La Policía endureció los controles en el predio de la calle Genco y Fogwill y ya no deja entrar ni leña ni comida, mientras se define cómo aplicar el desalojo.
Hubo una reunión urgente este miércoles en el Ministerio Público Fiscal por la toma del predio privado de Padre Genco y Fogwill en el oeste de la ciudad de Neuquén. Si bien hay una orden de desalojo que ya está "vencida" sigue la policía custodiando el predio de seis hectáreas, donde se va a desarrollar un complejo habitacional.
En los alrededores del predio, también llegó el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), el ala más dura de los efectivos, que se suman a la Montada y a los que están patrullando en las calles con escombros en el terreno privado.
En el predio se hablaba en principio de 200 familias, que no todas están a tiempo completo, sino instaladas en carpas. Pero para el gobierno provincial hay menos personas instaladas, que no llegarían a 80 instaladas.
Según pudo saber LM Neuquén, parte del sector de gobierno que actúa como mediador en el conflicto se reunió en Fiscalía con el denunciante privado —el desarrollador de la entidad intermedia que impulsa el proyecto de viviendas dúplex sobre esa misma calle— y también participó el Instituto Provincial de la Vivienda y Urbanismo (IPVU). Quien hizo la denuncia fue el desarrollador, en tierras de la entidad intermedia de Neuquén.
Es que la Fiscalía también quiere saber información puntual sobre la situación de cada una de las personas instaladas en el predio. Es si están o no inscriptas en el RUPROVI, el Registro Provincial de la Vivienda y el Hábitat de Neuquén. La orden de desalojo firmada por el fiscal Juan Manuel Narváez sigue vigente, pero todavía no se puede ejecutar.
Ese relevamiento del IPVU apunta a un dato que ya venía circulando y es que buena parte de quienes están en la toma no califica para el RUPROVI.
Según pudo reconstruir este medio, la explicación más frecuente no es la falta de años de residencia, sino algo más específico. Muchas de esas personas ya "vendieron tierras" en algún momento, es decir, accedieron a un lote a través del Estado y después lo vendieron o transfirieron, lo que las deja registradas en el sistema con una baja que las inhabilita para volver a anotarse.
Es, en los hechos, uno de los puntos que la fiscalía busca despejar antes de definir los próximos pasos del caso, más allá de que sea propiedad privada.
También aparece otro dilema y es cómo y cuándo se aplica la medida de desalojo en el predio, donde hay una orden de no dejar ingresar a personas con agua, comida y leña. Es decir, el objetivo es que "se caiga sola" la toma y evitar daños ulteriores con una medida policial. En otras palabras, no pagar un costo político.
Sin embargo, la historia dice en Neuquén que esta estrategia no es la mejor, si hay grupos y organizaciones sociales que ya le tomaron el tiempo al asunto.
A eso se suma un dato nuevo y es que en las últimas horas aparecieron otros actores en el conflicto, entre ellos referentes del MTD (Movimiento Techo Digno), una cooperativa que formó parte también de algunos movimientos de barrios como el Z1.
Todo indica que el desalojo es cuestión de tiempo, pero desde el gobierno evalúan cómo hacerlo con "el menor costo posible", conscientes de que se trata de un predio privado y de que un operativo mal manejado puede derivar en un conflicto mayor, con decenas de familias y menores instalados ahí.
Esa cautela convive con la presión del denunciante, que reclama poder avanzar con su proyecto de viviendas, y con el reclamo de los propios ocupantes, que insisten en que no tienen otro lugar adonde ir.