El fiscal apelará el sobreseimiento de los exministros, dijo que la jueza no vio los expedientes y reveló porqué no pudo imputar a Omar Gutiérrez.
El fiscal jefe Pablo Vignaroli salió con dureza a cuestionar la decisión de la jueza de garantías Natalia Pelosso, que sobreseyó a los exministros de Desarrollo Social del gobierno de Omar Gutiérrez, Abel Di Luca y Germán Chapino, en la causa por el presunto desvío de $1.208 millones transferidos a la Cooperativa Viento Sur.
Anticipó que apelará el fallo. Pero en la misma ronda de declaraciones después de la audiencia de este último lunes dejó una frase que promete dar que hablar: dijo tener "la íntima convicción" de que el programa se utilizó políticamente para contener la conflictividad social, aunque admitió que no consiguió pruebas para sostenerlo ni para avanzar sobre el exgobernador de Neuquén.
Según su mirada, la magistrada resolvió sin haber visto la documentación que la acusación pretendía llevar a juicio.
"Voy a dar un solo ejemplo: en el sobreseimiento de los ministros se hace referencia al decreto, pero la jueza no vio un solo expediente de todo lo que se le ofreció como prueba sobre cómo se tramitó el pago de este programa y cómo surge el dolo a través de todos esos expedientes", sostuvo.
La discusión de fondo gira en torno al decreto 1672 de 2022, la norma firmada por Gutiérrez (y refrendada por los ministros) que creó el programa de capacitación para organizaciones sociales a través del cual se canalizaron los fondos hacia la cooperativa.
De acuerdo con el planteo del fiscal, la jueza se apoyó en los artículos segundo y tercero del decreto, pero pasó por alto el primero.
"El artículo primero aprueba el programa y un documento con todos los lineamientos, donde dice qué deben hacer los ministros antes de pagar", explicó Vignaroli.
Para el fiscal, ese documento es fundamental porque fija las obligaciones de control que recaían sobre las carteras ministeriales antes de liberar cada pago. Y apuntó contra uno de los argumentos de la resolución: que la voluntad política era del gobernador y que los ministros se limitaban a refrendar.
"Lo cierto es que en el expediente lo primero que hay es una nota de Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social, pidiéndole al servicio administrativo que se cree un programa con el fin de capacitar a las organizaciones sociales. ¿Quién hace la nota? ¿El gobernador? No, el ministro. Eso está en el expediente", remarcó.
Vignaroli sostuvo que la acusación sí cuenta con elementos sobre la tramitación del subsidio. "Tenemos pruebas de cómo se tramitó el subsidio, de cómo se decía que se iba a destinar a una cosa y se pagaba para otra. La jueza no vio los expedientes y, por lo tanto, no vio las insistencias ministeriales de todos los ministros. Le creyó la palabra a los defensores, pero no pudo ver la prueba", disparó.
El fiscal también objetó que la magistrada haya valorado prueba en una etapa que, a su entender, no corresponde. "En esta instancia no se valora la prueba, y lo que hizo la jueza fue valorar la prueba. Esta no es la etapa procesal para que la jueza vea esa prueba; es para verla en el juicio", señaló. Incluso dejó entrever que esperaba el resultado", dijo.
Y acotó: "Yo sabía que iba a pasar esto. Creo que la jueza se sentó con cierta idea sobre nuestra acusación y a partir de esa idea desarrolló la decisión".
Cuando se le preguntó por qué el exgobernador Omar Gutiérrez no fue imputado. Vignaroli explicó que esa posibilidad estuvo siempre sobre la mesa, pero que para avanzar debían acreditar que el programa había sido creado con el propósito de resolver un conflicto social por esa vía.
"No tenemos evidencia de eso. Yo tengo la íntima convicción de que fue así, pero no tengo evidencia", reconoció.
Y profundizó: "Mi convicción es que se inventó algo para alimentar económicamente a una organización social cuando el Estado tenía otras herramientas para asistir a las personas en situación de vulnerabilidad, por ejemplo un subsidio como el de desocupado o el subsidio social transitorio".
Ante la consulta de este medio sobre si esa sospecha de un acuerdo político había quedado sin sustento, el fiscal aclaró: "Es una convicción que tengo y que no pusimos en los hechos, porque no la puedo probar. Intentamos buscar prueba para acreditarlo, no la encontramos, y por eso no lo pusimos".
Consultado entonces sobre por qué se llevó el caso a esta instancia sin esas pruebas, diferenció ambos planos: la hipótesis del pacto político nunca formó parte de la acusación, mientras que lo que sí se imputó, el modo en que se tramitaron y pagaron los fondos, está respaldado, según dijo, en los expedientes que la jueza no examinó.
La resolución de Pelosso no solo dejó afuera a los exministros. La jueza tampoco aceptó la coautoría que la fiscalía atribuía a los integrantes de la cooperativa y diferenció el grado de intervención de cada uno.
Así, Diego Mauro, referente del FOL y de Viento Sur, quedó como el único acusado que llegará a juicio, como presunto autor de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, aunque con una acusación más acotada que la original y con sobreseimientos parciales sobre algunos de los movimientos investigados.
Para el resto de los integrantes de la cooperativa, la magistrada concedió la suspensión del juicio a prueba por un año y seis meses, con controles trimestrales, ocho horas mensuales de tareas comunitarias y reparaciones económicas según cada caso.
La fiscalía se había opuesto a la probation al considerar que se trataba de un hecho de corrupción de relevancia, pero la jueza entendió que esa oposición no estaba fundada caso por caso y la calificó de "irracional".
La defensa de Mauro, a cargo de Mariano Pedrero, anticipó que impugnará la decisión de negarle la probation a su asistido.