La Oficina de Intervención en Violencia Laboral lo calificó como un agente de “alto riesgo”. Le aplicaron la tolerancia cero.
La purga de indisciplinados y ñoquis no se detiene en la administración pública provincial neuquina, desde que asumió el gobernador Rolando Figueroa. Los despidos son muchos. Pero el que se concretó, este miércoles, sale de lo común, ya que esta vez la tolerancia cero alcanzó a un agente que -según consta en documentación oficial- agravió y hasta amenazó de muerte a quienes eran sus compañeros y compañeras de trabajo.
La sanción de cesantía recayó sobre el ahora exagente Carlos Roberto Cides, quien era planta permanente del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura. Los auditores reunieron una serie de pruebas suficientes para establecer que, con su accionar, transgredió los deberes establecidos tanto en el Convenio Colectivo de Trabajo como en el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén.
Según pudo saberse al respecto, el 9 de abril de 2025 le iniciaron un sumario administrativo para establecer si había incurrido en hechos de violencia laboral, continuados y sistemáticos, no sólo contra sus pares, sino también contra sus superiores jerárquicos.
Los auditores dieron por acreditado que eso efectivamente ocurrió en las oficinas de la dirección provincial de ENCINE (ente cinematográfico) y Políticas Culturales, desde el primero de julio de 2024 y hasta el 9 de abril de 2025. También le endilgaron incumplimiento habitual y sistemático de tareas y funciones encomendadas por los superiores jerárquicos del área en la que se desempeñaba.
Como medida preventiva le aplicaron la suspensión sin goce de haberes, mientras avanzaba el sumario. Cides impugnó judicialmente esa medida, pidió su reincorporación al cargo y la devolución de los haberes retenidos durante la suspensión preventiva. Pero el Juzgado Procesal Administrativo N.º 1 rechazó las pretensiones del ahora exagente, ya que el caso afectaba al interés público.
Con los distintos elementos probatorios a su disposición, la Junta de Disciplina sugirió la cesantía y fundó su decisión en la concurrencia de múltiples circunstancias agravantes; entre ellas, la extensión y continuidad en el tiempo de las conductas violentas, la multiplicidad de personas afectadas, la gravedad intrínseca de las amenazas de muerte proferidas, y principalmente la actitud refractaria del agente que, al no reconocer sus conductas ni demostrar disposición alguna a modificarlas, hace inviable la eficacia de una medida correctiva y torna necesaria la separación definitiva del agente para preservar la integridad de los trabajadores y el funcionamiento del servicio. En la documentación oficial consta que, de la prueba producida en el sumario, se acreditaron los siguientes hechos.
La prueba testimonial resultó contundente: seis testigos presenciales declararon de manera coherente y concordante haber presenciado directamente las conductas violentas e intimidatorias del agente; de hecho, varios de ellos fueron víctimas directas de las amenazas. El equipo profesional especializado de la Oficina de Intervención en Violencia Laboral -integrado por profesionales de psiquiatría, psicología, trabajo social, derecho y recursos humanos- calificó al agente como de “alto riesgo” y advirtió sobre su actitud refractaria, sin reflexión ni reconocimiento de sus conductas, y con autovalidación de las expresiones hostiles hacia su entorno laboral.