El gobierno provincial avanzará ahora con proyectos urbanísticos y módulos habitacionales para familias en situación de extrema vulnerabilidad.
El gobierno provincial concretó un operativo de desalojo en un sector de Ruca Antú, en la ciudad de Neuquén, sobre tierras pertenecientes al Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), luego de detectarse una presunta ocupación irregular vinculada al desarrollo de megainquilinatos.
La intervención se originó a partir de una denuncia penal presentada por el organismo provincial, respaldada por documentación catastral que acredita la titularidad de los lotes y en el marco del proceso de regularización que el IPVU lleva adelante en ese sector.
Desde el organismo señalaron que las personas involucradas toman propiedades con una clara intención de acumulación económica e inmobiliaria en tierras públicas. Ingresaron materiales de construcción e iniciaron movimientos de obra aprovechando que el terreno se encuentra en una zona descampada y actualmente atraviesa un proceso de ordenamiento y regularización.
La orden de desalojo fue emitida por la fiscal de Delitos Económicos, Rocío Rivero, y posteriormente convalidada por un juez. Luego la Comisaría 20 recibió instrucciones para ejecutar el procedimiento de manera inmediata y bajo los recaudos correspondientes.
La secretaria de Hábitat y Urbanismo, Ana Servidio, informó que “se llevó adelante el desalojo, ya recuperamos esos lotes. Ahora vamos a trabajar en proyectos urbanísticos para dar soluciones habitacionales a familias vulnerables”.
Además, precisó que el terreno recuperado será destinado “a la construcción de módulos habitacionales para viviendas de extrema vulnerabilidad”.
Remarcó que “el eje de la gestión es volver a ser autoridad en el sector y en forma rápida llevar redes de infraestructura, recuperar tierra para la ubicación de lotes sociales”. Asimismo, destacó que es la primera vez que se trabaja en un ordenamiento real. “Se trata de una política de orden para generar mejores condiciones de vida”, precisó. Y sostuvo que el objetivo es “planificar y ordenar el desarrollo urbano ofreciendo alternativas dignas para la vivienda social”.
El operativo contempló medidas preventivas y de asistencia, entre ellas la intervención de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes y del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano ante una eventual presencia de menores de edad. También participó una ambulancia para resguardar la integridad de todas las personas involucradas. Tras el desalojo, se dispuso que los materiales y pertenencias permanezcan a disposición para su retiro por parte del ocupante.
Se trata de una construcción de 7 metros de frente por 70 de largo levantada sin ningún título sobre un lote de la toma Ruca Antú.
El tema ya no es más la toma de tierras para viviendas familiares, sino de una organización que construye inquilinatos, de manera ilegal y sin ningún tipo de controles, además de las conexiones clandestinas a las líneas de CALF.
El caso enciende la luz sobre un problema que se arrastra desde hace años en la meseta neuquina. En Ruca Antu y los barrios que la rodean, como El Trébol I y II, Choconcito, San Antonio y Las Flores, viven unas 6.000 familias en construcciones irregulares sobre tierras que en muchos casos pertenecen al Estado provincial.
Pero lo que hay detrás no es solo precariedad habitacional. Fuentes vinculadas a la causa describen una red organizada de compraventa y alquiler clandestino de parcelas fiscales que opera con precio, intermediarios y documentación apócrifa.
Sobre esos terrenos no solo funcionan inquilinatos residenciales, sino que también hay corralones, empresas de distintos rubros y venta a "petroleras chicas" (son empresas de servicio de pequeña escala) que llevan años usando suelo del Estado como si fuera propio.