La iniciativa que busca que se declare la lesividad del contrato sería aprobada en la próxima sesión y cuenta con el visto bueno de la intendenta Malena Resa.
El largo conflicto por las fotomultas en Plottier sumó un nuevo capítulo. La Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante emitió por unanimidad despacho favorable a un proyecto de ordenanza que busca avanzar hacia el final definitivo del sistema implementado durante la gestión del exintendente Luis Bertolini y que desde hace meses genera cuestionamientos políticos, judiciales y administrativos.
La iniciativa será tratada este jueves en el recinto y, según explicó la concejala Fernanda Esquivel, presidenta de la Comisión de Hacienda, apunta a darle herramientas legales al Ejecutivo municipal para solicitar la declaración de lesividad de los actos administrativos que dieron origen al contrato con la empresa encargada de operar las fotomultas.
"Salió por unanimidad en la comisión y mañana se va a aprobar. Lo que estamos haciendo es pedirle al Ejecutivo municipal que avance con la instancia de lesividad para que sea la Justicia la que determine la nulidad de los actos que estuvieron mal desde el principio", explicó a LM Neuquén.
La discusión sobre las fotomultas atraviesa desde hace meses la agenda política de Plottier. Las críticas apuntan principalmente a la forma en que se implementó el sistema, sin intervención previa del Concejo Deliberante y en medio de cuestionamientos sobre la señalización vial y la instalación de los dispositivos.
Esquivel recordó que antes incluso de la presentación de este nuevo proyecto ya existían iniciativas impulsadas por el bloque de Comunidad para exigir el cese del sistema.
Sin embargo, explicó que el Concejo se encontró con una limitación jurídica: no puede anular directamente un contrato que el Municipio firmó con una empresa privada y que ya generó derechos adquiridos.
"Nosotros no podemos avasallar ni pasar por encima de otro poder. Eso fue lo que hizo Luis Bertolini cuando desde el Ejecutivo salteó al Concejo Deliberante para contratar las fotomultas", sostuvo.
La concejala señaló que justamente esa situación es la que obliga ahora a transitar un camino legal más complejo. "Hoy no podemos cesar directamente un acto que adquirió legalmente derechos, como es el contrato que tiene el Municipio con la empresa. Por eso necesitamos una instancia judicial", explicó.
El proyecto aprobado en comisión propone que la Municipalidad promueva una acción de lesividad, una herramienta jurídica mediante la cual el propio Estado reconoce que uno de sus actos administrativos pudo haber sido irregular o perjudicial para el interés público.
Según Esquivel, esa es la vía recomendada por los asesores legales para resolver definitivamente el conflicto.
"La lesividad es una instancia superior. Es cuando el Estado reconoce que realizó un acto con un tercero pero que terminó perjudicando a la comunidad", explicó.
Y agregó: "Significa que el propio Estado reconoce que hubo un mal procedimiento y será un juez quien determine si corresponde declarar la nulidad de esos actos".
La concejala sostuvo que los abogados que analizaron el caso consideran indispensable avanzar por esa vía porque permitiría establecer judicialmente que el proceso estuvo viciado desde su origen.
"Los abogados indican que la instancia de lesividad es indispensable para marcar que los actos estuvieron mal desde el principio", afirmó.
Uno de los aspectos centrales del proyecto es que una eventual declaración de nulidad abriría la puerta a una negociación entre el Municipio y la firma contratada.
Según explicó Esquivel, la intención no es desconocer completamente las inversiones realizadas por la empresa, sino determinar cuáles fueron efectivamente los gastos ejecutados.
"Eso le va a permitir a la intendenta Malena Resa y a la empresa sentarse y hacer un acuerdo", señaló la edil quien además indicó que podrían analizarse compensaciones vinculadas a inversiones concretas realizadas por la firma.
En ese sentido, la concejala dijo que la empresa "tendrá que determinar cuánto costaron las cuestiones administrativas y las cámaras que llegaron a instalarse.
"Las cámaras se colocaron cuando todavía había problemas con la regulación de los semáforos y con la señalización de las sendas peatonales. Hubo muchas situaciones que fueron cuestionadas", afirmó.
Otro de los puntos incluidos en el despacho aprobado por la Comisión de Hacienda tiene relación con las actas labradas durante los últimos meses. La ordenanza volverá a solicitarle al Juzgado de Faltas que revise las infracciones emitidas desde que comenzó la suspensión del sistema.
"Se vuelve a instar al juez de Faltas para que reconsidere todas las actas recibidas desde el período de suspensión hasta la actualidad", explicó Esquivel.
Según indicó, el magistrado tiene facultades para desestimarlas si considera que existieron errores en el procedimiento administrativo. "Todos esos actos pueden ser desestimados por error en el acto administrativo", señaló.
Respecto de las personas que recibieron multas pero aún no las abonaron, la concejala sostuvo que deberán realizar el descargo correspondiente.
"Tienen que presentar el descargo con la ordenanza de suspensión y con esta nueva ordenanza que se aprobaría mañana", indicó.
La situación es distinta para los conductores que ya abonaron las infracciones y los que recibieron multas antes de la suspensión y aún no las pagaron. Según explicó Esquivel, en esos casos será necesario esperar la resolución judicial que determine si los actos administrativos son declarados nulos.
"Las multas anteriores también están suspendidas, pero para todo lo anterior hay que esperar que la Justicia determine la nulidad de los actos", afirmó.
Recién a partir de esa resolución podría analizarse un eventual mecanismo de devolución para quienes pagaron. Uno de los datos que más destacan desde el Concejo Deliberante es que el proyecto logró respaldo unánime en la Comisión de Hacienda.
Además, Esquivel aseguró que la iniciativa viene siendo trabajada desde abril y que contó con el acompañamiento de distintos sectores políticos.
"Este proyecto está presentado desde el 24 de abril. Incluso Malena Resa fue parte de la iniciativa y en las reuniones posteriores manifestó su acuerdo", sostuvo.
Con el despacho favorable ya firmado, todo indica que el proyecto será aprobado en la próxima sesión y marcará un nuevo avance en el intento de desactivar definitivamente un sistema que desde su implementación generó controversias entre vecinos, dirigentes políticos y especialistas en derecho administrativo.
Aunque igualmente los infractores deberán esperar la determinación de la justicia para olvidarse del dolor de cabeza de las fotomultas.