Se pinchó todo con Luis Bertolini y su acusación: insólito pedido para apartar al fiscal Pablo Vignaroli

Había más policías de lo habitual en los pasillos de la Sala 12 de Ciudad Judicial de Neuquén. El rumor corría solo y era que Luis Bertolini iba a salir esposado. El intendente de Plottier ingresó con su grupo de confianza, la jueza de garantías Carina Álvarez estaba lista y el fiscal Pablo Vignaroli tenía preparado un extenso argumento.

Todo parecía encarrilado hasta que alguien miró hacia la silla de Fiscalía de Estado y se dio cuenta de que estaba vacía. Ahí empezó el circo que terminó con un pedido de apartamiento de Vignaroli por parte de la defensa del intendente y que tendrá que resolver después del cuarto intermedio, hasta este martes a las 8.30. Se dilata la formulación de cargos. Ya se había suspendido la primera vez porque Bertolini no sentía bien. Tenía dolor de estómago y presentó un certificado médico.

Antes de que todo se descarrilara, Vignaroli y la fiscal del caso Rocío Rivero alcanzaron a exponer el núcleo de la acusación. El delito imputado es negociación incompatible con la función pública. Bertolini y la subsecretaria de Hacienda Gladys Ramírez como coautores; el hijo de esta, Mauricio López, y el empresario Pedro Vilches como partícipes necesarios.

SFP Bertolini intendente de Plottier Audiencia Judicial (11)

Sin pruebas, la defensa cuestionó la objetividad del fical Pablo Vignaroli. Dijo que interfiere con declaraciones mediáticas en momentos clave de la vida institucional de Plottier.

Sebastián Fariña Petersen

La maniobra que describe la Fiscalía de Delitos Económicos involucra 160 contratos adjudicados a empresas vinculadas a Vilches —Valco y Altus SA— por un total de $2.309.989.093, sin licitación pública, sin concurso de precios y sin actas de recepción trazables. Es decir, se ordenanban las compras, por resolución, pero los expedientes estaban incompletos.

Luis Bertolini: el fiscal dijo que se pagaban "comisiones" por sobreprecios

El propio Bertolini habría dado directivas concretas al área de Compras para que Vilches fuera invitado a cotizar sistemáticamente y también se deslizó, según el testimonio de empleados, que se pedían comisiones entre el 1,8% y 2,1% para mantener a ese consorcio de empresas facturando en la Municipalidad de Plottier.

El motivo, según la fiscalía es que Vilches es socio de Mauricio López, hijo de Ramírez, y esa relación era de conocimiento del intendente, que sacaban pagos a fuerza de telefonazos, y no por los procedimientos electrónicos. Algo que puede hacer eco en otros municipios, ya que la empresa actuaba como un megaproveedor, desde un papel higiénico, un aire acondicionado, botellas de agua y servicio de pintado de sendas peatonales. ¿Suena conocido?

Durante la causa se secuestraron 20 dispositivos electrónicos, se identificaron 92 transferencias a Vilches por $1.500 millones y en el domicilio de Bertolini se encontró una tarjeta de agradecimiento a las empresas de Vilches.

La silla vacía y el apoderado que llegó sin leer nada

La defensa no desaprovechó el flanco. El abogado Javier Pino Muñoz planteó la nulidad de la audiencia: el artículo 136 de la Constitución provincial que obliga a Fiscalía de Estado a intervenir en todo proceso donde estén comprometidos fondos públicos. “Es una manda constitucional que hay que cumplir”, argumentó, y citó jurisprudencia en respaldo en casos de Neuquén, como por ejemplo la causa de los planes sociales.

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Luis Bertolini mira fijamente al fiscal Pablo Vignaroli. Sus abogados Javier Pino Muñox y Maximilaino Gómez deslizaron que se busca un linchamiento judicial con la causa.

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La jueza pidió un cuarto intermedio. Y fue entonces cuando apareció Gustavo Kohon, apoderado de Fiscalía de Estado, con el legajo sin leer y cierto apuro en el paso. “Me lo traje de los pelos”, bromeó Vignaroli ante la prensa.

Kohon se puso en autos en quince minutos, se constituyó como querellante (por sugerencia de Carina Álvarez) y se sentó ante el escritorio con el cartel de la querella dado vuelta. No exactamente una imagen de solidez institucional, algo que fue remarcado por el defensor de Luis Bertolini.

El intento de sacar a Vignaroli de la causa

El segundo planteo fue más ambicioso y cargado políticamente. Pino Muñoz pidió la inconstitucionalidad del artículo 24 de la Ley 2893, que establece que un fiscal jefe solo puede ser apartado por el fiscal general mediante trámite administrativo. La defensa lo considera inconstitucional y exige que Vignaroli quede fuera del caso. Igual, más allá de la autonomía del Ministerio Público Fiscal, hay otra demanda más amplia (que no es para resolver en una sola audiencia) y es cómo se controlan en estos casos a los fiscales, para que todo no quede en un círculo cerrado.

Ya hubo pedido administrativo presentado por el abogado de Bertolini, que lo resolvió el pasado 2 de marzo el fiscal general José Gerez. Directamente negó el apartamiento, como era esperable.

El abogado desplegó una acusación más amplia contra el fiscal y dijo que interviene mediáticamente en momentos institucionales clave para Plottier con el objetivo de generar lo que llamó un “derrocamiento público”.

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Luis Bertolini ingresando a la Sala 12 de audiencias. Muchos policías había abajo y se rumoreaba con su detención.

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“En los diarios se dice una cosa y acá otra, para generar una condena anticipatoria”, afirmó Pino Muñoz, y recordó que la defensa ya había recusado a Vignaroli en una instancia anterior, recusación que fue resuelta por el fiscal general Gerez.

Sistema de condena anticipada: "Estamos en democracia"

Para la defensa, el patrón se repite porque dice que hay notas periodísticas de impacto en medios en momentos políticamente sensibles para el municipio, con una narrativa que —según el abogado— erosiona el principio de inocencia antes de cualquier condena.

“¿Dónde está el límite si los fiscales están todo el tiempo informando en las causas? Tiene que haber un límite ético para que no haya una condena anticipatoria. Además, la interferencia del fiscal en momentos políticos genera una presión”, sostuvo.

Y remató con una frase que sintetizó la postura de la defensa: “El arquitecto Bertolini necesita un juicio objetivo que Vignaroli no le garantiza”.

La fiscalía no respondió a esos planteos en la audiencia y el fiscal se mostró un tanto molesto por lo que consideró una estategia dilatoria de la defensa dele intendente, ya viene desde hace dos semanas con idas y venidas sin la formulación de cargos.

Sin embargo, Vignaroli se tomó un momento para responder puntualmente y sostuvo que informar sobre las causas judiciales en los medios de comunicación, consolida el sistema democrático.

Vignaroli y Rivero mantuvieron su posición y es que la investigación habla por sí sola, con 160 contratos cuestionados, 20 dispositivos secuestrados y más de 2.300 millones de pesos en el centro de la escena.

La jueza Álvarez tiene tiempo hasta este martes a las 8.30 para resolver el planteo. Si los rechaza, la audiencia retoma y con ella la posible medida de coerción: la fiscalía pedirá detención domiciliaria por riesgo de entorpecimiento de la investigación. Y ahí si tal vez se pueda ver la foto del intendente esposado.