La Justicia ordenó un nuevo control de acusación en la causa que investiga un desvío de fondos públicos destinados cooperativas de trabajo durante la gestión de Omar Gutiérrez. Cuándo será la nueva audiencia.
El fiscal jefe Pablo Vignaroli celebró la decisión de la Justicia de Neuquén de anular la audiencia de control de acusación que había sobreseído a los dos ex ministros de la gestión de Omar Gutiérrez por la causa Viento Sur, que investiga el desvío de fondos destinados a una cooperativa de desocupados. El año que viene se realizará una nueva audiencia y desde la Fiscalía insisten en la responsabilidad de los funcionarios.
En una entrevista con Línea Abierta, el letrado explicó que la decisión de anular el procedimiento tuvo que ver con un exceso en las facultades de la jueza a cargo de controlar la acusación. Por eso, consideró que es necesario volver a realizar la audiencia dentro de los parámetros permitidos.
"El juez en esa audiencia tiene un límite y es que no puede valorar la prueba", dijo Vignaroli, quien consideró que la jueza Natalia Pelosso se excedió en sus facultades durante la audiencia de acusación, que finalmente fue reprogramada para los primeros días de diciembre.
"La decisión tiene que ver con qué es lo que puede hacer un juez y qué no puede hacer un juez en el marco de una audiencia en la cual se controla la acusación y se decide con qué hecho y con qué pruebas se va a juicio, tanto de la acusación como de la Fiscalía", detalló.
Aclaró que "lo que tiene que decir es si la prueba fue obtenida legalmente y si sirve para aprobar determinada cuestión o no" y agregó, que por el contrario, la magistrada "tomó información que le contaron algunas defensas, les creyó y tomó la decisión que tomó".
Ante esa situación, la Justicia de Neuquén ordenó realizar una nueva audiencia de control de acusación. "Hay que volver a cero y discutir todo lo que se discutió en aquella audiencia, pero dentro del marco que establece la ley", aclaró sobre el nuevo proceso, que se fijará en una fecha a definir del año 2027.
La decisión de la audiencia anulada había sido un alivio para los ex funcionarios del gobierno de Omar Gutiérrez. Pero el respiro duró poco. Orlando Abel Di Luca y Germán Chapino volverán a ser sometidos al control de acusación, por lo que podrían ser llevados a juicio por la causa Viento Sur.
Vignaroli aclaró que Di Luca ya está condenado por la causa de Planes Sociales. "Ahora el 30 de noviembre inicia la audiencia de cesura con el fin de determinar la pena con la nueva calificación legal", dijo y agregó que el nuevo control de acusación podría sumar otro revés judicial pero por una causa distinta.
"Los sobreseimientos fueron anulados. Se va a discutir nuevamente si hay que llevarlos a juicio, no solo a los dos ministros sino también a una serie de personas que integraron o integraban la cooperativa, a los cuales la jueza, con un criterio de muy particular, les dio una suspensión de juicio a prueba", afirmó.
Para el Ministerio Público Fiscal (MPF), la responsabilidad final sobre el control de los fondos que aportaba el Estado provincial a la cooperativa recaía sobre los ministros, que son los últimos responsables y deben ser investigados por el desvío del dinero.
"Ese programa de capacitación laboral está creado dentro del marco de la ley", dijo y agregó: "Se dice que se va a destinar una determinada cantidad de dinero para que los integrantes de determinada cooperativa sean capacitados en oficiaos y puedan integrarse al mercado laboral. Eso es algo legal".
"Lo que sucede después es la ejecución del programa, que la hace el ministro. El decreto delega al ministro la ejecución del programa", dijo en cuanto a los principales responsables del desvío de fondos públicos.
"Esto se descubre cuando la Contaduría General de la Provincia empieza a ver que el dinero era usado para distintos fines; es más, la Contaduría lo advirtió desde un principio", dijo y agregó: "Se le entregó el dinero a la cooperativa para capacitaciones y terminaron usándolo para pagar sueldos, comprar camionetas, terrenos e infinidad de cuestiones ajenas al programa".
Vignaroli fue duro con respecto a la justificación que dieron desde la cooperativa, que se defendió diciendo que los fondos fueron utilizados de ese modo porque había una situación de emergencia económica.
"Si la intención era paliar la situación de personas que no tenían para comer, tendría que haberse creado un programa distinto o haberse incluido a los beneficiarios en los subsidios existentes", afirmó.
"En la propia audiencia reconocieron que la plata que sobraba se la repartían entre ellos, en vez de devolvérsela al Estado", agregó.
El fiscal jefe recordó que del 30 de noviembre al 15 de diciembre ya están programadas las audiencias para determinar la nueva pena de la causa de Planes Sociales, que ahora enfrentan la nueva calificación de asociación ilícita. Por eso, la causa Viento Sur se retomará en 2027.