Contundente definición de la fiscal del caso sobre Luis Bertolini: "Esto es corrupción"
La fiscal Rocío Rivero argumentó el pedido de prisión domiciliaria que la jueza analizará este miércoles. ¿Le imputan un delito menor?
La fiscal que acusó a Luis Bertolini, Rocío Rivero.
La fiscal de Delitos Económicos, Rocío Rivero, despejó cualquier duda sobre cómo entiende la causa que tiene al intendente de Plottier Luis Bertolini sentado en el banquillo, y que este miércoles podría terminar con una prisión domiciliaria, si así lo decide la jueza Carina Álvarez.
“Es una causa de corrupción, claramente”, dijo lacónicamente la fiscal a LM Neuquén.
La definición viene porque se había deslizado que la Fiscalía le había quitado al expediente el cargo de administración fraudulenta —el delito que en su momento funcionó como artillería pesada para condenar a los exfuncionarios en la causa de los planes sociales—, y eso generó la lectura de que el Ministerio Público había levantado el pie del acelerador.
Sin embargo, Rivero salió a cerrarle el paso a esa interpretación, y habló sobre el delito de negociaciones incompatibles con la función pública y subrayó que son también actos de corrupción.
La fiscal se enfocó en un dato que la Fiscalía considera central y es que Bertolini sigue siendo intendente y en ejercicio. Y eso, para el equipo acusador, no es un detalle al pasar, sino el núcleo del riesgo de entorpecimiento que justifica pedir su arresto domiciliario.
Desde Fiscalía vienen centrando su trabajo, dijo Rivero, en funcionarios en actividad (no en ex funcionarios una vez que terminan sus mandatos como sucede a nivel nacional como en el caso de Cristina Kirchner o Julio De Vido), y esa premisa explica por qué la medida cautelar no puede esperar.
Por qué piden la domiciliaria: cuatro ejes
Rivero fundamentó el pedido de detención domiciliaria en cuatro argumentos concretos, todos apuntando al mismo riesgo y es que Bertolini, desde su cargo, obstaculice la investigación.
El primero es el miedo de los testigos. Varios empleados municipales declararon expresamente que temen perder el trabajo si aportan elementos que ayuden a probar la maniobra.
Rivero dejó sobreentendido lo que no hacía falta aclarar: quien tiene la facultad de echarlos es Bertolini. Y desde su casa, sin ejercer el cargo, esa facultad desaparecería.
Para reforzar este punto, la fiscal invocó la llamada “doctrina Irurzun”, el criterio que usó la Cámara Federal de Casación Penal para encarcelar a exfuncionarios del kirchnerismo por su “poder residual” aun después de dejar el cargo. Aquí, el razonamiento es inverso porque mientras siga siendo intendente, ese poder no es residual sino pleno.
El segundo eje fue la dificultad —en muchos casos la imposibilidad— de acceder a información que debería ser pública. “Tuvimos que hacer gran cantidad de allanamientos; encontramos serios obstáculos para dar con la documentación”, dijo Rivero.
El ejemplo más gráfico lo puso ella misma: la subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez, se llevó cajas con expedientes a su casa, que aparecieron recién un día después del primer allanamiento.
Como tercer bloque, la fiscal señaló que todavía no aparecen los registros de las transferencias bancarias. Y en cuarto lugar, mencionó la manipulación y destrucción parcial de algunos expedientes.
Pero quizás el dato más explosivo de la audiencia fue uno con fecha y monto: el 26 de marzo pasado, cuando Bertolini y Ramírez ya sabían que estaban siendo investigados formalmente, le transfirieron a Vilchez 80 millones de pesos.
Embargo millonario y la domiciliaria para Ramírez
En la misma audiencia, Rivero expuso las medidas solicitadas sobre los cuatro imputados. Respecto de los embargos, aclaró que se trata de una medida “muy clara” que procede ante la falta de información suficiente sobre los bienes de los acusados, pero también a partir de los bienes ya registrados.
La fiscal precisó que los bienes conocidos no alcanzan para cubrir el valor de la multa que podría aplicarse en caso de condena: el monto calculado asciende a $2.309.980.096,81.
En cuanto a las medidas de coerción, la fiscalía evaluó distintas alternativas antes de llegar a la domiciliaria para Bertolini. Se descartó la prohibición de acercamiento al municipio porque el intendente vive dentro del ejido de Plottier y tiene empleados de carrera que llevan años en la administración más allá de los cambios de gestión.
Eso, según Rivero, haría ineficaz cualquier barrera. La influencia del intendente sobre el personal municipal podría sostenerse igual. Por eso, la única medida que la fiscalía considera idónea es la detención domiciliaria.
El domicilio fue relevado el 9 de abril de 2026 por personal policial, oportunidad en que se entrevistaron con su conviviente, quien aceptó ejercer la asistencia requerida por el régimen.
Para Ramírez, en cambio, la fiscalía estimó que la prohibición de acercamiento al municipio sí resulta suficiente: no vive en Plottier, sino a más de 25 kilómetros. La fiscalía verificó su domicilio —no lo tenía antes de la audiencia anterior, lo aportaron en esa instancia— y tomó en cuenta además que Ramírez tiene a su cargo un menor de edad.
La jueza dispuso un cuarto intermedio hasta el mediodía de este miércoles para comunicar su decisión "a conciencia".
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