El hermano de Javier Seminario, desaparecido en 1976, declaró en el juicio contra dos ex funcionarios judiciales de la dictadura. “Lo único que pido es que me digan dónde está el cuerpo", reclamó.
“Yo sé que está muerto pero quiero que me digan dónde está enterrado mi hermano”, reclamó ante los jueces del Tribunal Oral Federal 1 de Neuquen Marcos Seminario Ramos, hermano de Javier Seminario Ramos, quien se encuentra desaparecido desde noviembre de 1976 luego de ser retirado, junto con otros detenidos, de la cárcel de Rawson con destino Neuquén por una comisión a cargo del jefe de personal del Comando de la Sexta Brigada de Infantería de Montaña, Luis Alberto Farías Barrera, que ya fuera condenado en otros juicios por delitos de lesa humanidad.
Marcos Seminario declaró este viernes en el octavo juicio que se lleva a cabo en la ciudad de Neuquén contra el ex juez federal Pedro Laurentino Duarte y el ex fiscal Víctor Marcelo Ortiz, acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en la región durante la última dictadura cívico militar. Los ex funcionarios llegaron a juicio acusados en carácter de autores del delito de omisión, de promover la persecución penal y de partícipes secundarios de la privación ilegal de la libertad, cometida por funcionario público, agravada por el empleo de violencia, y por ser la víctima perseguido político.
Marcos Seminario contó que su hermano Javier, nacido en Perú en 1947, llegó a Neuquén en 1969 para realizar estudios de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue en Challacó. Luego con la promulgación de la Ley nacional 19.117/71 que, determinó que la Universidad Nacional del Comahue comenzaría a funcionar a partir de 1972 en la sede central en Neuquén, los hermanos Seminario se instalaron en la capital provincial, más precisamente en el barrio Sapere.
Javier, quien integraba la comisión vecinal del barrio, fue detenido en 1972 junto a otros vecinos por reclamar la instalación de los servicios de agua y luz, comentó Marcos. “El juez federal Carlos Arias lo liberó por falta de méritos porque no había cometido ningún delito al reclamar esos servicios para el barrio”, indicó Marcos.
El 21 de agosto de 1975 fue nuevamente detenido en su domicilio junto a su esposa Graciela Cantero y su suegra Lucia Cantero en un amplio operativo en el barrio en el que participaron efectivos de la Policía Federal y de la Provincia y del Ejército, “quienes dijeron que en su casa encontraron cartuchos, dinamita y publicaciones subversivas”, agregó el hombre en su testimonio. A partir de entonces Javier sufrió un derrotero de traslados a distintas cárceles donde sufrió todo tipo de torturas. Tras su detención fue alojado en la Delegación Neuquén de la Policía Federal y a la Alcaidía local y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Tres días después del Golpe de Estado ejecutado por las Fuerzas Armadas, Seminario ingresó a la U9 y más tarde al centro clandestino de detención “La Escuelita” que funcionaba en el fondo del Batallón de Ingenieros de Construcción 181. También fue trasladado a las unidades de detención de General Roca (U5) y de Rawson (U6).
“Algunas veces pude ver a mi hermano en la U9, pero otras iba y me decían que no estaba, que se lo habían llevado a Roca o a Rawson. Entonces me iba a Roca y a Rawson y tampoco lo podía ver”, relató el hombre de 77 años. “Cuando no me lo dejaban ver era porque lo habían torturado. Él me contaba que de la U9 lo llevaban a otro lugar en vehículo que tardaban unos quince minutos, lo llevaban a La Escuelita, que lo encapuchaban y que ahí lo torturaban, le echaban agua y le daban con picana eléctrica. Me dijo: ‘El que me tortura tiene la voz ronca y me dice que me van a liquidar’”, relató emocionado. Algunas personas que estaban detenidas en "La Escuelita" identificaron a Seminario, y señalaron que estaba vendado, encadenado a una cama y que fue víctima de tormentos durante varios días.
