El abogado fue condenado a 3 años y 6 meses por administración fraudulenta. Se viene un período de impugnación de penas y él hizo un reclamo particular.
El mediático abogado Alfredo Cury, condenado a la pena de 3 años y seis meses por administración fraudulenta en la causa de los planes sociales, logró mover una ficha dentro del Poder Judicial en estas horas. Que un Tribunal de Impugnación analice si adelanta la fecha para revisar el argumento las penas.
La audiencia y la fijó para el próximo 9 de abril a las 12.30, con una fuerte discusión técnica por los plazos procesales y la posibilidad de la extinción de la acción penal. El pedido de adelantamiento de las audiencias de impugnación será revisado por los jueces Liliana Deiub, Mauricio Macagno y Federico Sommer.
En el juicio llevado adelante el año pasado se condenaron a 11 personas, la mayoría funcionarios y empleados del exministro de Desarrollo Social de Neuquén. La sentencia se conoció el 12 de diciembre, por los jueces Juan Manuel Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla, y a partir de ahí comenzó a corre el tiempo para las impugnaciones de las penas.
El planteo del abogado se da en un contexto donde el tiempo empezó a jugar un rol central y hasta puede definir el futuro del caso; lo que está claro durante el juicio es que se comprobó que hubo una delito por el uso de dinero de planes sociales (retenían las tarjetas de debito a beneficiarios) para pagos destinados a una campaña política del MPN. Sin embargo, nunca se investigó a donde a dónde fue a parar el dinero de la famosa "Caja Azul".
Al Estado neuquino no le convenció la sentencia de los jueces, y espera "penas más duras" y que se considere el delito de "asociación ilícita", que fue prácticamente descartado desde el inicio. En especial, el gobernador Rolando Figueroa lo hizo explicito.
El tiempo que se viene en todo el proceso es la impugnación de esas sentencias. Ahí se discutirá un punto central, si existió una asociación ilícita -como sostienen la fiscalía y la querella- o si se trató de una administración fraudulenta, como determinó el tribunal de juicio.
Pero todo esto tiene un límite que es el 29 de noviembre de 2026. Si para esa fecha no hay una resolución firme, parte de los imputados podrían ser sobreseídos.
El dato que alertó a la causa es que, desde el inicio del caso en noviembre de 2022, hubo 8 meses y 11 días sin actividad procesal, lo que la propia fiscalía definió como “tiempo muerto”.
El juez Luis Giorgetti rechazó ese planteo con otros criterio, que es el no hay ninguna norma que permita suspender los plazos. En los hechos, fijó una postura que es que el tiempo sigue corriendo, pase lo que pase.
En ese escenario, Cury presentó su pedido para adelantar la audiencia de impugnación, que originalmente estaba fijada para julio. Su argumento fue directo que esperar tanto tiempo podía hacer que el proceso se pase de los plazos legales.
“Y que la fiscalía no se vea frustrada y la sociedad no se vea obtener justicia es que los jueces van a tener que tener doble jornada. Estoy pidiendo doble jornada mañana y tarde y trabajar sábado y domingo para llevar adelante la audiencia de mayo. Y así no afectar el plazo razonable”, sostuvo el abogado.
La idea del abogado es apurar al máximo el proceso para evitar que el caso se caiga por una cuestión de tiempos.
Detrás de todo esto hay un debate jurídico más profundo. Por un lado, el Tribunal Superior de Justicia declaró inconstitucionales algunos artículos que establecen el sobreseimiento automático por vencimiento de plazos. Por otro, hay jueces que no comparten ese criterio. En el medio, la fiscalía intenta evitar que los tiempos se agoten, mientras las defensas -como en este caso- aprovechan ese límite como una garantía.