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Los libros no muerden (¿hasta la desregulación de la actividad librera?)

El mundo editorial abre el paraguas por una posible derogación de la ley que fija un precio único para todo el país. Qué hay detrás de la iniciativa del gobierno nacional. Cierres que impactaron en Neuquén.

En los últimos cinco años, Neuquén perdió varias librerías insignia. No solamente eran comercios del ramo, sino verdaderos abastos de cultura, rescate para lectores y cobijo para autores.

Ocurrió con Kune Grimberg, fundador de Siringa, y más cercano en el tiempo, con otros locales del Bajo. No todas bajaron persianas por la caída de las ventas, aunque este fenómeno no pudo soslayarse para la mayoría de las que optó por decir adiós en una ciudad que siempre tuvo abundancia de lectores.

La plaza neuquina no dejó de ser tentadora para cadenas nacionales que vinieron a probar respuestas. El desembarco supuso un desafío para los libreros tradicionales, aquellos que al estilo Grimberg fidelizaron clientes con admirable exquisitez.

Los últimos cierres de los comercios del mundo editorial dan cuenta de las consecuencias de la crisis; la afrenta de la estrechez hizo reformular estrategias, pero los libros, pese a que no muerden, suelen tocar la balanza a la hora de hacer ajustes de gastos domésticos.

En este panorama, la fiebre desreguladora del gobierno de Javier Milei parece apetecerle ir a por la Ley de Defensa de la Actividad Librera, que fija precios uniformes para la totalidad del mercado y que aún permite que los locales chicos y los de barrio conserven algo de músculo para sobrevivir.

No está confirmado aún el proyecto, pero el mar de fondo parece indicar que la idea del Ejecutivo nacional es modificarla o derogarla. La incertidumbre causa zozobra, no es para menos; el mundo de los editores, distribuidores y libreros abrió el paraguas. El mercado casi nunca es piadoso con el mundo de la cultura.

La Fundación El Libro, por caso, hizo pública su "profunda preocupación" y su rechazo al proyecto de derogación de la Ley de Protección a la Actividad Librera, al considerar que la iniciativa amenaza la diversidad editorial y la continuidad de las librerías independientes en todo el país. El Consejo de Administración de la entidad sostuvo que la normativa "no constituye un simple mecanismo comercial", sino que representa "la columna vertebral" que garantiza condiciones equitativas de competencia, la diversidad bibliográfica y la supervivencia de las librerías en el territorio argentino.

La Cámara Argentina del Libro (CAL), por su lado, sostuvo que el espíritu de esta ley que ahora se quiere voltear entiende que el libro “no es solo una mercancía, sino un bien cultural a través del cual se propagan las ideas y el conocimiento, se genera cultura e identidad, por lo que resulta indispensable para el desarrollo social e individual de un país. En este sentido, el precio fijo favorece el fortalecimiento de una industria editorial nacional sustentable y diversa”.

Recientemente, la CAL presentó el Informe de Producción del Libro Argentino, basado en el registro de la Agencia Argentina de ISBN durante 2025, según el cual se publicaron 36.942 títulos, un 17% más que en 2024. Sin embargo, la tirada total cayó un 34%, principalmente por la retracción de las ediciones estatales y las compras institucionales, que pasaron de representar el 29% al 5% del total.

En este contexto, subraya, el sector comercial mostró dinamismo: las PYMES generaron el 74% de los títulos, fortaleciendo la “bibliodiversidad”. No obstante, redujeron significativamente sus tiradas en la última década. Actualmente, el 26% declara que sus títulos no superan los 600 ejemplares, lo que limita el alcance nacional. La autoedición también alcanzó un pico histórico, con 6.078 publicaciones, generalmente con tiradas de 100 ejemplares.

En este contexto, sería prudente esperar el texto definitivo que el Ministerio de Desregulación pretende impulsar en el Congreso para establecer los alcances reales de los cambios propuestos. Así como los principales actores de la industria editorial dicen respaldar la actual legislación, habría que observar cuánto tienen para decir los propios autores, no solo los grandes, y también el público destinatario final de los libros, que no va a dejar de leer, tal como lo han acreditado en otras etapas también infaustas de la Argentina.

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