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Los padres de un niño fallecido en un campamento, en Junín de los Andes, impulsan una norma nacional para reforzar la seguridad en espacios deportivos y evitar tragedias similares.
Un trágico accidente ocurrido durante un campamento infantil en Neuquén derivó en una iniciativa legislativa que busca modificar las normas de seguridad en espacios deportivos de todo el país. La propuesta apunta a que los arcos y otras estructuras utilizadas en actividades recreativas estén obligatoriamente fijados al suelo, con controles técnicos y sanciones para quienes incumplan.
La iniciativa surge a partir de un caso fatal registrado en la Junín de los Andes, donde una estructura deportiva cedió durante una actividad recreativa y le provocó heridas gravísimas a un niño de 12 años. El hecho generó conmoción y abrió un debate sobre las condiciones de seguridad en predios educativos, clubes y espacios públicos.
A poco más de un mes del episodio, los familiares de la víctima comenzaron a impulsar un proyecto de ley nacional que contempla medidas obligatorias de anclaje, inspecciones técnicas periódicas y un régimen de sanciones para instituciones que no cumplan con las normas.
El trágico hecho ocurrió el domingo 4 de enero, durante un campamento en la localidad neuquina. En ese contexto, un niño de 12 años se encontraba jugando con otros chicos cuando se colgó del travesaño de un arco de fútbol. La estructura, que no estaba fijada al suelo, cedió y cayó sobre su cuerpo, provocándole lesiones severas en el tórax.
Tras el impacto, el nene fue trasladado de urgencia primero al hospital de Junín de los Andes y luego derivado a un centro de mayor complejidad en San Martín de los Andes. El pequeño tenía una contusión pulmonar, fracturas costales múltiples, una lesión en la aurícula del corazón y también había perdido una importante cantidad de sangre.
A pesar de las intervenciones médicas, su cuadro se agravó y se confirmó muerte encefálica al día siguiente. La causa fue caratulada como “homicidio culposo” y es investigada por la fiscalía local.
La madre de Joaquín contó que, apenas se enteraron de que su hijo tenía muerte cerebral, los miembros de INCUCAI se les acercaron "con mucho respeto" y les preguntaron si querían donar sus órganos. "Al principio dijimos que no, porque Joaquín había pasado por mucho. Nos dejaron pensarlo a solas un ratito y cuando volvieron dijimos que sí. Dio sus riñones y sus córneas. Le cambió la vida a cuatro niños", dijo la mujer.
Los impulsores del proyecto son Serena Campos Lobos y Adrián Gatto, padres del niño fallecido, quienes decidieron transformar el dolor por la pérdida en una iniciativa legislativa para evitar nuevas tragedias. Ambos residen en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, y relataron que la noticia del accidente los encontró trabajando, lo que desencadenó una carrera contrarreloj para llegar a Neuquén.
Según reconstruyeron, el arco medía aproximadamente ocho metros de largo por dos de alto y estaba construido con caño tubing de siete centímetros de diámetro. Si bien se trataba de una estructura pesada, no contaba con anclaje al suelo ni sistemas de contrapeso, lo que habría sido determinante en el accidente. “Una persona sola no lo podía levantar, era muy pesado”, observaron los padres en diálogo con Infobae.
El proyecto de ley, bautizado informalmente como “Ley Joaquín”, busca establecer estándares mínimos de seguridad para todas las instalaciones deportivas recreativas del país, tanto públicas como privadas. Entre los principales puntos se incluyen:
Obligatoriedad de medidas de seguridad: instalación, sujeción y mantenimiento obligatorio de arcos de fútbol, hockey, handball, rugby, aros de básquet y postes de vóley en espacios destinados a prácticas deportivas.
Anclaje o contrapeso obligatorio: los arcos de más de 20 kilos deberán contar con sistemas de sujeción permanentes o removibles.
Protección de superficies: colocación de protectores acolchonados en columnas, paredes y postes para amortiguar impactos.
Controles e inspecciones técnicas: verificaciones periódicas a cargo de profesionales matriculados, con emisión de certificaciones de aptitud técnica.
Plazo de adecuación: las instituciones tendrán un año para adaptarse a la normativa.
Multas y sanciones: penalidades para las entidades que incumplan las disposiciones.
Los impulsores del proyecto señalaron que el caso no es aislado y que existen antecedentes de accidentes fatales similares en los últimos años. Según indicaron, se registraron al menos cinco casos en 2025 y otros episodios mortales en 2020, 2021 y 2022, lo que evidencia un patrón de riesgos vinculados a estructuras deportivas sin anclaje.
En ese sentido, remarcaron que se trata de un problema prevenible mediante normas técnicas claras y controles periódicos, y que la falta de regulación específica deja a niños y adolescentes expuestos a riesgos evitables en espacios recreativos.
Los padres del niño ya mantuvieron reuniones con legisladores nacionales para impulsar la presentación formal del proyecto en el Congreso. Según indicaron, la iniciativa no tiene banderas partidarias y busca convertirse en una política pública de alcance nacional.
Además, lanzaron una campaña de visibilización en redes sociales bajo el nombre “Ley Joaquín”, con el objetivo de sumar adhesiones y concientizar sobre la importancia de la seguridad en instalaciones deportivas.
Mientras avanza la investigación judicial para determinar responsabilidades por el hecho, la propuesta legislativa abre un debate sobre los estándares de seguridad en escuelas, clubes y predios recreativos, y plantea la necesidad de establecer controles obligatorios para evitar tragedias en contextos deportivos infantiles.