Un experto analizó durante un año y medio miles de archivos en 13 cadenas de custodia y halló evidencias en e-mails de cheques y pagos entre los imputados.
Durante más de un año y medio, un trabajo minucioso en la División Ciberdelitos del Departamento de Delitos Económicos de la Policía de Neuquén destapó lo que, según la investigación judicial, era el engranaje oculto del "Grupo Rivadavia", un circuito presuntamente paralelo de planes sociales, certificaciones y cheques que habrían terminado en manos de funcionarios, proveedores y allegados.
El encargado de desentrañar la trama fue Gustavo Adolfo Rosati, un civil de 52 años que ingresó a la fuerza policial hace 15, no como agente, sino por currículum, para el área de informática.
Antes había trabajado en la central hidroeléctrica Alto Valle en Mendoza y en el ADUS-IPVU. Luego pasó por la división de Telemática y el área de Prensa de la Policía, donde hacía soporte técnico y mantenimiento del servidor y la web institucional. Desde hace casi cuatro años, integra lo que hoy es Ciberdelitos.
Rosati fue asignado para formar una oficina de análisis de información de cadena de custodia. Su tarea era escuchar todos los audios, procesar la información y hacer las transcripciones finales, reportando las novedades al subcomisario Gerardo Oviedo. A fines de noviembre, el comisario inspector Martín Van De Genachte le encargó la revisión y análisis de cadenas de custodia solicitadas por la fiscalía de Delitos Económicos.
Durante un año y medio, revisó 90 dispositivos electrónicos y se concentró en 13 cadenas de custodia que contenían información de relevancia. El volumen era gigantesco: servidores, notebooks, teléfonos, correos electrónicos y archivos recuperados. Las búsquedas incluyeron registros de pagos, liquidaciones y cheques, siempre trabajando sobre copias para no alterar metadatos.
En la cadena de custodia vinculada a Laura Reznik, Luis Gallo hallaron coreos electrónicos con certificaciones y cheques, enviados por Marcos Osuna y reenviados a Tomás Sergenthaler y al exministro Abel Di Luca. Entre los cheques, aparecieron correos electrónicos de distintos dominios (oficiales y privados) con información sobre el cobro de cheques.
Luis Gallo, ocho correos coa pagos por $48.000 a Ariel krom, Alfredo Cury, Pablo Sanz, Marcos Osuna y Valeria Honorio, entre otros. También aparecieron sumas de $78.000 para Osuna y montos similares para otros beneficiarios. El patrón se repetía con certificaciones de servicio que, en vez de ir a planes sociales genuinos, terminaban en manos de empleados o allegados, según los datos que expuso Rosati.
En el correo de Laura Reznik figuraba que el 14 de enero de 2022, Osuna enviaba a Gallo certificaciones Di Luca y Sergenthaler, incluso con cheques firmados por Ricardo Soiza.
Uno de los hallazgos más comprometedores fue un correo recuperado y borrado del 16 de mayo de 2022, donde Osuna pedía el “cambio de cheque” a Reznik, Sergenthaler y Oviedo. Se trataba de un cheque de $49.000 emitido el 20 de marzo de 2020 a nombre de Javier Vergara, firmado por Reznik y Julieta Oviedo, y luego endosado a otra persona.
Rosati identificó a varios beneficiarios recurrentes que habrían recibido decenas de cheques, casi todos por montos cercanos a $49.000: Pablo Sanz: más de 20 cheques; Isabel Montoya, alrededor de 10 cheques; Osuna, unos 30 cheques (en su mayoría de $49.500, además de otros de $49.000 y $4.000); Daniela Subrini, más de 39 cheques y Paola Villalobos: 49 cheques y Cury, múltiples cheques por $49.500. En tanto que Ariel Krome, siete cheques.
Estos pagos abarcaron al menos entre 2021 y 2022, aunque también se detectaron registros anteriores. En otra cadena de custodia, Rosati halló que un hombre identificado como Rodolfo López, con antecedentes condenatorios, también cobraba cheques que supuestamente iban a parar a una “caja” paralela.
Según la hipótesis judicial, todo comenzó cuando el banco empezó a advertir a algunos empleados que estaban recibiendo cheques emitidos a su propio nombre.
La revisión incluyó el análisis de la notebook de Sergenthaler, que contenía archivos de cheques y certificaciones, así como depósitos de cheques de Osuna. También se incorporó un CD entregado por Vergara con más registros.
La información recolectada, respaldada en copias, forma parte de la prueba que la fiscalía presentará para demostrar el funcionamiento del Grupo Rivadavia, señalado como la estructura que manejaba supuestos listados paralelos de planes sociales y derivaba fondos hacia un circuito de cheques cobrados por funcionarios, proveedores y referentes.