Figueroa va por todo en la causa de los planes sociales: lo último que dijo
Tras el fallo que descartó la acociación ilícita el gobernador instruyó a Fiscalía de Estado para "dar vuelta" la sentencia. "No estoy pidiendo nada", dijo.
El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.
El gobernador Rolando Figueroa no dejó pasar el fallo del tribunal que juzgó la causa de los planes sociales en Neuquén y confirmó que el Estado provincial apeló para que se revise la decisión que descartó el delito de asociación ilícita.
Después de la apertura de sesiones, Figueroa afirmó quiere que la causa “siga un juicio distinto” y que se investigue a fondo la posible existencia de una organización destinada a delinquir. No osbntante indicó que "no está pidiendo nada", sino que la justicia "actúe libremente" para saldar la "deuda moral" de la política con Neuquén.
“Nosotros instruimos a la Fiscalía del Estado (el fiscal Raúil Gaitán) para que presente una apelación. Queremos probar que existió la asociación ilícita, porque creo que existió una organización, pero no es porque estoy pidiendo algo, sino pórque creo que el Estado ha sido estafado”, sostuvo.
El tribunal integrado por los jueces Juan Manuel Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla condenó a 12 personas por administración fraudulenta, pero rechazó la figura de asociación ilícita. Algunos eran exfuncionarios de Desarrollo Social, pero la mayoría empleados a los que no se les encontró la plata. De hecho, no se produndizó en la investigación de a donde fueron a parar concretamente alrededor de 1 millón de dólares desviados en dos años.
Planes sociales: porqué se dejó afuera la "asociación ilícita"
La decisión de los jueces de dejar afuera la tipificación de asociación ilícita se apoyó en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fijó límites claros para aplicar el artículo 210 del Código Penal.
La expectativa de los fiscales (Pablo Vignaroli, Juan Manuel Narváez y equipo) era lograr condenas por asociación ilícita, un delito de alto impacto institucional y político. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte es restrictiva , o al menso eso argumentaron los jueces.
En los precedentes “Compas” (1992) y “Cavalieri” (1995), el máximo tribunal estableció que no alcanza con la coautoría ni con un acuerdo circunstancial para cometer un delito. Para que exista asociación ilícita deben probarse tres requisitos esenciales: la participación de al menos tres personas; una organización estable y permanente y una finalidad delictiva común orientada a cometer delitos futuros e indeterminados. En este caso, el fin era financiar las campañas políticas, y como dijeron los jueces y fiscales, "la estructura del Movimiento Popular Neuquino".
Lo que se castiga no es un delito concreto ya consumado, sino el peligro que representa una estructura organizada con vocación de continuidad delictiva. Por eso, la Corte exige prueba “clara y contundente” y una interpretación restrictiva.
El juez Kees explicó que sin una estructura estable y con proyección hacia delitos futuros, no puede configurarse la asociación ilícita. En ese sentido, recordó criterios aplicados en la causa Vialidad, donde no prosperó esa figura respecto de Cristina Kirchner y Lázaro Báez, y diferenció el caso de Milagro Sala, donde sí se acreditó una organización permanente.
En la causa de los planes sociales, el tribunal entendió que los hechos probados encuadraban en administración fraudulenta, pero no alcanzaban el estándar exigido para demostrar una organización estable destinada a delinquir más allá de los hechos investigados.
El mensaje de Figueroa: "El Estado somo sujeto de derecho"
Figueroa tomó distancia institucional, pero definió cuál es su posición, como administrador de los fondos del Estado neuquino, porque si en principio se comprobó que el estado fue estafado, deberían haber penas más duras como una recomposición moral.
Dijo que utilizará al Estado “como un sujeto más de derecho” para apelar y buscar que se revise el encuadre jurídico.
“Creo que existió una asociación ilícita y quiero que sigan investigando”, insistió. Habló incluso que hay un “cambio de paradigma” social que pone el foco en el buen manejo de los recursos públicos.
El gobernador no quiere que la causa quede limitada a delitos individuales, sino que se explore la hipótesis de una organización. La asociación ilícita supone una estructura y un esquema sistemático, con mayor reproche penal y político.
El pedido del fiscal Gaitán lo resolverá el Tribunal Superior de Justicia, que si da vuelta el fallo, podrían ir por la cabeza de algfuinos jueces.
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