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La Mañana cárcel

Casi un año con las cárceles neuquinas cerradas y superpobladas

No hubo mayores avances y solo hay ingresos de nuevos presos cuando se produce una vacante. Será una deuda para que intente resolver el próximo gobierno.

En días arranca el penúltimo mes del año, noviembre, y se cumple un año desde que las cárceles neuquinas, capital e interior, congelaron los ingresos por la situación de hacinamiento y las paupérrimas condiciones edilicias. Combo que conllevó la quita de espacios para talleres y dictado de clases como así también la vulneración de derechos establecidos en tratados internacionales.

La única novedad que surge, es que se están dibujando las cifras para que la situación no parezca peor de lo que está y se pueda ingresar nuevos internos ni bien se libera una vacante.

La actual gestión nunca dio una respuesta seria y de fondo a la problemática, esquivó las preguntas y generó alternativas descabelladas que fracasaron. Ahora, transitan sus últimos 50 días y poco importa lo que hagan porque será un problema que herede el gobierno entrante.

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El colapso anunciado

En 2017 el gobierno provincial firmó un canje para recibir los terrenos de la cárcel federal U9, ubicada en el centro de la ciudad, y a cambio entregó el penal de Senillosa y tenía que construir viviendas para el servicio penitenciario federal cosa que incumplió.

Lo cierto es que provincia entregó un penal de 600 plazas sin tener un plan B para los viejos penales neuquinos a los que durante 20 años no les agregó ni un ladrillo.

La ecuación fue simple y este medio la anunció desde el minuto que se entregó Senillosa: colapsó el sistema penitenciario neuquino.

La jueza de Ejecución Raquel Gass dialogó y dio plazos al gobierno para que solucionara la situación a lo largo de estos años, pero en noviembre de 2022 dijo basta.

Fue así que dictó, se va a cumplir un año, el cierre de los penales de la capital neuquina luego de que la Defensa Pública probara las terribles condiciones edilicias y el hacinamiento por sobrepoblación.

Ante el congelamiento dictado por Gass, la jueza de ejecución del interior, Alicia Rodríguez, selló las cárceles del resto de la provincia. Ambas magistradas están amparadas y respetan los tratados internacionales de Derechos Humanos.

Se les brindó plazos al gobierno que incumplió y la secretaria de Seguridad, Marianina Domíguez, junto a otros funcionarios de su cartera han sido citados a audiencias bajo apercibimiento de ser buscados por la fuerza pública.

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Alternativas descabelladas

Apremiado por la justicia, el gobierno ofreció en diciembre de 2022 un proyecto para construir tres pabellones. Uno en la U11, otro en Cutral Co y el tercero en Zapala.

Cada uno de esos pabellones son para 25 internos, es decir 75 nuevas plazas prometían, pero recién el primer pabellón, el de Neuquén, estaría listo para 2026.

La inversión en ese entonces rondaba los 5 mil millones de pesos, hoy, en un país que galopa en inflación la cifra no baja de los 15 mil millones.

Además, la propuesta de las 75 plazas, de acá que las construyan el sistema seguirá colapsado porque lo no será una respuesta al problema de fondo sino una suerte de paliativo.

Cuando quedó en evidencia que la propuesta no era una respuesta a la actual situación, anunciaron que estaban negociando con el Gobierno Nacional para ocupar uno de los pabellones, 84 plazas, de la cárcel federal de Senillosa.

El absurdo en su máxima expresión. Entregaron una cárcel y ahora pretenden alquilar y refaccionar un pabellón para tener oxígeno lo que a fines del año pasado ronda los 60 millones de pesos, hoy hay que triplicar la cifra. Ineptitud total.

Cuando la Justicia Federal se enteró de estos manejos a sus espaldas, todo devino en caos para los funcionarios de seguridad de Neuquén que no han hecho más que improvisar.

Por no preguntar antes, se terminaron encontrando con la realidad del complejo penitenciario de Senillosa que tiene un habeas corpus vigente por lo que no puede ingresar ni un alma porque no está garantizada ni la educación ni la salud.

De hecho, en materia Salud la Justicia Federal intimó a la ministra Andrea Peve para que provincia atienda a los presos federales y hasta la impusieron astreintes, una multa, por incumplimiento.

Pero la novela no termina acá. En la búsqueda de soluciones, bastante creativas por no decir absurdas, provincia anunció, a mediados de mayo pasado, la exportación de presos a San Luis.

En resumidas cuentas, para reducir la sobrepoblación penitenciaria pretendían pagarle a San Luis por enviarle personas privadas de la libertad sin contemplar que sacarlos de la provincia es inconstitucional.

Todo es grotesco, absurdo y nefasto.

Cárceles hacinamiento

Se dibuja la cifra de la cantidad de presos

Los últimos informes oficiales sobre detenidos en cárceles y alcaidías siguen confirmando que hay sobrepoblación. Los números están un poco acomodados, situación que quedó expuesta este año en distintas audiencias públicas, pero todavía impiden que las magistradas a cargo de la ejecución de pena levanten la veda sobre los penales.

Los números datan de mediados de este mes y dan cuenta que hay 578 personas privadas de la libertad en Neuquén de las cuales 531 están en unidades de detención y el resto en alcaidías.

Además, el informe marca que la cantidad de plazas en las cárceles es de 499 plazas y en la actualidad hay 531 internos. Es decir, están sobrepobladas y vulnerando derechos.

Los restantes 47 detenidos, están en alcaidías que no es el mejor lugar para que esté una persona condenada por su peligrosidad ya que no son lugares con la seguridad suficiente para contenerlos.

De hecho, la mayor cantidad de fugas en los dos últimos añso han sido de alcaidías.

En diálogo con distintos funcionarios judiciales con los que revisamos los guarismos, aseguraron que se están dibujando las cifras y que serían superiores. El dibujo tienen la finalidad de habilitar el ingreso de algunos detenidos nuevos.

Pero por ahora, todo continuará así, al menos hasta que la actual gestión deje el gobierno y asuma el nuevo equipo que estará condicionado como para dar una respuesta inmediata al hacinamiento carcelario.

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