En agosto de 1976, por orden del general José Luis Sexton, Seminario fue trasladado de "La Escuelita" a la U5 de Roca junto a otros detenidos, Miguel Pincheira, Orlando Cancio y José Delineo Méndez. Allí estuvieron hasta septiembre donde fueron llevados a la U6 de Rawson. El 3 de noviembre de 1976, los cuatro detenidos fueron retirados de sus celdas y entregados a Farías Barrera para ser trasladados al V Cuerpo del Ejército. A partir de ese momento se encuentran desaparecidos.
Durante ese tiempo, Marcos se dirigió en varias oportunidades al Comando para hablar con Oscar Reinhold, jefe de inteligencia del comando de la VI Brigada de Infantería de Montaña. "Siempre me atendía un oficial y me decían que Reinhold no estaba", contó.
Cuando las partes querellantes le consultaron si la familia había realizado alguna gestión ante el juez federal Duarte, Seminario señaló que “Lucy Cantero, la suegra, presentó varios hábeas corpus pero esos papeles iban directamente al tacho de basura”. “El juez Duarte tenía que saber dónde estaban los cuerpos sino para que era juez”, afirmó. Y agregó “de Rawson lo sacó Farías Barrera. Desde ese momento yo dije a mi hermano lo mataron”. Farías Barrera, condenado en cuatro juicios por delitos de lesa humanidad falleció en noviembre de 2020.
Marcos contó que en 2012 durante el segundo juicio realizado en Neuquén "pude conocer la verdad de lo que había ocurrido" durante el operativo en el barrio Sapere donde detuvieron a su hermano en 1975. El ex comisario de la policía provincial Antonio Casal, quien por ese entonces era jefe de Operaciones de la Policía de Neuquén, reveló que personal del Ejército que participó del operativo donde detuvieron a más de 30 personas, entre ellas Seminario, habían “plantado” las armas, los explosivos y la propaganda subversiva secuestrada en los domicilios para hacerlos aparecer como subversivos. “Gracias a la declaración de Casal supe lo que había ocurrido ,me di cuenta que todo había sido montado por los servicios de inteligencia”, dijo.
“En 1976 ya sabía que a mi hermano lo habían matado y desde entonces no paré de buscarlo. Lo único que pido es que me digan dónde esta el cuerpo de mi hermano. Esos militares no fueron militares de carrera, esos militares fueron asesinos de carrera", expresó ante los jueces. "Yo lo sigo buscando, sé que está enterrado en algún lugar. Sé que algún día voy a encontrar el cuerpo de mi hermano”, concluyó.
Pedro Laurentino Duarte se desempeñó como juez a cargo del Juzgado Federal de primera instancia de Neuquén entre el 2 de agosto de 1976 y el 30 de septiembre de 1984, mientras que Víctor Marcelo Ortiz ejerció como procurador fiscal federal ante ese órgano judicial entre el 23 de septiembre de 1976 y el 1 de abril de 1985.
Antes de ejercer esas funciones, Duarte fue auditor de la Sexta Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén y Ortiz fue secretario del juzgado federal.
Los ex funcionarios llegaron a juicio acusados en carácter de autores del delito de omisión de promover la persecución penal y de partícipes secundarios de la privación ilegal de la libertad, cometida por funcionario público, agravada por el empleo de violencia, y por ser la víctima perseguido político. Duarte también llegó como imputado del delito de prevaricato, una figura especial que reprime al juez que dictare resoluciones contrarias a la ley o fundadas en hechos falsos.
En el escrito de elevación a juicio, se precisó la colaboración expresa que tanto Duarte como Ortiz prestaron en distintos casos que involucraron a desaparecidos y víctimas de la última dictadura: Orlando Cancio, María Teresa Oliva y su esposo, Enrique Esteban, José Méndez, Darío Altomaro, Susana Mujica, Josefa Lépori de Mujica, Alicia Pifarré, Miguel Ángel Pincheira, Javier Seminario Ramos, Oscar Ragni, Arlene Seguel, César Giliberto, Mirta Tronelli, Carlos Cháves, César Giliberto, Mirta Tronelli, Cecilia Vecchi, Lucio Espíndola y Carlos Schedan.
También el matrimonio de Raúl Metz y Graciela Romero, ambos desaparecidos cuando ella estaba embarazada de cinco meses.
Las audiencias continuarán el lunes 4 de diciembre con la declaración de testigos.