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Este lunes por la mañana el juez Cristian Piana dio lugar al pedido de prisión preventiva para Ricardo Soiza, ex director provincial de Planes Sociales, quien se encuentra imputado por el delito de liderar una asociación ilícita en concurso real con defraudación especial por uso de tarjeta de débito ajena y fraude a la administración pública en calidad de coautor.
Antes de que el magistrado dispusiera un cuarto intermedio de 40 minutos para tomar una decisión, Soiza sorprendió al pedir la palabra. No fue hacer una aclaración sobre su situación procesal o los cargos que pesan en su contra, sino para contar para qué era el dinero que la policía secuestró la semana pasada en Faraón, el resto bar de su propiedad, durante un allanamiento.
"Quería hacer una aclaración de un medio sobre los montos que fueron encontrados en mi negocio y en mi casa, solamente para que quede claro que era para el pago de sueldos y el aguinaldo del personal y la chacra la tengo hace 25 años", manifestó el exfuncionario.
Cabe destacar que el abogado que ejerce su defensa, Esteban Sampayo, ya había realizado esa aclaración cuando dio los argumentos para intentar que el pedido de prisión preventiva, por parte de la querella y la fiscalía, no tuviera lugar.
Durante la audiencia, Soiza le hizo numerosos comentarios al oído a su patrocinante. Algunos tuvieron lugar, precisamente, cuando el abogado exponía sus argumentos. En ese sentido, el ex funcionario del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo de Neuquén estuvo atento para hacer aclaraciones y precisiones sobre su patrimonio.
"Del local comercial se ha secuestrado la suma de 1.500.000 pesos que estaba destinada a la liquidación a los sueldos y aguinaldos de los diez empleados del lugar. Es una suma que ni siquiera alcanza para afrontar esa obligación. El señor me refiere que habían sido extraídos el día anterior del allanamiento", había dicho Sampayo, luego de una acotación que Soiza le hizo al oído.
"Se ha secuestrado de la casa del señor Soiza la suma de 2 mil dólares que la esposa estaba guardando celosamente en un cajón de su placard", agregó el abogado defensor.
"También se han secuestrado varios dispositivos electrónicos. De algunos ya se han suministrado las contraseñas y los que no, se encuentran a disposición de la fiscalía en el momento que lo requieran", sumó.
En medio del discurso que ofreció para pedir que el juez no dé lugar a la prisión preventiva, Sampayo hizo referencia a un arma calibre 32 que la policía secuestró en el allanamiento de la chacra de Soiza la semana pasada. "Está registrada a nombre del señor Soiza, es una herramienta de la chacra. En este momento está en poder de la fiscalía", se limitó a decir.
Luego de remarcar que "las medidas de coerción no corresponden" y pedir, en todo caso, la prisión domiciliaria de su defendido, Sampayo ofreció la restricción de acercamiento a testigos y la caución de la chacra del exfuncionario que fue allanada la semana pasada. La misma está valuada en 400 mil dólares.
Para la solicitud se escudó en los problemas de salud que aquejan al ex director de planes sociales, quien estuvo al borde de la muerte a fines del 2021.
"Que se entienda que esta persona en estos momentos está durmiendo en un colchón en el piso de una celda en una comisaría de Neuquén", enfatizó el letrado, antes repasar la historia clínica del imputado y remarcar que los hechos que investiga la fiscalía corresponden al período comprendido entre noviembre del 2021 y junio del 2022.
"El señor Soiza, en septiembre del 2021, venía con problemas de salud diversos. En octubre del 2021 debió ser internado en la clínica Cemic por astenia, adinamia, hiporexia y una pérdida significativa de peso, de 100 a 64 kilos. El 4 de noviembre del 2021 fue internado en terapia intensiva con coma inducido. Estuvo en ese estado hasta el 18 de noviembre del 2021", precisó y añadió que el cuadro se agravó "porque el señor es portador de HIV".
"Se esperaba que no saliera de la terapia intensiva. La familia refiere que los médicos decían que debían prepararse para lo peor", comentó, para luego relatar que finalmente la salud del exfuncionario mejoró y que fue dado de alta del mencionado centro de salud el 29 de noviembre del 2021.
"El alta definitiva se le extendió en mayo del 2022, aunque a su edad -de algo tan grave- no se recupera de alguna manera", dijo al sostener que su defendido no está en condiciones físicas de aguardar el juicio en una prisión común. "Es un hombre de 68 años que está cumpliendo 69 el día 5 de agosto. Es cierto que sería menor de 70 años, pero está muy cerca de cumplir los 70", dijo.