Rolando Figueroa envió el proyecto para declarar la emergencia penitenciaria

El gobernador Rolando Figueroa presentó un proyecto de ley en la Legislatura para declarar la emergencia en materia penitenciaria por un lapso de tres años.

La medida ya estaba siendo estudiada, pero los tiempos se debieron agilizar luego de que se conociera que cinco peligrosos delincuentes (entre ellos uno de los asesinos del agenciero Auer y el conocido ladrón Jimi Hendrix) se fugaran de la alcaidía de la Comisaría Tercera, de los que aún ninguno ha sido recapturado.

Los penales provinciales llevan 15 meses sin recibir internos por las condiciones de hacinamiento y en el último trimestre de 2023 se sumó el colapso de las alcaidías de las sedes policiales.

Cárcel de Senillosa

El proyecto de emergencia es prorrogable por un período de tiempo similar y faculta al Ejecutivo provincial a poder realizar operaciones de crédito público por hasta 50 millones de dólares y realizar las reestructuraciones presupuestarias necesarias para poder afrontar las demandas que requiera la emergencia.

De igual modo, el Estado también podrá realizar contrataciones directas para la adquisición y pago de bienes, servicios, obras de infraestructura e insumos para afrontar la situación actual en que se encuentra el sistema penitenciario.

Al respecto, instituye al Ministerio de Seguridad como autoridad de aplicación, organismo que deberá elevar en forma cuatrimestral un informe a la Legislatura provincial en el cual se detallen las acciones ejecutadas a la fecha.

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Sebastian Fariña Petersen

En ese sentido, advierte en sus fundamentos que en la actualidad el número de internos excede ampliamente la capacidad instalada, que solo puede albergar a cerca de 443 personas privadas de la libertad.

La iniciativa sostiene que esta cifra no se corresponde con la realidad que presenta la provincia, con un total de 540 internos condenados alojados en las unidades de la capital y 90 alojados en las comisarías del área capital, de los cuales 63 se corresponden con internos procesados y los otros 27 en calidad de condenados.

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Respecto a las obras, asegura que la declaración de emergencia abarca la construcción de módulos de alojamiento, talleres, escuelas y áreas de seguridad completas, así como también un plan integral de ampliación penitenciaria.

No solo cuestiones edilicias

La iniciativa que ingresó a la Legislatura neuquina no sólo responde a las urgencias edilicias, sino también a los aspectos organizativos, funcionales, operativos, preventivos, asistenciales, de personal y de servicios en los establecimientos carcelarios y dependencias destinadas al alojamiento, custodia y guarda de personas encausadas, procesadas o condenadas por los órganos judiciales.

Propone, además, optimizar y capacitar los recursos humanos disponibles en el Cuerpo Penitenciario de la Policía del Neuquén, así como también el fortalecimiento de todas las medidas de seguridad.

Las cárceles por las que pasó Alcides Domínguez fueron la de U32 de Zapala, la cárcel federal U9, la U11 de Parque Industrial y finalmente la U12 del barrio San Lorenzo.

Desde el Gobierno provincial indicaron que "la atención a la crisis penitenciaria en la Provincia es solo una faceta visible de un plan de seguridad integral que necesitamos implementar de manera urgente. Es vital que todas las personas cuenten con instituciones de seguridad sólidas, capaces de brindar protección y tranquilidad a la ciudadanía, expuso el Ejecutivo en sus argumentos".

Agregaron además que "las fugas y los comportamientos inaceptables por parte de los internos representan un peligro constante para la comunidad. En lugar de ser espacios seguros para los ciudadanos, las comisarías se han convertido en lugares de refugio para los internos, desviándose de su verdadero propósito como garantes de la seguridad pública, sumado a que las mismas no están diseñadas para el alojamiento permanente de personas privadas de la libertad".

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