La senadora explicó el dictamen consensuado con los sectores políticos. Criticó al kirchnerismo por "comprar tierras fiscales y convertirse en terratenientes".
Se debate la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en Argentina con un especial capítulo de impacto, que es la reforma a la Ley de Tierras Rurales, y la "extranjerización". La senadora nacional Nadia Márquez participó del programa de Paulino Rodríguez por LN+, donde explicó los principales cambios incorporados al proyecto que será debatido desde este jueves en el Senado.
En ese marco, la legisladora sostuvo que la iniciativa del gobierno de Javier Milei busca generar mayor seguridad jurídica para promover inversiones, sin afectar la soberanía nacional ni las competencias de las provincias sobre sus recursos naturales.
"La Argentina necesita recibir inversiones. Lo que estamos haciendo es actualizar una legislación que terminó restringiendo oportunidades de desarrollo sin aportar mayores garantías para la soberanía", afirmó la senadora por la provincia de Neuquén.
Márquez explicó que el dictamen consensuado eleva del 15% al 25% el límite para la propiedad extranjera de tierras rurales, manteniendo ese tope por provincia e incorporando un sistema de registración que permitirá identificar con precisión la titularidad extranjera de esos inmuebles.
En ese sentido, cuestionó la ley sancionada en 2011, impulsada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y defendida entonces por Máximo Kirchner, al considerar que las restricciones impuestas desalentaron inversiones y provocaron una pérdida de valor de las tierras.
"Quienes terminaron beneficiándose fueron quienes compraron tierras fiscales a menor valor y se convirtieron en grandes terratenientes, que son los Lázaro Báez de la vida. La Argentina necesita reglas que promuevan la inversión y el desarrollo", señaló.
La senadora remarcó que la reforma mantiene resguardos específicos para la defensa nacional. En ese sentido, destacó que los Estados extranjeros tendrán prohibido adquirir tierras rurales en la Argentina, mientras que las empresas con participación estatal solo podrán hacerlo mediante autorización conjunta de la Nación y la provincia correspondiente.
Asimismo, señaló que continúan vigentes las restricciones para las zonas de frontera y que cualquier autorización seguirá estando sujeta a criterios vinculados con la seguridad y la soberanía nacional.
Respecto de los recursos naturales, Márquez aclaró que la reforma no modifica el régimen constitucional vigente. "Los ríos, lagos, acuíferos y demás bienes de dominio público no pueden venderse y el dominio originario de los recursos naturales continúa perteneciendo a las provincias, tal como establece el artículo 124 de la Constitución Nacional", explicó.
Finalmente, la senadora destacó que la reforma busca compatibilizar la llegada de inversiones con la protección del interés nacional.
"La propiedad privada puede cambiar de dueño, pero la soberanía nunca deja de pertenecer al Estado argentino. Esa es la base sobre la que construimos este proyecto", concluyó.