Se postergó la audiencia para resolver si va preso en su casa y lo dejan trabajar en una oficina paralela, más la inhibición de bienes de los empresarios.
La jueza de garantías Carina Álvarez postergó para este jueves a las 9.30 la audiencia en la que deberá resolver las medidas cautelares pendientes como la prisión domiciliaria en la causa del intendente de Plottier, Luis Bertolini. Se está definiendo un horario por la mañana.
La sobrecargada agenda del juzgado impidió avanzar este miércoles, tras una extensa jornada del martes que se extendió por más de cinco horas y media, donde como era de preveer, la defensa del intendente esdtiró lo más que pudo los planteos para evitar la formulación de cargos. Bertolini fue acusado del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
La principal decisión que aguarda resolución es el pedido de la del caso, fiscal Rocío Rivero, de imponer la prisión domiciliaria al intendente Bertolini como medida de coerción.
El objetivo es impedir que regrese a la Municipalidad de Plottier, donde hay testigos que manifestaron sentirse amenazados ante una eventual vuelta del funcionario a sus funciones.
El abogado defensor de Bertolini, José Pino Muñoz, presentó una medida subsidiaria: que su cliente pueda retomar actividades laborales en una oficina ubicada a más de diez cuadras de la Municipalidad de Plottier, en el barrio Caminos del Sol, donde actualmente funciona la el sector de Ambiente, de modo de no interferir con las restricciones dispuestas.
En la misma línea, Gladys Ramírez, subsecretaria de Hacienda, solicitó una medida similar que le permita continuar en la función pública. Es decir, trabajar en el mismo lugar que Bertolini.
Ramírez cuenta con un certificado médico vigente hasta el 22 de mayo. Vale recordar que Ramírez no fue alcanzada por una prisión domiciliaria como restricción, ya que vive en Cipolletti.
Por otro lado, la jueza también deberá resolver un pedido de la fiscalía de división de bienes vinculado a los empresarios Pedro Vílchez y su socio Mauricio López. Por ahora la justcia autorizó los embargos de las cuentas de los dos, por 4600 millones de pesos, una cifra que no alcanzaría a cubir ese dinero. El embargo es por tres meses.
Lo que habría hecho Bertolini es usar su cargo para direccionar sistemáticamente contratos municipales (se analizaron 160) hacia Vilchez, sabiendo que era socio de López, hijo de la subsecretaria de Hacienda Gladys Ramírez.
Luego de la formulación de cargos, la jueza tomó nota de los DNI y domiciliios de los impuitados y el fiscal Pablo Vignaroli preguntó por el domicilio de unos de los empresarios de 22 años de edad. "Vivo en un octavo piso en Palermo", dijo. Y Vignaroli parece haber anotado ese dato.
La jueza tiene que definir si autprioza la inhibición genral de bienes una medida mucho más restructiva. La defensa se opone, porque directamente sería el certificado de defiunción de la actividad económica.
a maniobra que describe la Fiscalía de Delitos Económicos involucra 160 contratos adjudicados a empresas vinculadas a Vilchez —Valco y Altus SA— por un total de $2.309.989.093, sin licitación pública, sin concurso de precios y sin actas de recepción trazables. Es decir, se ordenanban las compras, por resolución, pero los expedientes estaban incompletos.
El propio Bertolini habría dado directivas concretas al área de Compras para que Vilchez fuera invitado a cotizar sistemáticamente y también se deslizó, según el testimonio de empleados, que se pedían comisiones entre el 1,8% y 2,1% para mantener a ese consorcio de empresas facturando en la Municipalidad de Plottier.
La audiencia se fijó para las 9.30 de este jueves.