ningún momento se desplazó descalzo por las instalaciones.
Sin embargo, los testigos lo desmintieron e indicaron que en dicho sector había máquinas, artefactos y materiales cuya presencia tornaba indispensable el uso permanente de los elementos de protección personal.
En el decreto de cesantía, que se firmó el miércoles, se explica que estas inconductas “muestran que el agente desobedeció expresamente las órdenes de sus superiores, incumpliendo los deberes funcionales que le son exigibles”. Y se deja constancia que los riesgos que generó con sus procederes terminaron afectando la confianza que el Estado provincial había depositado en él, al momento del contratarlo.
“La conducta del agente no solo constituye un incumplimiento reiterado de sus obligaciones funcionales, sino también constituye una conducta caracterizada por el desprecio manifiesto por las normas básica de seguridad e higiene laboral y la desatención de las obligaciones”, señala el texto en cuestión.
Se advirtió, además, que “la adopción de comportamientos temerarios y carentes de toda prudencia, generaron un grave riesgo para su vida y su integridad física, y potencialmente para la de terceros”.
Y que, “en ambos hechos, la actuación del agente refleja una falta extrema de responsabilidad y diligencia, incompatible con los principios que rigen el desempeño de todo agente público, configurando una infracción de suma gravedad a las normas administrativas y de seguridad laboral”.