Agonía para Luis Bertolini: le formularon cargos, pero no definen si estará preso en su casa
Tras cinco horas, la jueza dijo que tomará "a conciencia" el pedido de la defensa de montar una oficina paralela para cumplir la medida.
La suerte del intendente de Plottier, Luis Bertolini, ya está echada: finalmente le formularon cargos este martes por negociaciones imcompatibles con la función pública, pero es larga la agonía judicial. Aún no se resuelve una medida de coerción, que implica si va preso en su casa.
La audiencia de este martes se extendió por más de cinco horas, y la jueza de Garantías Carina Álvarez dispuso un cuarto intermedio y anunció que resolverá la medida de coerción "a conciencia" antes del mediodía del miércoles.
La fiscalía de Delitos Económicos, a cargo del fiscal jefe Pablo Vignaroli (estuvo conectado por Zoom) junto a la fiscal del caso Rocío Rivero, acusó a Bertolini por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, en carácter de coautor, junto a la subsecretaria de Hacienda municipal, Gladys Ramírez. La jueza Álvarez convalidó los cargos.
Los empresarios Mauricio López —hijo de Ramírez— y Pedro Vilchez fueron imputados como partícipes necesarios.
La fiscalía solicitó 6 meses de prisión domiciliaria como medida de coerción, argumentando riesgo de entorpecimiento de la investigación. Según la teoría, hay empleados municipales y funcionarios que "tiene miedo" por sus fuentes laborales si Bertolini vuelve a la intendencia físicamente en la Municipalidad de Plottier.
Es una medida que encastra justo, con el pedido de juicio político que entró este martes al Concejo Deliberante, por parte de Gastón Sol, un vecino quien además fue candidato a intendente por el partido Unión de los Neuquinos (UNE).
Según la fiscal Rivero, los imputados podrían influir sobre los trámites administrativos y presionar a testigos que son empleados municipales. Es por eso que pidió la prisión domicilairia del intendente que la jueza resolverá este miércoles después del mediodía.
Opción alternativa: oficina paralela a 10 kilómetros de Plottier
La defensa, encabezada por el abogado Javier Pino Muñoz, presentó una medida subsidiaria que la jueza tomará en cuenta antes de resolver.
Bertolini pidió cumplir el eventual arresto en el barrio Camino Sol, a unos 10 kilómetros de la Municipalidad, y que se le permita montar una oficina paralela para seguir ejerciendo sus funciones como intendente, ya que aún continúa en el cargo.
Allí Bertolini quiere cumplir su "prision domiciliaria", lejos de la Municipalidad, pero con la idea de seguir en funciones. Es que hasta ahora sigue siendo intendente, pese a la presión que hay de un sector político del partido Comunidad, que le viene pidiendo el cargo. Todo indica que si prospera el juicio político, quedaría en funciones Malena Resa.
El nudo del problema es justamente ese y es si una eventual aplicación de medidas restrictivas (no poder ir a la Municipalidad) podría derivar en un escenario de complejo desde lo institucional, especialmente si se activa la posibilidad de suspensión del intendente según lo que establece la Carta Orgánica municipal.
El intendente, que eligió no hablar tras la audiencia del martes, ante una consulta de LM Neuquén. Dijo que esperará a la resolución del miércoles. Días atrás había rechazado la medida y la calificó como “persecución política”, asegurando que el municipio colaboró desde el inicio con la investigación.
Inhibición de bienes de Bertolini y los empresarios
Al tiempo que se epera la resolución sobre la prisión domiciliaria espera hasta el mediodía del miércoles, la jueza de Álvarez ya tomó una decisión concreta sobre el patrimonio de los imputados:.
Dispuso la inhibición general de bienes y el embargo de todas las cuentas bancarias de Vílchez y de López, los dos empresarios involucrados en la causa.
Según la teoría del caso de la fiscalía, a través de 160 contratos se favoreció a Vílchez y sus empresas con pagos que suman más de 2.309 millones de pesos. La medida patrimonial dispuesta por la magistrada apunta a resguardar casi el doble de ese monto: el embargo alcanza los 4.600 millones de pesos y tendrá una vigencia de 3 meses.
El detalle es llamativo porque según se ventiló en la audiencia, los bienes registrados de los imputados no alcanzarían para cubrir ese monto.
En el caso de Luis Bertolini, AFIP registra en su nombre un auto 0 kilómetro y un Fiat 147 modelo 1997, lo que expone la brecha entre el patrimonio declarado y las cifras que maneja la causa.
Rivero detalló que Vílchez realizó transferencias a López por 57 millones de pesos desde la misma cuenta en que recibía los pagos municipales, y que López utilizó durante más de un año una extensión de la tarjeta de crédito de Vílchez.
La medida patrimonial dispuesta por la magistrada apunta a resguardar casi el doble de ese monto: el embargo alcanza los 4.000 millones de pesos y tendrá una vigencia de 3 meses.
En el caso de Gladys Ramírez, la situación tes distinta. La subsecretaria de Hacienda también quedó alcanzada por restricciones, incluida la prohibición de acercarse a la Municipalidad. Sin embargo, su caso presenta particularidades: se encuentra con licencia para cuidar a su hijo hasta fines de mayo y reside en Cipolletti, lo que físicamente ya la mantenía alejada del edificio comunal.
El tiempo de la Justicia y el tiempo de la política
La causa judicial también tiene el costado politio del juicio que se podría tratar en el Concejo Deliberante.
La confluencia de ambos procesos —el judicial y el político— dibuja un escenario en el que los planetas se alinea para el mal de Bertolini. Si la jueza ordena la prisión domiciliaria y los concejales avanzan con el juicio político, Bertolini podría quedar fuera del ejercicio efectivo del cargo antes de que cualquiera de los dos procesos llegue a su etapa final.
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